La Fiscalía pide investigar al Ayuntamiento de Benicàssim
El Ayuntamiento será investigado por un supuesto caso de prevaricación administrativa El caso está relacionado con la disolución de la Sociedad de Desarrollo Turístico de la localidad
La Fiscalía de Castellón ha pedido al juzgado de Instrucción número 2 de la capital de La Plana que investigue a la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, y a su equipo de gobierno por un supuesto caso de prevaricación administrativa.
Según la Fiscalía, tras la presentación en abril de una denuncia, se han hallado indicios de una posible irregularidad en la disolución de la Sociedad de Desarrollo Turístico de Benicàssim (DTB), después de lo cual se ha remitido el caso a un juzgado castellonense.Durante el pasado mes de mayo declararon todos los ediles populares y la alcaldesa, además ...
La Fiscalía de Castellón ha pedido al juzgado de Instrucción número 2 de la capital de La Plana que investigue a la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, y a su equipo de gobierno por un supuesto caso de prevaricación administrativa.
Según la Fiscalía, tras la presentación en abril de una denuncia, se han hallado indicios de una posible irregularidad en la disolución de la Sociedad de Desarrollo Turístico de Benicàssim (DTB), después de lo cual se ha remitido el caso a un juzgado castellonense.Durante el pasado mes de mayo declararon todos los ediles populares y la alcaldesa, además de técnicos y personal del Ayuntamiento, como parte de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía.
La denuncia fue presentada el pasado mes de abril por el edil del Bloc en Benicàssim, Domingo Ferrando, quien consideró que la disolución de la entidad pública se habría aceptado "de forma gratuita", por parte del equipo de gobierno del PP. Las acciones de la DTB fueron aprobadas, afirmaba Ferrando, pese al informe desfavorable de la interventora, ya que la sociedad tenía un saldo negativo de unos 130.000 euros. El edil consideraba que en la disolución se habrían producido delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y actividades prohibidas a funcionarios.