El campo andaluz recela de Bruselas
La negociación de la Política Agraria Común encara su recta final con el temor a un importante recorte de ayudas que podría llegar a ser del 30%
Ha llegado la hora de la verdad para el campo andaluz. En los dos próximos meses debe quedar definitivamente configurada la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2015-2020. Y la última fase de las negociaciones lo hace en un clima de pesimismo en el sector agrario, que recela de Bruselas y teme un importante recorte de fondos (la UPA habla de un 30%) si se impone la propuesta actual de una tasa plana homogénea para todos los territorios y cultivos.
Andalucía es una de las regiones europeas con mayor peso en agricultura, con cerca de 10.000 millones de euros de producción agraria, que la sitúan por delante de 18 Estados miembros. La trascendencia de esta reforma se explica así:
Andalucía recibe 2.000 millones de euros anuales de fondos europeos
¿Cuánto recibe Andalucía?
Las subvenciones de las PAC suponen ahora casi 2.000 millones de euros anuales para Andalucía, de los que unos 1.600 millones son ayudas directas y los otros 400 van a programas de desarrollo rural. Estos fondos se distribuyen entre 260.000 explotaciones agrícolas y ganaderas, 17.000 explotaciones forestales, 5.456 industrias agroalimentarias, 105 organizaciones de productores y más de 50 entidades de asesoramiento.
Las ayudas directas de la PAC están financiadas al 100% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feaga) y están condicionadas al cumplimiento de una serie de requisitos medioambientales, de seguridad alimentaria, de salud y bienestar de los animales y al mantenimiento de la explotación en buenas condiciones agrarias (la llamada condicionalidad). Estas ayudas representan aproximadamente el 20% de la renta de los agricultores, aunque en cultivos como el olivar superan el 30%. La ayuda media por hectárea y año en Andalucía es de 340 euros, frente a los 229 de la media nacional y los 238 en la UE.
¿Qué es el Pago Único?
La mayor parte de las ayudas directas, en torno a 1.400 millones, se reciben a través del Régimen de Pago Único que se instauró en 2006. Se trata de un sistema de ayudas desacopladas (desvinculadas de la producción) y basado en datos históricos del agricultor en un periodo de referencia. Aquí se han integrado hasta ahora la mayoría de los incentivos, a excepción de la ayuda específica al cultivo del algodón y la prima por vaca nodriza, que permanecen acopladas.
Las subvenciones se reparten entre 260.000 explotaciones
Más de la mitad de las ayudas de pago único van para el sector del olivar, destacando Jaén con 420 millones anuales (el 10% del sobre nacional). Uno de los más de 100.000 perceptores de esta provincia es Antonio Pulido, un agricultor de 45 de años que explota unas 35 hectáreas de olivar centenario en Martos, la mayoría en régimen de arrendamiento. “Si nos quitan o nos recortan la subvención no podremos competir con el olivar superintensivo y sería difícil mantener las explotaciones”, indica Pulido, que recibe cada año de Bruselas unos 14.000 euros. Diversos estudios advierten que el 50% del olivar tradicional no sería viable sin las ayudas europeas.
Otro caso es el de Teodoro García, de 30 años, al frente de una explotación de ganadería ecológica en Huéscar (Granada), con una superficie de 115 hectáreas y un centenar de ovejas de raza segureña y unas 400 cabras de raza blanca andaluza. “Las ayudas es lo que nos tiene en pie”, señala García, que además del Pago Único recibe otras ayudas para razas autóctonas en peligro de extinción y otras por encontrarse su explotación en zona de montaña. En total, poco más de 10.000 euros anuales
Otras ayudas acopladas
Existen otras ayudas acopladas diseñadas a nivel nacional y con el visto bueno de la UE por importe de otros 200 millones. Se conceden para tipos concretos de actividades agrarias que sean importantes para la protección del medio ambiente, para mejorar la calidad o comercialización de los productos agrícolas, para la puesta en práctica de normas más exigentes de bienestar animal, para compensar desventajas específicas que afecten al ganado vacuno, ovino y caprino y al arroz en zonas económicamente vulnerables y otras sometidas a programas de reestructuración o desarrollo, al objeto de asegurarse de que no se abandonan tierras.
Un ejemplo de este programa es el de la entidad Murgiverde, en El Ejido (Almería), que cuenta con unos 800 socios y que es el resultado de la fusión de Ejidoverde, Agromurgi y, posteriormente, Campovicar. Esta cooperativa explota más de 2.000 hectáreas de frutas y hortalizas y una producción de 150.000 toneladas. El último año facturó unos 120 millones de euros, y recibió ayudas de tres millones. “Como ayuda al desarrollo y a la inversión nunca viene mal”, indica su gerente, Honorio Sánchez.
Desarrollo Rural
El segundo pilar de la PAC lo representan las ayudas al Desarrollo Rural, cofinanciadas por fondos Feader y los Estados miembros. Estas ayudas suponen alrededor de 2.751 millones de euros durante todo el periodo 2007-2013 y durante la anualidad 2012 se desembolsaron 433 millones. El programa de Desarrollo Rural de Andalucía se lleva a través del llamado enfoque Leader que gestionan los 52 Grupos de Desarrollo Rural que operan en la comunidad y tienen abiertas más de 45 líneas de ayudas.
“No es la PAC que queremos”
La Junta no ha ocultado su disconformidad con el estado actual de las negociaciones del nuevo régimen de ayudas a la agricultura. “Esta no es nuestra PAC, no es la PAC que queremos para Andalucía, pero hay que negociarla hasta el final para lograr el mejor resultado posible para nuestros agricultores y ganaderos”, indicó en días pasados en el Parlamento el consejero de Agricultura, Luis Planas. Desde la Junta se cree necesario que el documento se adapte a las peculiaridades y a la diversidad de la agricultura y la ganadería andaluzas.
Planas ha enumerado cuáles son los criterios mínimos del modelo de aplicación de la nueva PAC: que Andalucía mantenga el presupuesto de ayudas directas; que mantenga el actual reparto sectorial y territorial; que se minimice el impacto sobre las ayudas individuales de cada agricultor; además de evitar la entrada de nuevas superficies, especialmente pastos sin actividad; que se evite la concesión de subvenciones a beneficiarios sin una verdadera actividad; y promover la agricultura como una actividad generadora de empleo y vida en el medio rural.
Pero el secretario regional de UPA, Agustín Rodríguez, pide a la Junta mayor contundencia para defender la reforma y advierte de “graves consecuencias” para Andalucía, que sería la única comunidad que perdería fondos por el trasvase hacia otras regiones. La UPA aboga por un reparto regionalizado que tenga en cuenta las características agrarias de cada comarca y cultivo. Y el director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Fernando Burgaz, tampoco ha garantizado que no haya recorte de ayudas: “Estamos trabajando para que haya el menor trasvase posible en los fondos de los perceptores actuales”, señaló Burgaz el pasado viernes en Jaén.
