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Un comisario con amigos en el burdel

Luis Gómez justifica en su “relación humana” los “favores” de un empresario

Imagen de los acusados en el juicio del 'caso Riviera y Saratoga'.
Imagen de los acusados en el juicio del 'caso Riviera y Saratoga'.

¿Qué hay de malo en que un policía que organiza redadas en burdeles se haga amigo del amo de uno de esos locales? Esa pregunta es la que parecen hacerse los mandos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que están declarando en el macrojuicio por corrupción en torno a los burdeles Riviera y Saratoga, en Castelldefels. Ayer fue el turno del uniformado de mayor rango entre todos los acusados, el comisario Luis Gómez, ex jefe de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal (UCRIF). Gómez admitió haber mantenido “una relación muy humana” con Antonio Herrero, dueño del Riviera, y justificó en esa amistad los “favores” —sobornos, según el fiscal— que le hizo a él y a su familia.

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo pide 17 años de cárcel para el excomisario por ofrecer, presuntamente, su protección al Saratoga a cambio de dádivas. Gómez explicó que conoció a Herrero a raíz de su detención en una redada, en 2003. El dueño del local se ofreció, añadió, a colaborar con la policía para facilitar datos sobre prostitución de menores. Esa circunstancia, dijo, les acercó. Y, con el tiempo, surgió entre ellos una relación de amistad que les llevó a compartir almuerzos, cenas familiares y confidencias íntimas.

Si Herrero le explicó que padecía de ansiedad y claustrofobia, Gómez le confesó que su hijo era adicto a la cocaína. El amo del Riviera le recomendó que acudiera a su psiquiatra. Ambos viajaron junto con el hijo del comisario a la primera visita, en Córdoba. Costó 120 euros, que desembolsó Herrero. El mando policial afirmó ayer que hasta “ahora” —o sea, con el juicio— no ha sabido quién hizo el pago.

El empresario dio trabajo al hijo de Gómez en una de sus empresas y posteriormente colocó a otra de sus hijas

Los presuntos favores no acabaron ahí. El empresario dio trabajo al hijo de Gómez en una de sus empresas y posteriormente colocó a otra de sus hijas como administrativa. El fiscal considera que, a cambio, él y otros mandos alertaban al club con antelación sobre las redadas que iban a efectuar para que los propietarios pudieran retirar a las mujeres en situación irregular o a las menores de edad. El comisario, en cambió, negó haber influido en las contrataciones de sus vástagos. El hijo, explicó, fue quien tomó personalmente la iniciativa de presentarse ante Herrero. Y la hija, añadió, envió su currículum y superó, como una más, las entrevistas con los responsables de recursos humanos.

La fiscalía considera que la trama de presunta corrupción policial —hay una veintena de acusados entre policías, abogados y empresarios— también regaló un reloj a la esposa de Gómez y que los dueños del Saratoga sufragaron un viaje de fin de semana en un hotel de Bilbao. Gómez negó cualquier relación con los dueños de ese club y afirmó que pensaba que los gastos corrían a una persona que estaba “agradecida” con él y con el inspector Andrés Otero —también acusado— por haberle recomendado a un médico.

En 2005, Gómez fue apartado de la unidad contra la inmigración irregular, por lo que no disponía de datos sobre las posibles redadas en el Riviera y Saratoga, dijo. El comisario también trató de desacreditar al testigo clave del caso, el confidente policial Manuel Gutiérrez Carbajo. Poco antes de destapar la trama, siempre según Gómez, Carbajo le explicó que se había enemistado con el inspector Otero y con los dueños del Saratoga.