Imputado el ex director de la sección de crédito de la cooperativa de L’Aldea

El juzgado de Instrucción número 3 de Tortosa (Tarragona) ha imputado al ex director de la sección de crédito de la cooperativa agrícola de L'Aldea, Enric Sabaté, debido a la quiebra de la entidad. De acuerdo con el procedimiento previsto, Sabaté deberá declarar ante el juez el próximo 10 de enero en el marco de la causa penal abierta a causa del corralito y por la que también se imputó al ex gerente de la cooperativa, Daniel Ferré. En las próximas semanas también comparecerán como testigos cuatro trabajadores más de la cooperativa.

Las citaciones surgen a raíz de la querella criminal que interpuso contra Ferré la anterior junta de la entidad, que dirigía la agrupación cuando la sección de crédito rozó el colapsó, y por la que el juzgado ha iniciado una investigación. En concreto, la junta acusó al ex gerente de la cooperativa de ocultación de información, apropiación indebida y administración desleal.

Ferré fue cesado del cargo, pero Sabaté sigue trabajando en la cooperativa en calidad de enlace “con el pasado”, aunque la sección de crédito está clausurada. Sabaté controla datos, programas informáticos y gran cantidad de documentación. La actual presidenta la cooperativa, Montse Llosa, asegura que cree en la inocencia del ex director de la sección de crédito y espera el dictamen del juez.

El corralito se precipitó el pasado 1 de diciembre de 2011. Ese día, a primera hora de la mañana, se bloquearon 1.190 cuentas bancarias de la sección de crédito, dejando sin acceso a sus ahorros a gran parte de los vecinos de l'Aldea, donde residen 4.300 habitantes que se dedican en su mayoría a la agricultura y la ganadería. Entre los afectados, además, había varios pensionistas. De la noche a la mañana los socios de la cooperativa tuvieron que sobrevivir con el dinero que guardaban en ese momento en la cartera o en cuentas de otras entidades bancarias.

En la actualidad la cooperativa se encuentra en pleno concurso de acreedores y el corralito parece no tener fin en L'Aldea. Hasta 4,7 millones de euros de entre 250 y 300 cuentas bancarias siguen bloqueadas. Se trata de los ahorros conseguidos durante toda una vida dedicada a la agricultura o las ganancias de pequeños contratistas, empresarios e industriales, que trabajaban con la entidad agrícola. No hay fecha para la devolución de su dinero y las perspectivas más optimistas, en el caso de que la cooperativa siga produciendo verduras y no se liquide, sitúan la recuperación de los ahorros tras las pertinentes quitas en un plazo de 15 o 20 años.

Los afectados exigen responsabilidades al ex gerente, al ex director de la sección de crédito, a la antigua junta rectora, a la Generalitat y a Bankia. En este caso, los vecinos exigen responsabilidades a la entidad porque las libretas llevaban el emblema de Caja Madrid y todos los socios creían que se hacía cargo de sus cuentas bancarias.

El juzgado mercantil número 1 de Tarragona ordenó el 4 de junio el embargo preventivo de los bienes de Ferré por falta de activos en la entidad. Según se reflejó en una auditoría realizada por una consultora de Lleida tras la quiebra, Ferré retiró 160.000 euros de la sección de crédito pocos días antes de precipitarse el corralito. La anterior junta de la cooperativa también acusó a Ferré de ocultar pérdidas entre 2010 y 2011, falsear facturas, realizar inversiones “injustificadas” en placas solares, fincas o equipos informáticos, además de contratar a su esposa como trabajadora de la cooperativa sin que esta acudiera a trabajar durante unos meses.