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El fiscal pide abrir juicio con jurado a seis imputados de la ‘trama Retablo’

El ministerio público apunta a dos funcionarios y cuatro empresarios de restauración

Retablo del Santuario dos Remedios de Vilamaior do Val (Verín) que restaurará la firma Ábside con el visto bueno de la Xunta.
Retablo del Santuario dos Remedios de Vilamaior do Val (Verín) que restaurará la firma Ábside con el visto bueno de la Xunta.

La instrucción del caso Retablo, una presunta trama corrupta en la restauración de arte sacro en las provincias de Pontevedra y Ourense, agota los últimos trámites. 3.000 folios de sumario después, el ministerio público ha pedido llevar ante el jurado a seis imputados, dos funcionarios de la Xunta y cuatro empresarios dedicados a la rehabilitación de patrimonio artístico. El escrito lo remitió el fiscal Antonio Roma al juzgado el pasado junio así que el caso espera ahora a que se pronuncie el juez. La lista de imputados que previsiblemente se sentarán en el banquillo la encabeza Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, exrestaurador de la Consellería de Cultura, a quien el juez le imputó en su día los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En el epicentro de la trama sitúa la polícia —junto a Gómez-Gil, que en cuanto estalló el escándalo abandonó su puesto y marchó a Cartagena— a José Manuel Pichel, arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, imputado por los mismos delitos. La hipótesis que manejan los investigadores sostiene que estos dos trabajadores de la Xunta decidían qué trabajos de rehabilitación subvencionaba el Gobierno gallego en las parroquias a cambio de que los sacerdotes encargasen la ejecución de las obras a empresas amigas y la dirección de los proyectos a arquitectos relacionados con José Manuel Pichel, algunos de su propio estudio privado.

Decenas de horas de pinchazos telefónicos, movimientos de cuentas y seguimientos policiales a los principales imputados abonan esa teoría. Además de los empleados públicos, el fiscal también apunta a responsables de empresas de rehabilitación de patrimonio como Olga Quintela, de la firma CBC Márquez Vieira, y Carmen Acuña, de Ábside, dos de las firmas a las que el Gobierno gallego acaba de facultar para rehabilitar dos iglesias de Ourense, pese a que informes internos de la Consellería de Cultura constatan los destrozos en tallas e imágenes que han venido realizando a lo largo de la provincia. Aunque Acuña usa el nombre comercial de Ábside, en el registro mercantil hay otra empresa inscrita con ese nombre, que también se dedica a restauraciones y tiene su domicilio social en Madrid. Esa compañía no tiene ninguna relación con la trama ni ha hecho obras en Galicia.

Junto a ellos, el ministerio público quiere ver ante el jurado a Manuel Montes Carballa, empresario arrepentido que desveló primero ante la policía y después ante el juez las prácticas presuntamente corruptas de esta organización, incluidos los “chanchullos” que permitieron a su firma, Da Vinci, optar a algunos contratos. Este empresario relató la lista de regalos (desde teléfonos móviles a dispositivos de manos libres y ruedas para el coche) que tuvo que comprar a los implicados en la trama a cambio de recibir adjudicaciones antes de arruinarse y abandonar el sector de la restauración.

El seguimiento de las conversaciones telefónicas intervenidas con autorización judicial permitió a la policía extender sus sospechas desde las ayudas de Cultura a las parroquias hasta las adjudicaciones de albergues de peregrinos que realizaba el Xacobeo y el papel que su arquitecto, José Manuel Pichel, jugaba en la concesión de las obras. En una charla con un interlocutor que la policía identifica como propietario de una firma de rehabilitación, el propio Pichel asegura el 29 de septiembre de 2009: “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”. Aludía según la brigada de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía a la adjudicación de cuatro proyectos para el Xacobeo.

Los pinchazos también revelan los manejos que las firmas de restauración se traían con los imputados. En una conversación, Olga Quintela, de CBC, anuncia al entonces restaurador de la Xunta Gómez-Gil que va a remitirle un presupuesto de 146.000 euros para unas obras. Tras dudar, el funcionario de la Xunta le anima a encarecer la factura remitida a Cultura: “Súbele un pelín a las imágenes y que Dios reparta suerte”. El sumario también alude a ingresos bancarios realizados por Gómez-Gil que superan los 122.000 euros y que este no supo justificar.

Ningún cura al banquillo

El escrito del fiscal excluye a la media docena de sacerdotes y cargos eclesiásticos imputados en este caso. Y eso que el juez que instruye el sumario defendió en varios autos que la Iglesia pagó favores a la trama de patrimonio a cambio de recibir subvenciones. Se refiere el instructor a la casa rectoral que el Obispado de Tui vendió supuestamente al exrestaurador de la Xunta Carlos Gómez-Gil Aizpurúa por 60.000 euros y que antes de pagar ningún plazo fue puesto a la venta por 680.000 en Internet.

El juez evidencia sus “sospechas” de que la vivienda “puede ser calificada como gratuita y tener origen en el beneficio obtenido por la Diócesis de Tui-Vigo de la ilícita actividad desarrollada por Carlos Gómez-Gil Aizpurúa en el ejercicio de su cargo en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural”. La supuesta compraventa motivó incluso la imputación del que era obispo de Tui, José Diéguez Reboredo. Tras meses de negociación, la Iglesia acabó lograndoque el extrabajador de la Xunta le devolviese el inmueble.

En otra parte del sumario, curas de distintas parroquias de Vigo-Tui aparecen en grabaciones telefónicas intentando pactar versiones coherentes en vísperas de los interrogatorios de la policía y del juez. Por lo que se deriva del escrito, todos van a librarse del banquillo.