Los abogados del Estado dicen sentirse “atacados” por las defensas del ‘caso Rilco’

El tribunal acepta incluir siete años después el informe de Hacienda que dio origen a la investigación

Acusado en el 'caso Rilco', durante el juicio que se celebra en Cádiz.
Acusado en el 'caso Rilco', durante el juicio que se celebra en Cádiz.Román Ríos (EFE)

El juicio por el caso Rilco, que investiga la presunta malversación de dinero de la Zona Franca de Cádiz para montar un portal de comercio electrónico con América, ha recibido a uno de los protagonistas involuntarios del caso, el abogado del Estado, Manuel Ponce. Junto a su compañero, José Aurelio Ruiz, que se sienta en la acusación, ha sido objeto de críticas constantes por parte de las defensas de los acusados y de dirigentes del PP que les atribuyen a ambos la falta de lealtad para detectar las irregularidades que se están juzgando. Ponce y Ruiz intercambiaron un interrogatorio plagado de documentos para contrarrestar la versión de los que les cuestionan. “Tenemos que defendernos porque estamos siendo atacados”, sostuvo Ruiz durante el juicio.

A quienes se juzga es a los dos ex delegados de la Zona Franca durante la anterior etapa del PP, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, y sus supuestos colaboradores a la hora de adjudicar a una empresa de Miami un millonario contrato para un portal informático que, según la acusación que ejercen Fiscalía, PSOE y Abogacía del Estado, nunca funcionó ni generó ingresos, sino que sirvió para desviar dinero público. Lo que enfurece a las defensas es que los abogados del Estado estaban contratados para asesorar a los ex delegados pero han terminado querellándose contra ellos y ejerciendo de acusación.

La declaración de Manuel Ponce se centró en defenderse de los continuos cuestionamientos de las defensas de Castro y Osuna, que querían hacer ver que los abogados del Estado siempre tuvieron conocimiento de los contratos firmados y les dieron el visto bueno. “Nuestra función es atender a las dudas jurídicas que surjan. Asesoramos. No fiscalizamos. Nuestra misión no es detectar delitos”, aclaró Ponce para justificar su actuación. Preguntado sobre Rodríguez de Castro dijo que el ex delegado no había atendido algunos de sus consejos y tampoco le consultó la redacción del contrato que se adjudicó a Miami.

El abogado del Estado atribuyó a Osuna el incumplimiento de su función como garante del dinero público y la legalidad. “Conoció que se habían firmado contratos millonarios y los continuó. Dio por bueno algo que no era bueno”, resumió. También le recriminó no haberle solicitado información y no haberle llamado a todas las reuniones de la sociedad Rilco. José Aurelio Ruiz pretendió que la sala aceptara nueva documentación para acreditar su versión, lo que generó el reproche de los abogados de los acusados. “Tenemos que defendernos porque nos están atacando”, respondió Ruiz. Finalmente esta documentación no fue aceptada.

Ponce confirmó, al igual que el martes reveló el exdelegado socialista José de Mier, que su querella está basada en el informe del Ministerio de Hacienda, publicado este jueves en EL PAÍS, que, en 2005, alertó de que Rilco no generaba ingresos y sus creadores pretendían amortizarlos en 20 años para ocultar las pérdidas que generaba. A pesar de ser el origen de la investigación, ese documento no estaba incluido en la causa. Un extremo que cambió en esta última sesión del juicio. El presidente de la sala, Manuel Grosso, decidió admitirlo tras conocer su difusión mediática y las continuas referencias que las partes estaban haciendo de él. El informe también cuestiona las dietas cobradas por los abogados del Estado por asistir a reuniones de la Zona Franca. Ponce aclaró durante el juicio que, tras conocerse ese documento, cambiaron las formas de pago en coordinación con la Intervención General del Estado.

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