La Fiscalía refuerza con la sentencia europea su oposición a los desahucios

La Fiscalía Provincial de Valencia reforzará con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativo a los desahucios, su propuesta de que los jueces de Instancia actúen de oficio para anular las cláusulas abusivas en procedimientos hipotecarios. Así lo ha anunciado este jueves Manuel Campoy, fiscal coordinador de la Sección Social, Contencioso Administrativo y Mercantil de la Fiscalía de Valencia.

Horas antes de su declaración, la Plataforma de Afectados por Hipotecas (PAH) ha entregado en el decanato un modelo de solicitud de nulidad de los procedimientos de ejecución hipotecaria.

La Fiscalía de Valencia, se ha mostrado partidaria en distintas ocasiones de que sea el juez de Instancia el que, tanto de oficio como en caso de peticiones de parte, valore si las cláusulas de los contratos firmados con el banco son abusivas y en su caso, las anule.

La normativa española no permite a los jueces paralizar un desahucio alegando que el contrato hipotecario tiene cláusulas abusivas y esta cuestión debe tratarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado el lanzamiento.

Sin embargo, la Fiscalía se opone a esta normativa de acuerdo con la jurisprudencia. Ahora, además, sobre la base de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el pasado 14 de marzo dictaminó que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a las citadas cláusulas abusivas.

Tras la publicación de esta sentencia, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca está intensificando sus protestas. En la recta final hacia la votación en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular que pretende paralizar los desahucios, la plataforma ha convocado en Valencia asambleas, concentraciones y un escrache a un diputado (protesta frente su domicilio) para los próximos días. La última protesta ha tenido lugar en la mañana de este jueves.

Cerca de 60 afectados entregaron en la Ciudad de la Justicia de Valencia decenas de escritos con los que piden la nulidad de sus procedimientos de desahucio hasta que el Gobierno legisle según la sentencia europea.

Según Héctor Clark, uno de los abogados de la plataforma, todos los procedimientos de ejecución tanto los que ya se han realizado como los que están aún pendientes, “son ilegales porque son contrarios al derecho de defensa” y porque vulneran la normativa europea en materia de defensa del consumidor.

Entre impresos y citaciones judiciales las decenas de afectados congregados tuvieron que entrar en de manera individual a entregar su documentación porque, según algunos miembros de la plataforma, la Guardia Civil que custodia el edificio no les permitió entrar en grupo.