Alaya también asume la denuncia contra UGT por el caso de las facturas

El decanato relaciona este asunto con otras investigaciones de la magistrada

Alaya con el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero.
Alaya con el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero. julian rojas

Otro caso más para la magistrada Mercedes Alaya, que ya lleva sobre sus espaldas la instrucción de asuntos tan complejos como los ERE fraudulentos, las irregularidades en Mercasevilla o el supuesto perjuicio económico provocado por Manuel Ruiz de Lopera al Betis. El decanato de Sevilla ha comunicado este miércoles que la denuncia contra el sindicato UGT por las presuntas irregularidades en el empleo de subvenciones de la Junta serán asumidas por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, es decir, el de Alaya.

El Juzgado de Instrucción 9 ya había abierto diligencias previas por una denuncia de la organización Manos Limpias contra dirigentes de UGT. Pero el decanato ordena ahora que esas diligencias pasen a Alaya.

Francisco Guerrero, juez decano de Sevilla, ha argumentado esta decisión en un comunicado de prensa en el que se señala que el traslado del caso de UGT al juzgado de Alaya está motivado al existir "un conocimiento de estos hechos por previa investigación judicial".

Esta juez ha acusado en varias ocasiones a UGT y CC OO de no tener unas cuentas claras por su relación con los ERE fraudulentos y la tramitación de expedientes financiados por la Junta de Andalucía. En junio, la magistrada afirmó que estas dos organizaciones se financiaron irregularmente. "Los sindicatos además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma [en referencia a las comisiones que recibían por los ERE en los que participaban] de financiación irregular", apuntó entonces Alaya, quien aseguró que tres sociedades mediadoras de los ERE pagaron más de 7,6 millones a UGT y CC OO en los expedientes en los que participaron.

Alaya decidió abrir una pieza separada sobre el papel de ambas organizaciones al aparecer "nuevas líneas de investigación distintas a las llevadas a cabo" hasta ahora. La magistrada tomó esta decisión a mediados de este mes de septiembre, cuando ya habían aparecido varias informaciones en El Mundo sobre las supuestas irregularidades en la gestión que ha realizado UGT de las subvenciones recibidas del Gobierno andaluz.

Tras las informaciones publicadas, que apuntaban a un uso presuntamente indebido de los fondos que ha recibido este sindicato, UGT anunció que abría una investigación interna. El resultado de esas pesquisas se difundirá en unos días, según fuentes oficiales de la central, que no han querido rebatir las últimas acusaciones publicadas. El sindicato, que el pasado fin de semana negó que se haya producido una "estafa", ha reservado 115.000 euros para devolver el dinero que se haya podido emplear mal. UGT sí ha admitido que se ha podido cometer "errores" en la facturación de servicios con cargo a programas de formación subvencionados con fondos de la Unión Europea y de la Junta.

Por su parte, varias consejerías del Gobierno andaluz están revisando las facturas que ha presentado en los últimos años este sindicato en busca de irregularidades. Estas prácticas también habrían afectado a fondos que provenían del Ejecutivo central.

Sobre la firma

Periodista especializado en información sobre cambio climático, medio ambiente y energía. Ha cubierto las negociaciones climáticas más importantes de los últimos años. Antes trabajó en la redacción de Andalucía de EL PAÍS y ejerció como corresponsal en Córdoba. Ha colaborado en otros medios como la Cadena Ser y 20 minutos.

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