Un catedrático de Teleco de Vigo imputado por presunto fraude

El fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra presentó ayer una querella contra un catedrático de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo y un empresario de Pontevedra como principales imputados en un presunto fraude de subvenciones de fondos europeos y de la Xunta.

La investigación se inició hace varios meses tras una denuncia anónima de antiguos socios de la compañía Taelpo especializada en desarrollo de proyectos de innovación y tecnología. Después de que el fiscal interrogara a varios testigos y solicitara numerosos expedientes a la Xunta, Augusto Santaló acordó imputar a 5 personas, 4 de ellas de la empresa y al profesor.

Luis Anido, Catedrático de la Facultad de Telecomunicaciones de Vigo, fue presuntamente el encargado de seleccionar el personal cualificado para desarrollar los proyectos que solicitaba el empresario José Miguel Estévez, responsable de la firma del grupo pontevedrés, a través de fondos europeos Feder subvencionados en un 20 por ciento por la Xunta.

La Fiscalía sospecha que en las subvenciones para el desarrollo de proyectos solicitados en 2010 y 2011 se alteraron los datos para la obtención de subvenciones. Así, por ejemplo, figuran, según la querella, personal no cualificado para realizar las investigaciones en el campo de la ingeniería y tecnología.

El montante del fraude no se ha concretado todavía porque se constataron devoluciones a la Xunta de partidas presupuestarias ya contratadas en los últimos meses. Incluso pudiera darse el caso de que la fiscalía no reclamase ninguna cantidad económica al haberse reintegrado el dinero de las subvenciones, lo cual sería un atenuante del delito de fraude supuestamente cometido, según indicaron fuentes de la investigación.

En el fraude en la captación de ayudas de I+D+i también están implicados tres empleados de la compañía que supuestamente también participaron en los proyectos. Los cinco imputados tendrán que pasar ahora por el juzgado que instruirá el caso para prestar declaración.

Después el juez tendrá que determinar si hubo fraude en la financiación pública de proyectos y el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados ante los indicios del Ministerio Público que analizó cientos de expedientes requeridos a la Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación.