El misterio de los empleados sin contrato

19 personas trabajaron en la Consejería de Empleo como externas varios años sin que conste su ‘fichaje’

El ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, a su salida de la cárcel.
El ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, a su salida de la cárcel.GARCÍA CORDERO

Una caja de sorpresas sin fondo. La gestión de la Dirección General de Trabajo cuando estaba al mando Javier Guerrero, principal imputado del caso de los ERE,  es un motor de estupor permanente. Fue una década en la que reinó el caos y el enésimo capítulo, aún inédito, así lo demuestra: en el corazón de la Consejería de Empleo, organismo que vela por el cumplimiento de las correctas relaciones laborales, trabajaron casi una veintena de empleados de la empresa Umax Consultores sin que mediara contrato alguno entre la firma y Empleo, según apuntan las fuentes consultadas. La investigación de los ERE es tan densa que  la Guardia Civil aún no le ha hincado el diente a este espinoso asunto. ¿Cómo pudo Empleo ignorar esta aparente cesión ilegal de trabajadores que la Inspección de Trabajo podría haber sancionado?

En la primavera de 2010, poco después de asumir el mando el exconsejero de Empleo Manuel Recio, los representantes de Umax acudieron a la consejería para reclamar 1,2 millones de los salarios de 19 trabajadores correspondientes al último año y medio, periodo en el que Juan Márquez ya había sustituido a Guerrero como director general. Los responsables de Empleo buscaron el contrato que justificaría el gasto ante la Intervención. Pero en los archivos no aparecía dicho contrato. Los empresarios tampoco pudieron presentar copia de los contratos para esos servicios administrativos (asesoría jurídica, informática, secretaría, etc.). Tras las consultas, la respuesta fue clara: no se paga.

Ante la negativa de Empleo a abonar la abultada deuda, Umax optó por la drástica solución de cerrar y despedir al personal. Amenazaron a la Junta con acudir a los tribunales, pero hasta ahora Empleo no ha tenido noticias al respecto. “La empresa se disolvió de un día para otro. La Junta dejó de pagar y a algunos aún nos deben el finiquito”, relata un extrabajador que pide el anonimato. En este grupo estaba un sobrino de Márquez; José Albarracín —hermano del exdirector de Vitalia, Antonio Albarracín, señalado por pagos de comisiones con dinero en sobres— y personas de la Sierra Norte sevillana, comarca de Guerrero.

La consejería decidió entonces prescindir de estos empleados externos cuyos trabajos comenzaron en 2005 y tras un breve plazo de ausencia de uno o dos meses, los rescató a través de la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Ante la vorágine de intrigas palaciegas (grabaciones ocultas, aparición de una caja fuerte...) que vivía Empleo ese verano en el que la instrucción de la juez Mercedes Alaya cogía cuerpo, este escándalo pasó a dormir el sueño de los justos. Era un problema que había que solucionar, pero nadie lo abordaba.

Estos trabajadores se habían concentrado desde 2005 solo en la Dirección General de Trabajo (una de las tres de Empleo) y sus delegaciones de Málaga y Almería. La buena sintonía entre Guerrero y el administrador de Umax, Ulpiano Cuadrado, era un secreto a voces. Los pagos de Trabajo a la firma a cambio de que estos trabajadores prestaran sus servicios a diario a Empleo, son cuestiones de momento sin aclarar. Al asimilar la DGT a estos trabajadores externos, un grupo de funcionarios montó una pequeña rebelión interna por el intrusismo que suponía la supuesta usurpación de funciones: “Estamos obligados a defender la figura del funcionario de carrera que está sufriendo un deterioro continuo ante la propia administración, la sociedad y círculos mediáticos / políticos”, explicaban en una comunicación interna. La protesta no llegó a mayores.

¿Faltó diligencia? Algunas fuentes apuntan a que el decreto de competencias dispone que la gestión del personal es responsabilidad de la secretaría general técnica, otros apuntan a que cada proyecto que facturaba Umax tenía un director de proyecto que dependía del director general de turno.

Mientras, los empresarios no cejaron en su intento para recuperar los 1,2 millones. Reclamaron de nuevo en 2011, y ante la falta de respuesta, volvieron a la carga el pasado octubre. Por fin la Consejería de Economía tomó cartas en el asunto y abrió un procedimiento de información reservada: un instructor ha investigado los pagos y la documentación existente en la DGT sobre Umax. El informe del gabinete jurídico tras culminar el procedimiento de información ha sido contundente y el expediente ha sido remitido a la fiscalía. Es decir, los letrados de la Junta han debido ver nuevos indicios de delito en la actuación de la DGT. Guerrero, Márquez y Cuadrado rehusaron pronunciarse sobre este caso.

Economía abrió un expediente de revisión de oficio que podría culminar con el pago a Umax de los 1,2 millones, pero dados los indicios de irregularidades, esto sería una sorpresa.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Logo elpais

Ya no dispones de más artículos gratis este mes

Suscríbete para seguir leyendo

Descubre las promociones disponibles

Suscríbete

Ya tengo una suscripción