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EL SECTOR VINCULADO A LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Al Gobierno vasco le sobran empresas públicas

El Ejecutivo prepara un plan de choque contra el “gasto improductivo” y para la mejora de la gestión

El Hospital Donostia, incluido en la red de Osakidetza.
El Hospital Donostia, incluido en la red de Osakidetza.

El Gobierno vasco ha puesto sobre la mesa de todos los partidos políticos un plan para “clarificar” el mapa de sociedades públicas que dependen de la administración autonómica. El objetivo que persigue es “reducir el gasto improductivo” y “mejorar la gestión” de las 198 sociedades, entes, fundaciones, consorcios y empresas que integran el sector público empresarial.

Esta operación está recogida en el informe Redimensionamiento del sector público institucional, que el lehendakari, Iñigo Urkullu, trasladó a finales de mayo a los representantes de todos los grupos parlamentarios. Lleva el sello de “documento de trabajo”, y es solo un esquema por ahora, pero apunta a una profunda reestructuración del andamiaje societario de la administración vasca. El intenso proceso de descentralización de la administración pública iniciado a finales de los 80 dio lugar a la creación de una estructura organizativa de “grandes dimensiones” y una “elevada complejidad”, según un estudio realizado por la UPV. Se buscaba agilidad en la gestión, añade el informe, pero con el paso de los años ha producido “falta de coordinación”, “mayores costes” y “más dificultades” en las tareas de control y seguimiento sobre la actuación de estas entidades.

El propio Gobierno vasco asume que el entramado de empresas públicas adolece de “escasa transparencia”, “falta de flexibilidad en las plantillas” y “excesivo presupuesto con relación al valor aportado”. Ante esta situación, el Ejecutivo plantea la “necesidad de redimensionar y repensar la actividad” del sector público empresarial y “racionalizar la administración pública”.

En la actualidad, en el País Vasco existen 79 entidades dependientes del Gobierno. Son 60 sociedades y entes públicos cuyo capital es 100% del Ejecutivo, entre los que figuran el Instituto Vasco de Finanzas, Euskotren, el Ente Vasco de la Energía, Sprilur, Osakidetza, EiTB, los industrialdeas, la Agencia Vasca del Agua, la Orquesta de Euskadi o el Instituto Etxepare; además de 10 organismos autónomos, ocho fundaciones (Azti, el Museo del Ferrocarril o Musikene) y un consorcio.

La solución pasa por “reestructuraciones” y dejar “proyectos consolidados”

Las más numerosas son las que tiene como finalidad la “promoción económica” (27 entidades), seguidas de las vinculadas a la energía, los medios de comunicación o los transportes. De todas ellas, el Servicio Vasco de Salud es el que aglutina el mayor gasto y la cifra más elevada de trabajadores. A estas hay que sumar alrededor de 60 “entidades (no estrictamente públicas) participadas directamente por la administración general”: Hobetuz, Ikerbasque, Labein, Elkargi, Oinarri, el BEC o el Zinemaldia, y otras tantas participadas “indirectamente a través de sociedades y entes públicos”: Metro Bilbao, Bahía de Bizkaia, Gurelesa o la Fundación del Guggenheim.

Así, hasta un total de 198 entidades —en algunos documentos oficiales son 199— que llegan a consumir alrededor del 35% del presupuesto general de la Administración autonómica. Aproximadamente, el 75% presenta una plantilla de menos de 50 trabajadores y un presupuesto inferior a los 25 millones de euros. Se da el caso de la sociedad anónima Euskotren Participación, que tiene un solo empleado. La gran mayoría subsiste de los recursos económicos del Gobierno, dado que las cifras de negocio que manejan son modestas en muchos casos.

El abogado y exparlamentario Javier Olaverri lo denomina como “una administración paralela” formada por “falsas empresas” que buscan “escapar del control público”. “Una empresa que no tiene ingresos no es una empresa, sino una delegación de la administración pública camuflada como empresa”, opina. Con esta situación de partida, el Gobierno expone en su borrador la necesidad de “evitar acciones dispersas” con una “redimensionamiento y priorización del gasto” que permita “responder a la demanda social” y alcanzar un “ahorro presupuestario”. El objetivo es eliminar los gastos innecesarios de estas entidades y “liberar recursos para potenciar la economía productiva”. Para ello, se marcan unos criterios de aplicación, como “potenciar las reestructuraciones que produzcan ahorros de costes y de presupuesto, y “retirarse progresivamente de proyectos ya consolidados que la iniciativa privada puede continuar”.

También se aboga por “evitar las participaciones paritarias” (al 50%) porque dan “problemas de control” y prescindir de las “participaciones cruzadas de varios agentes de nuestro sector público”. Los expertos consideran que es necesario “profesionalizar” las estructuras de estas entidades para que no se conviertan, como sucede en muchos casos en la actualidad, en “oficinas de colocación” de cargos políticos. “Si hay voluntad política, existe mucho margen para aumentar la eficiencia”, advierte un profesor de la UPV.