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Ascenso y caída de una firma “tóxica”

Ocasa, la empresa a la que Feijóo culpa del parón en la obra del hospital de Vigo, está denunciada por estafa y recibió una multa de 5,5 millones de Competencia

Obras paradas en el nuevo hospital de Vigo.
Obras paradas en el nuevo hospital de Vigo.

La quinta mayor empresa de Ourense es una constructora familiar que se expandió por Rusia y que, a diferencia de firmas similares, no externalizó sino que llegó a dar empleo directo a más de 200 trabajadores. Es Obras, Caminos y Asfaltos, SA (Ocasa), que tras solicitar en diciembre preconcurso de acreedores está en suspensión de pagos. Sería una más de las muchas víctimas de la crisis de no ser por el oscuro pasado acumulado en su ascenso y por cómo se produce ahora su caída. Tres bancos la han denunciado por estafa y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le atribuye el parón del nuevo hospital de Vigo. “Esa suspension de pagos está intoxicando el financiamiento de la obra”, sentenció.

Ocasa, la empresa que “intoxica” una de las mayores infraestructuras de Galicia pese a que participa en ella con apenas un 10%, está presidida por José Rodríguez Álvarez y controlada accionarialmente por sus hijos Roberto, Marcos y Belén Rodríguez Ogando. Se creó en 1996, al tiempo que Rodríguez Álvarez se deshacía de una empresa anterior, Obras, Tendidos y Caminos, SA (Oteca), que dejó deudas con numerosos proveedores.

Sobre la base de Oteca, pero sin responder a sus acreedores, Ocasa se convirtió en una década en un referente en Ourense. Ahora ha comenzado a dejar sus propios pufos. Por ejemplo, en la obra del nudo de O Pino, en Pontevedra, que se adjudicó en 2010 por nueve millones de euros. A lo largo del año pasado, antes de pedir el preconcurso, dejó de pagar a sus subcontratas, que a su vez paralizaron los trabajos. Fomento intervino, le rescindió el contrato y se lo adjudicó a Sacyr, pero por el camino quedó parte de la deuda de Ocasa con una veintena de proveedores.

Aunque lograron el apoyo de la ministra Ana Pastor, uno de esos acreedores, que prefiere no dar su nombre ni el de su empresa de transportes, califica de “vergüenza” que “el Estado, en vez de velar por que se cumplan las normas y que la gente se atreva a invertir”, no controle a “gente reincidente” como los propietarios de Oteca y Ocasa. Similar opinión expresa otro de los afectados, al frente de una compañía de excavaciones, aunque también desde el anonimato protector.

El que sí dio la cara para denunciar su caso fue Manuel García Feijóo, propietario de Desmovi, acreedora de la vieja Oteca, para la que trabajó en la carretera Lalín-Chantada en 1993. En 2010 se encadenó a la valla de San Caetano para exigir que la Xunta, que encargó la obra, se responsabilizase de la deuda de 44 millones de pesetas que Oteca aún tenía con él. Entonces Roberto Rodríguez Ogando contestó a este diario que su familia había vendido Oteca con todas sus deudas y ya no era responsable de ellas. En la última semana, sin embargo, no ha respondido las llamadas ni el correo electrónico que se le ha enviado preguntando por la situación de Ocasa.

En su momento álgido, en 2009 y 2010, cuando facturaba más de cien millones de euros al año e invertía en I+D, Ocasa se adjudicó varias obras de Fomento en Ourense al presentar ofertas que competían solo con otras empresas de su mismo grupo, como su filial Betunes y Firmes o como Opain, administrada por Marcos Rodríguez Ogando. Fomento investiga desde hace un par de meses esas contrataciones y ha apartado de su cargo al funcionario jefe responsable de los contratos.

La investigación de Fomento se suma a la que la Comisión Nacional de la Competencia concluyó a finales de 2011 sancionando a 47 empresas de asfaltos de toda España por amañar entre ellas las ofertas con que se presentaban a los concursos y repartirse así decenas de millones de euros. En aquella investigación Ocasa recibió la mayor sanción de todas, 5.551.435 euros, a la que se sumaron otros 100.000 euros de multa a Betunes y Firmes. En su recurso ante la Audiencia Nacional, aún no resuelto, Ocasa advertía de que una sanción tan elevada, del 4,85% de su facturación en 2010, dañaría sus cuentas, esas que ahora están en manos de la justicia y que “intoxican”, según Feijóo, el hospital de Vigo.