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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Escrache

La iniciativa popular puede ser rechazada tenga 500.000 o 50 millones de firmas

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas durante una acción de escrache frente a la casa del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, en Valencia.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas durante una acción de escrache frente a la casa del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, en Valencia.MÒNICA TORRES

El escrache es abusivo. El escrache es coactivo. El escrache es violento. El escrache es antidemocrático. Eso aseguran los partidos mayoritarios. ¿Y qué es el escrache? Plantarse junto al domicilio de un político que se haya manifestado en contra de la dación en pago y proclamar que el sujeto, con esa negativa, contribuye a prolongar la indignidad del desahucio. Desde un punto de vista jurídico, el escrache no se diferencia del cobrador del frac, que hemos aceptado con legalidad y cierto parloteo humorístico: porque siempre resulta cómica la figura del deudor insolvente perseguido por esa suerte extraña de oscuro Fred Astaire, con sombrero de copa y maletín.

Descartado el agravio jurídico, ¿dónde queda la mirada social? Quienes llegan al escrache, ¿han tenido otros medios de reivindicar su derecho? Si alguien piensa en la Iniciativa Legislativa Popular, ya hemos comprobado su estancamiento efectivo, esa versión plomiza y farragosa de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Resulta casi imposible de lograr una incidencia mínima real, más allá del gesto de las firmas, que es mucho más que un gesto: es la expresión activa de una voluntad popular que debiera ser tan vinculante o más, eficazmente, como lo es el voto cada cuatro años.

Lo hemos visto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La ley exige 500.000 firmas, pero la PAH consiguió, con esfuerzo, reunir 1.400.000. Pues bien, estas 1.400.000 firmas pueden ser descartadas, de un plumazo, del ámbito parlamentario, porque la ley que regula la Iniciativa Legislatura Popular lo permite. El mismo requisito de las 500.000 firmas es extremo, comparado con otros países –en Italia, 50.000-, pero la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, va aún más lejos en el desprecio a la iniciativa popular: siempre puede ser rechazada, tenga 500.000 o 50 millones de firmas, mientras se lanza un proyecto similar, de manera que el partido mayoritario se reserva su total control legislativo.

Este mecanismo poco tiene que ver con la mayoría absoluta del Partido Popular: es, en realidad, una fórmula jurídica que angosta y estrangula la capacidad ciudadana para proyectar sus intereses, en un sistema electoral que, con sus listas cerradas, mantiene el voto en bloque como única manera de participar en nuestra vida política.

Desde un punto de vista jurídico,

El único movimiento sensibilizado con el drama de las hipotecas ha sido la PAH. Ha seguido todos los medios legales a su alcance, como asociación cívica, para llevar la cuestión al Congreso. Dicha cuestión alude directamente a la más estricta justicia ciudadana: que la deuda de los propietarios de primeras viviendas, compradas mediante préstamo hipotecario con cláusulas extremadas del banco emisor, quede extinguida mediante la dación en pago de la vivienda. Mientras, el Tribunal de Justicia de la UE ya ha declarado que varios aspectos de la ley española no son compatibles con la directiva europea de defensa de los consumidores de 1993, y por eso los jueces, ahora, podrán suspender cautelarmente los procedimientos de ejecución mientras dilucidan si las cláusulas impuestas por el banco son lícitas o, en realidad, abusivas.

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Volviendo al escrache: ante una medida injusta, ¿qué recurso queda al ciudadano? ¿Esperar cuatro años? ¿Twittear? ¿Y esto es la democracia? Los políticos siguen su espiral perpetua: Pérez Rubalcaba, mientras, hace el juego a Mariano Rajoy, desviando la atención general del verdadero tema, que siguen siendo los desahucios, para criticar, muy dignamente, el escrache. Afortunadamente la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha hablado del tema con verdadera humanidad, dolor y hondura.Incluso admitida la dación en pago, dice ella, esa familia, luego, ¿dónde va?

Que no nos distraigan con mensajes presidenciales desde pantallas de plasma, porque la democracia representativa tampoco era eso. Ahora ya sabemos, gracias al presidente, que las instituciones españolas son un gran modelo de transparencia. Rajoy, entonces, con sus ruedas de prensa por pantalla, sin admitir preguntas, es un buen presidente para ese modelo. ¿Para esto rescatamos a los bancos, con el dinero público?

El único movimiento sensibilizado con el drama de las hipotecas ha sido la PAH

Frente a un posible abuso de la prensa o el poder judicial, el ciudadano tiene otros mecanismos de respuesta. Pero ante la gestión política, acaba estando indefenso. Por eso siempre nos quedará el Derecho, y también su lenguaje: abusivo, coactivo, violento y antidemocrático no es el escrache, sino expulsar a las familias de sus casas.

Joaquín Pérez Azaústre es escritor.

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