“No hay ningún derecho de carácter económico y mercantil que esté por encima del derecho de todas las personas a la dignidad humana”, advirtió ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra. El magistrado defendió en una entrevista concedida a la Cadena SER que hasta que no se reforme la legislación en materia de desahucios los jueces deben garantizar que los afectados “tengan defensa”. Ibarra también instó a actuar “de oficio” si se detectan cláusulas “abusivas” en los contratos.
Ibarra recordó que los jueces tienen “una responsabilidad muy importante” en los procedimientos ejecutivos de desahucios para “evitar que la aplicación del derecho produzca injusticias”.
“Los jueces hemos dicho que esto hay que pararlo. Pero no podemos pararlo sino con la ley en la mano, quiere decir que tenemos que reclamar que se cambie la ley y, entre tanto, conseguir que la aplicación de la ley sea de acuerdo con los principios generales constitucionales y singularmente con el de preservación de la dignidad humana”, subrayó.
El presidente del TSJPV señaló que hasta que la reforma pactada por PP y PSOE, y que el presidente Mariano Rajoy se comprometió a acelerar después de la muerte de Amaya Egaña, sea efectiva los jueces “ya están y vamos a seguir” tomando medidas. Ibarra puntualizó que el primer paso es que todas aquellas familias afectadas por estos procedimientos tengan una defensa. Además, “el juez de oficio tiene que comprobar si hay cláusulas abusivas en el contrato” que ha desencadenado la ejecución de un desahucio y si existen, los jueces “aunque no se lo hayan planteado las partes tienen que reaccionar”. El objetivo no es otro que desarrollar “una aplicación del derecho que esté en línea con la garantía de la dignidad humana”, concluyó Ibarra, uno de los jueces más críticos con los procedimientos de desahucios, y que el sábado se acercó hasta el tanatorio donde se rindió el último adiós a Amaya Egaña, la vecina de Barakaldo que falleció el viernes minutos antes de ser desalojada.
[Bilbao acoge desde hoy las VIII Jornadas Nacionales de Comunicación y Justicia, que inaugurará el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner. El congreso reunirá a un centenar de profesionales de la judicatura y del periodismo.
El encuentro servirá para debatir sobre los límites a la información y la posible vulneración de derechos fundamentales derivada de la existencia de los denominados juicios paralelos. Los asistentes también analizarán la credibilidad social de la Administración de Justicia en la actualidad.
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uría y Antonio Dorado participarán junto a los magistrados Juan Antonio Xiol y Joaquín Giménez, así como los periodistas Iñaki Gabilondo, Juan Carlos Martínez y Bingen Zupiria].