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El fiscal interroga a la cúpula de Caixa Penedès por las pensiones irregulares

Cuatro exdirectivos de la entidad se asignaron de forma irregular un plan de pensiones de 20 millones

Ricard Pagés.
Ricard Pagés.

Cuatro exdirectivos de Caixa Penedès deberán rendir cuentas ante la fiscalía anticorrupción por adjudicarse, presuntamente, planes de pensiones millonarios de forma irregular. El expresidente de la entidad bancaria, Ricard Pagès, será interrogado el próximo lunes por el fiscal Emilio Sánchez-Ulled, que le investiga junto a otros tres ex altos cargos por delitos societarios: Manuel Troyano —que fue director general—, Joan Caellas y Jaume Jorba.

Los ejecutivos se atribuyeron, por cuenta propia, planes de pensiones por un valor aproximado de 20 millones de euros. La investigación comenzó a finales del año pasado, en medio del escándalo por los sueldos desorbitados de algunos directivos de cajas que habían recibido dinero público. Durante estos meses, el fiscal ha analizado abundante documentación y ha tomado declaración a los actuales responsables de la entidad. La declaración de Pagès y compañía es una de las últimas diligencias antes de que el fiscal decida qué hacer con el caso: si lo archiva o presenta una querella ante el juez.

La fiscalía sospecha que los exdirectivos —el Consejo de Administración forzó la dimisión de Pagès y Troyano en noviembre del año pasado, al tener conocimiento de los planes de pensiones millonarios— cometieron los delitos de administración desleal y apropiación indebida. La investigación se centra en determinar si abusaron de sus funciones para disponer de los bienes de Caixa Penedès en su propio beneficio.

En el verano de 2010, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó 915 millones en el Grupo BMN, resultado de la fusión fría del Penedès con las cajas de Granada, Murcia y Sa Nostra. Al tratarse de dinero público, la fiscalía debe determinar si la asignación de los planes de pensiones fue anterior o posterior a esa fecha. En este último caso, también podría atribuirse a los exdirectivos un delito de malversación de fondos.

Pagès declarará el lunes 15 de octubre y Troyano, el jueves 18. La semana posterior lo harán Caellas y Jorba. Según las mismas fuentes, el plan de pensiones se lo repartió la cúpula directiva a partes desiguales, en función de la jerarquía. El plan estaba asegurado por otra entidad financiera y era independiente de los sueldos, dietas e indemnizaciones que ya percibían los investigados, precisan las mismas fuentes.

Los actuales responsables de la caja denunciaron la mala gestión del Consejo de Administración y la inoperancia de la comisión que debe encargarse de controlar, precisamente, que los sueldos y retribuciones de los directivos se ajustan a la legalidad.