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El juez suspende la declaración de dos altos cargos sanitarios imputados

La sala que estudia la querella penal por la privatización dice que le falta documentación

La Comunidad reconoce que aún no ha enviado la información requerida

No habrá foto de los dos altos cargos de la Consejería de Sanidad madrileña entrando a declarar al juzgado en calidad de imputados. Al menos, de momento. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha suspendido el interrogatorio de la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, y del director general de Hospitales, Antonio Burgueño, que estaban llamados a acudir al juzgado con su abogado en el marco de la querella por presuntas irregularidades cometidas en la primera fase de la privatización hospitalaria en Madrid. La querella, presentada por la asociación de médicos Afem, se admitió a trámite a finales de junio y supuso la imputación asimismo de dos exconsejeros de Sanidad, Juan José Güemes y Manuel Lamela.

Con la declaración de Flores, prevista para este viernes 13, empezaba la sucesión de comparecencias que había pedido el juez Sexmero. En el marco de la querella, que entre otras cosas atribuye supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, hay nueve imputados (dos exconsejeros, dos altos cargos y cinco responsables de las empresas que supuestamente se beneficiaron de sus decisiones políticas). Burgueño tenía que declarar el día 18. El juez asegura que toma la decisión “no constando en autos toda la documentación requerida por auto de 20 de junio pasado”, según detalla en su escrito de fecha 30 de agosto, notificado el 3 de septiembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS. La Consejería de Sanidad reconoce que aún no ha mandado al juez la información que le solicitó. “Esta semana” se acabará de mandar la documentación, asegura una portavoz.

El auto suspende también las declaraciones de un testigo, citado el día 12, y de tres responsables de las empresas concesionarias de los primeros hospitales de gestión enteramente privada que se construyeron en Madrid en época de la presidenta Esperanza Aguirre (y de la Fundación Jiménez Díaz, centro privado concertado con la sanidad pública). El responsable de la Fundación Jiménez Díaz (propiedad de IDCSalud), Juan Antonio Álvaro de la Parra, debía declarar el día 20; presidente o consejero delegado de Capio Sanidad (ahora, IDCSalud) estaba citado el día 23 y el responsable de Ribera Salud debía comparecer el 27 de septiembre. A todos ellos se refiere el juez explícitamente como “imputados”. La Comunidad de Madrid intentó, cuando se conoció la imputación, que los medios de comunicación no se refiriesen a ellos con ese término, sino como “querellados”.

El fiscal, contra el juez

El titular del juzgado número 4 asegura en su auto que toma la decisión “a la vista de la solicitud” formulada por la letrada de la Comunidad de Madrid para suspender los interrogatorios y después de haber recibido cinco informes del Ministerio Fiscal en pleno mes de agosto. En estos informes el fiscal, Salvador Ortolá, se adhiere a los recursos presentados por los imputados, en los que estos solicitan que se cierren las diligencias. El fiscal, asimismo, carga contra el juez instructor, al que prácticamente acusa “de formar una causa general”. “Prohibida en nuestro ordenamiento”, añade en uno de los escritos. Considera, por ejemplo, que la asociación querellante no ha acreditado ser ofendida o perjudicada por los hechos y que los hechos delictivos no se explicitan ni se atribuyen a personas concretas. El fiscal cree que las diligencias que ha ordenado el juez – una extensa lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa que según los querellantes demostraría los delitos-- tienen “carácter prospectivo” y parecen encaminadas “a la búsqueda de algún descuadre”.

El fiscal se adhiere al recurso del exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, al de la aseguradora Asisa y al de Unilabs. Güemes fue noticia en enero pasado cuando se conoció que asesoraba a Unilabs, empresa que en el mes de noviembre había comprado el 55% de la UTE que hace los análisis clínicos de seis hospitales públicos madrileños (los mismos cuya gestión el Gobierno regional quiere privatizar ahora). El exconsejero estaba en el Ejecutivo cuando se adjudicó esa concesión administrativa, que supuso la privatización de los laboratorios que atienden a 1,2 millones de habitantes.

Los abogados de la Comunidad de Madrid han presentado recursos de apelación contra el auto de 20 de junio en el que el juez instructor admitía a trámite la querella e imputaba a la cúpula sanitaria que ordenó las primeras privatizaciones en la sanidad madrileña, las de los hospitales Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Torrejón de Ardoz. También el de Collado Villalba, que lleva ocho meses terminado, pero está cerrado por problemas presupuestarios, según la Comunidad de Madrid, que paga 900.000 euros al mes por su mantenimiento a la empresa constructora y gestora, IDCSalud (antes Capio). Las apelaciones irán a la Audiencia Provincial.

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