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El PSC enmienda la ley para que no ampare la consulta

CiU, ERC e ICV mantienen, con matices, el redactado

Ferran Pedret.
Ferran Pedret.

Los socialistas catalanes siguen navegando entre dos aguas en el proceso soberanista y se han vuelto a desmarcar otra vez de CiU, Esquerra e Iniciativa-Verds. Esta vez a cuenta de la ley de consultas que tramita el Parlament y que el PSC considera que no es el marco legal apropiado para que los ciudadanos se pronuncien sobre el futuro político de Cataluña.

El partido de Pere Navarro ha presentado una batería de enmiendas a la proposición de ley de consultas populares no refrendarias porque entiende que, tal y como está redactada, no puede amparar una consulta soberanista. “La ley no sirve para eso y si se emplea para hacer la consulta no aguantará ni un asalto en el Tribunal Constitucional”, asegura el diputado del PSC Ferran Pedret.

El PSC argumenta que la ley altera las competencias de la Generalitat en esta material así como el “orden constitucional” que ya quedó definido en la sentencia del Estatut de 2010 y en la consulta del plan Ibarretxe de 2008.

La ley no sirve para eso y si se emplea para hacer la consulta no aguantará ni un asalto en el Tribunal Constitucional”

Así, los socialistas se oponen a que el objeto de la ley ampare actuaciones políticas “de trascendencia especial” y creen que las consultas deben tener su cobijo en los “mecanismos previstos en la Constiución, el Estatut y las leyes”. Otra enmienda socialista limita las personas con derecho voto y propone que cuando se convoque la consulta se determine el segmento de población afectado, de manera que nunca sea la totalidad del cuerpo electoral, que la ley define como catalanes mayores de 16 años, de los estados de la Union Europea o inscritos en el padrón municipal.

El redactado que ha salido de la ponencia prevé que en la consulta haya una o más preguntas formuladas de forma clara y sucinta y, de manera excepcional, se admite que pueda haber diferentes propuestas para elegir una. El PSC quiere que se prohiba expresamente “preguntas hipotéticas o sugestivas” e insiste en que en ningún momento el objeto de las consultas puede ir “contra las facultades que la Constitución y el Estatut confieren a la Generalitat y los entes locales”.

Una enmienda de Ciutadans coincide bastante con la del PSC y determina de manera clara que “en ningún caso” la ley faculta a la Generalitat a hacer consultas “sobre materias contrarias al ordenamiento jurídico, sobre competencias estatales o sobre materias reservadas a leyes orgánicas”.

Las enmiendas de CiU, ERC e ICV no afectan a ese articulado que el PSC pretende enmedar. Así, el artículo 6 de la ley en trámite determina que la consulta no tiene carácter vinculante, aunque el 16 precisa que una vez conocido el resultado de la consulta, el ógano que la ha convocado (Gobierno de la Generalitat o un municipio) tiene dos meses de plazo para pronunciarse “si procede” sobre su incidencia en la actuación pública. CiU e ICV suprimen en sus enmiendas el condicional para reforzar el efectos de la consulta.

CiU, además, dice en otra enmienda que la ausencia del carácter vincilante afecta solo al plano jurídico. También propone, igual que ERC, que tres quintas partes del Parlament puedan instar al presidente de la Generalitat a convocar una consulta. El PP, por su parte, reclama que “en ningún caso”, la consulta pueda tener carácter vinculante.