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Los pensionistas tendrán una tarjeta para no adelantar el coste de los medicamentos

Los farmacéuticos apuntarán a mano los importes de los pacientes hasta el tope de copago

Una pareja de pensionistas ante una farmacia. Ampliar foto
Una pareja de pensionistas ante una farmacia.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, anunció a finales de julio que los pensionistas madrileños no iban a tener que adelantar el 10% del coste de los fármacos que compren cada mes, tal y como establece el decreto de medidas sanitarias del Gobierno central. Esta mañana ha organizado una rueda de prensa para explicar el sistema: una simple tarjeta de cartulina en la que el farmacéutico irá apuntando a mano los importes que vayan pagando los pacientes. A partir de septiembre, los farmacéuticos dejarán de cobrar los medicamentos a los pensionistas una vez hayan llegado al tope que estipula el decreto, que varía en función de la renta.

Madrid se sumará a partir del 1 de septiembre a comunidades como Andalucía, que desde el primer momento pusieron en marcha un sistema para dejar de cobrar una vez alcanzado el límite. Otras regiones seguirán cobrando a los pensionistas aunque superen el límite y les devolverán el exceso en tres o seis meses, tal y como permite el Ministerio de Sanidad. Andalucía puede dejar de cobrar de manera automática gracias a la implantación de la receta electrónica, que permite al boticario saber qué medicamentos se han recetado y cuáles se han dispensado ya. Madrid, en cambio, carece de receta electrónica, por lo que el sistema que emplee en septiembre será provisional, tal y como ha explicado el consejero.

La viceconsejera Patricia Flores, que ha acompañado a Lasquetty en la presentación, ha explicado que los ciudadanos deben pasar por los centros de salud a recoger la tarjeta, que deberán llevar consigo a la farmacia cada vez que vayan a buscar sus fármacos. Sanidad denomina la tarjeta “documento de dispensación”. El sistema pasará a ser automático en unos meses, probablemente en noviembre, ya que estará automatizado, según ha adelantado el consejero. “Julio y agosto les será devuelto de manera automática en septiembre, una vez verificadas las recetas y los aportes en la Consejería de Sanidad”, ha añadido.

El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, establece que los pensionistas aportan un 10% del coste del medicamento, con un tope máximo de 8 euros mensuales, cuando tengan ingresos anuales inferiores a 18.000, y con un máximo de 18 euros, si se superan los 18.000 euros de ingresos anuales. Los que cuentan con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros, aportan el 60% del precio de la receta, con un límite máximo de 60 euros al mes.

Lasquetty ha asegurado que el sistema tiene un "coste mínimo" para la Comunidad de Madrid, por su carácter provisional y porque se van a imprimir en el servicio de reprografía de la Consejería de Sanidad. El consejero ha indicado también que su departamento está recibiendo "bastantes llamadas" de otras Comunidades autónomas interesándose por este sistema, por lo que no ha descartado que se implante en otras regiones españolas. La viceconsejera Patricia Flores ha precisado que los pensionistas deberán renovar cada mes la tarjeta hasta la puesta en marcha del sistema definitivo. 

Lasquetty ha agradecido al Colegio de Farmacéuticos de Madrid su ayuda para poner en marcha el sistema y también el nuevo copago, que empezó el 1 de julio. Ha explicado que a finales del mes pasado envió una carta a cada una de las más de 2.800 farmacias de la región para agradecer a sus titulares “el excelente trabajo” y sus “dosis de paciencia” durante el primer mes de copago.

El consejero ha defendido el sistema que clasifica a los ciudadanos en función de su renta para asignarles un código de aportación al pago de los fármacos. Frente a las críticas por el desfase de los datos –se basan en la declaración de la renta de 2010, por lo que la situación económica puede haber cambiado- ha asegurado que se trata del mismo proceso que para pedir una beca y que es el mejor sistema posible.

"El Gobierno regional ha tenido que recurrir a una tarjeta especial, sin hacer caso a las instrucciones del Gobierno central", considera el portavoz de Sanidad del grupo parlamentario socialista, José Manuel Freire, que denuncia el coste económico y organizativo esta tarjeta a la que califica de "chapuza" porque serán los farmacéuticos los que apunten a mano en una cartulina las cantidades: "La enésima improvisación para la implantación de un copago a los pensionistas que, además de injusto, va a tener un coste más alto que lo que se recaude con él". Freire ha calculado que, de seguir las instrucciones del Ministerio de Sanidad, Madrid debería hacer 1,2 millones de reintegros de gastos al año a pensionistas que superan su tope de aportación en las recetas. Los socialistas han anunciado que pedirán un informe detallado del coste administrativo y de gestión del nuevo copago farmacéutico.

Madrid asegura que ahorrará 36 millones con los fármacos excluidos

E. G. SEVILLANO

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado esta mañana que la desfinanciación de los 417 medicamentos que hoy ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) supondrá un ahorro para las arcas regionales de 36 millones de euros al año. “Piensen que solo en lágrimas artificiales hemos gastado siete millones de euros anuales, más de 1.000 millones de las antiguas pesetas”, ha añadido.

Lasquetty ha asegurado que está a favor de dejar de financiar con dinero público estos fármacos: “Estamos hablando de medicamentos de bajo precio y para síntomas menores”; ha añadido, y ha recordado que hace más de una década que ninguno sale de la lista de los financiados con fondos públicos, mientras que la entrada de los nuevos se produce mensualmente: “Era necesaria esta actualización”.

El BOE publica hoy la lista de 417 medicamentos que, a partir del 1 de septiembre, dejarán de estar financiados. En la mayoría de los casos se trata de fármacos indicados para el tratamiento de "síntomas menores", según el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, 97 de ellos mantendrán la financiación para tratar enfermedades graves o crónicas.

Los ciudadanos deberán abonar íntegramente el precio de fármacos empleados para tratar problemas como irritación de la piel, tos, diarrea o estreñimiento, lo que permitirá un ahorro que la ministra de Sanidad, Ana Mato, cifró en 458 millones de euros a finales de junio.

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