El PSOE solicita seis años de cárcel para José Luis Baltar

Los socialistas insisten en que se impute al expresidente por malversación de fondos públicos

José Luis Baltar llegando al juzgado
José Luis Baltar llegando al juzgado EFE

El PSOE intenta evitar que el autoproclamado “cacique bueno” se salga con la estrategia de la que presume de haberse inhabilitado él mismo políticamente tras haber forzado la maquinaria de las contrataciones de la Diputación para legar sus poderes a su hijo. Una inmolación política del expatrón ourensano, que pagará con el escarnio público en el caso de que se le juzgue solo por prevaricación, a cambio de garantizar la sucesión dinástica en el PP y en la institución provincial.

El grupo provincial del PSOE registró ayer un escrito de acusación en el juzgado de instrucción solicitando una pena de seis años de cárcel, diez de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y multa por determinar para José Luis Baltar. Los socialistas insisten en que la prevaricación que le imputa el juez instructor como único delito, y que no conlleva pena de cárcel, fue necesariamente cometida mediante malversación (con los fondos de la Diputación que se utilizaron para pagar a los contratados a dedo) y con falsedad en documento público: la certificación de solicitud de personal de un grupo de Ayuntamientos que como ellos mismos acreditaron ante el juez, en buena parte de los casos no presentaron nunca.

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El PSOE intenta que el cacique ourensano sea juzgado, además de por la prevaricación, por estos otros dos delitos. Además cree que Baltar debe de indemnizar a la Diputación que presidió a golpe de contrataciones durante 22 años con la suma del dinero de los presupuestos provinciales que utilizó para enchufar a los 104 afines al PP en el entorno del congreso provincial de este partido que ganó su hijo. Una cantidad de dinero de momento indeterminada que el PSOE pide que calcule el servicio de Intervención de la Diputación.

Como medida cautelar, los socialistas reclaman que José Luis Baltar Pumar aporte una fianza por el 50% de la cantidad que costaron a las arcas provinciales esos contratados ilegalmente, según el fiscal y el juez instructor, en 2010. Junto a ello, reclama el embargo de los bienes del cacique en el caso de que no aporte la fianza.

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