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Vila-real remite al fiscal otra factura de Piaf supuestamente “irregular”

El ministerio público investiga por presunta prevaricación y malversación al exregidor popular

El alcalde de Vila-real, José Benlloch (PSPV), ha remitido a la fiscalía de Castellón una nueva factura “irregular” presentada por la empresa Piaf al Ayuntamiento por trabajos realizados en un edificio privado. Esta factura se suma a otras llevadas ante el ministerio público por importe de cerca de 600.000 euros y por las que se ha abierto una investigación por presunta prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental al exalcalde popular Juan José Rubert. En este caso, Benlloch responsabiliza al exconcejal de obras y servicios, Ramón Tomás, de la supuesta irregularidad.

“El 25 de julio de este año Piaf presentó una factura de 13.894 euros en concepto de instalación de una plataforma salvaescaleras para personas con movilidad reducida en un edificio de Vila-real”, dijo este miércoles el regidor. Los técnicos investigaron estos trabajos, fechados en 2010, y descubrieron que se trataba de un edificio privado. “De nuevo nos encontramos ante una factura que se corresponde a trabajos por los que no debe pagar el Consistorio y por eso he resuelto anular su pago pero también remitir este expediente a la fiscalía para su investigación”, añadió.

Desde el departamento de Intervención se requirió a las partes implicadas “para que pudieran explicar lo ocurrido”. También se notificó la paralización del pago a la comunidad de vecinos de la finca, a la empresa Piaf y al edil Ramón Tomás. Benlloch apuntó que este concejal “se negó incluso a recibir la notificación”. También se preguntó al técnico que trabajó en 2010 en el departamento implicado, quien habría asegurado que el ayuntamiento no tenía ninguna implicación en esos trabajos.

“El señor Tomás”

Asimismo, según dijo el alcalde, la comunidad de vecinos envió un escrito al Ayuntamiento informando de que fue “el señor Tomás quien nos brindó su ayuda encargándose de contratar con la persona o empresa que llevó a cabo la instalación sin coste alguno para la comunidad”.

Para Benlloch, una cosa es que la citada familia o comunidad “no tuviera derecho a recibir ayudas para la instalación de una plataforma en unas circunstancias que sabemos que son muy delicadas” y otra, puntualizó, que estas ayudas “deberían ser en cualquier caso reguladas en la base de alguna normativa que garantice la igualdad de todos los ciudadanos”.