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Gobierno busca inquilinos

El parón inmobiliario obliga al Consell a replantear la venta de activos

Vista del edificio de La Cigüeña, sede de las Consejerías de Agricultura y Bienestar Social, puesto a la venta.
Vista del edificio de La Cigüeña, sede de las Consejerías de Agricultura y Bienestar Social, puesto a la venta.

El parón del mercado inmobiliario ha obligado a la Generalitat a reconsiderar su política de venta de inmuebles. El Consell intenta desde hace más de dos años obtener 400 millones de euros de ingresos con la venta de patrimonio. Sin embargo, el exceso de oferta de inmuebles comerciales procedente de los bancos —al que se añade la decisión del Gobierno central de vender 15.000 inmuebles en todo el Estado— ha hecho que la Generalitat no haya recibido ofertas solventes por la mayoría de los activos puestos a la venta.

Ante esta situación, la Consejería de Hacienda ha optado por buscar inquilinos para los inmuebles que quedan vacíos por el traslado de personal y mobiliario al complejo administrativo 9 d’Octubre de Valencia, ubicado en el recinto de la antigua cárcel modelo de hombres. Se trata de obtener liquidez y reducir gastos, por un lado, y de hacer los edificios y locales más atractivos para fondos de inversión, interesados en inmuebles con inquilinos.

Para ello, el Consell optó meses atrás por modificar la ley de Patrimonio de la Generalitat, para ampliar el plazo de duración de los arrendamientos de 10 a 30 años y permitir la adjudicación directa en casos de necesidad. También ha solicitado al Ayuntamiento de Valencia la recalificación de uso de algunos de los inmuebles más emblemáticos puestos a la venta para permitir la actividad comercial o residencial y facilitar la venta.

En el caso de la Consejería de Economía, ubicada en la calle de Colón de Valencia, el Consell ha optado intentar el arrendamiento, bien de todo el edificio por un importe anual de 992.000 euros más IVA, bien de planta baja y primer piso (pensando en la ubicación de un establecimiento de moda) por 814.000 euros anuales más IVA, por un lado, y de la planta segunda a la sexta (para oficinas o apartamentos) por un monto de 178.000 euros.

En el caso de las consejerías de Agricultura y Bienestar Social, instaladas hasta ahora en la antigua maternidad de La Cigüeña, el Gobierno valenciano ha contactado con varias cadenas hoteleras y operadores de residencias para ofrecerles el inmueble, aunque no ha llegado por ahora a ningún trato.

Los locales de los servicios territoriales de la Consejería de Bienestar Social, también ubicados en la calle de Colón, se han ofertado como idóneos para albergar una escuela de negocios. Estos no han sido los únicos contactos para buscar nuevos inquilinos a los inmuebles del Consell. La representación de la Generalitat en Madrid, un antiguo caserón ubicado en la calle de Españoleto, ha sido ofrecido a distintas embajadas para que instalen allí su legación diplomática. Sin embargo, de todas las operaciones inmobiliarias, la única que ya se ha cerrado es la del arrendamiento de la antigua sede de la Consejería de Infraestructuras, ubicada en la avenida de Blasco Ibáñez, a la Agencia Tributaria. Un edificio por el que la Generalitat cobrará un millón de euros anuales más IVA.

Mientras el Consell intenta alquilar sus inmuebles ante la imposibilidad de venderlos, el Ejecutivo que preside Alberto Fabra ha optado por rescindir arrendamientos.

Según los datos de la propia Consejería de Hacienda, a finales de este año se habrán eliminado alquileres y reducido gastos en mantenimiento de inmuebles por un importe superior a los 6,5 millones de euros desde que se inició el plan para racionalizar las oficinas públicas. De ese ahorro, 2,2 millones corresponderán a este mismo año.

Entre los montantes reducidos están los del edificio que ubicaba la antigua Consejería de Medio Ambiente en la calle de Martínez Cubells, que supuso un ahorro de 887.000 euros. También el abandono de la antigua Consejería de Gobernación, situada junto a las Cortes Valencianas, también ha permitido liquidar un contrato de alquiler de 521.000 euros.

No son las únicas instalaciones a las que se ha renunciado en favor del nuevo complejo administrativo 9 d’Octubre de Valencia. El Consell también ha decidido dejar el alquiler del céntrico edificio que ocupaba el Consell Jurídic Consultiu, por el que se pagaban 164.000 euros, para trasladarlo al palacio de Santa Bárbara que albergó la extinta Consejería de Solidaridad. Los desalojos también incluyen las oficinas de los servicios territoriales de la Consejería de Sanidad en la gran vía de Ferran el Catòlic, que costaban 123.500 euros y las oficinas que albergaban el Instituto de la Mujer, por las que se pagaban otros 12.500 euros.

La práctica totalidad de los departamentos del Consell han reordenado sus alquileres. Así, la Consejería de Hacienda ha renunciado a los locales donde estaba instalada la Intervención general y la Central de Contratación, lo que supondrá reducir el gasto anual en 169.000 euros.

También la Consejería de Agricultura ha abandonado un inmueble alquilado en la calle Polo y Bernabé por el que pagaba al año 121.000 euros. Y la librería de la Generalitat, Llig, ubicada en la calle de las Avellanas de Valencia por cuyo bajo se abonan 46.000 euros al año también se trasladará, igual que se hizo el año pasado con el Instituto Cartográfico, cuyas instalaciones costaban 94.500 euros. En total se abandonaron el año pasado alquileres por un importe cercano al 1,5 millones de euros.

De esta cantidad, los mayores recortes en arrendamientos se registraron en los departamentos de Turismo (628.000 euros), Educación (407.000 euros), Infraestructuras (250.000 euros) y Economía (113.500 euros).

La decisión de la Administración valenciana de desprenderse de un buen número de inmuebles, sin embargo, también ha tenido otro efecto: la presión a la baja sobre los precios, lo que permite vaticinar que la digestión inmobiliaria todavía será larga.

Las claves de la política inmobiliaria de la Generalitat

J.F.

Concentración.La mayor rescisión de alquileres, por número y por monto económico, se realiza fundamentalmente en la ciudad de Valencia, donde se concentra el grueso de la Administración autonómica. La clave para reordenar la política de inmuebles es el complejo administrativo 9 d’Octubre, donde se trasladarán antes de final de año un total de 4.500 empleados públicos, se centralizará la contratación de suministros y se unificarán servicios de limpieza, seguridad, etcétera.

Liquidez. La pretensión de los tres últimos consejeros de Hacienda del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, José Manuel Vela y Juan Carlos Moragues, respectivamente, ha sido obtener ingresos atípicos con la venta de un buen número de inmuebles propiedad de la Generalitat. Unos ingresos que se cifran, desde más de cuatro años, en cerca de 400 millones de euros. El desplome del mercado ha impedido cerrar las ventas, aunque los hipotéticos ingresos han servido para equilibrar la cuenta de gastos en más de un presupuesto autonómico.

Saturación. El exceso de oferta existente en el mercado inmobiliario, también en el segmento de oficinas y locales comerciales, dificulta desde hace años la venta, incluidos los ubicados en calles comerciales. A la gran cantidad de inmuebles acumulados por el Sareb (el banco malo) se ha añadido la decisión del Gobierno y otras Administraciones locales de sacar a la venta oficinas y locales.

Compradores. El Consell, ante la dificultad para vender los activos inmobiliarios, ha optado por rentabilizarlos a través de contratos de alquiler. Ello permite hacer los inmuebles más atractivos para fondos de inversión interesados en obtener rentabilidad a largo plazo. El primer gran contrato ha sido con la Agencia Tributaria.