México elude plazos para contratar los remolcadores de Pemex

La petrolera estudia el encaje legal de sus posibles encargos en Galicia

Feijóo durante su encuentro con el embajador mexicano, Javier Ramírez.
Feijóo durante su encuentro con el embajador mexicano, Javier Ramírez.ÓSCAR CORRAL

Casi cuatro meses después de que el presidente Mariano Rajoy desvelase en México sus negociaciones para que la petrolera Pemex diese carga de trabajo a los astilleros gallegos, sigue sin haber fechas para la firma de los contratos. Más allá de haber firmado en mayo un denominado “acuerdo estratégico” con la Xunta, Pemex no baraja ningún plazo concreto para cerrar la compra de los barcos. Así lo indicó ayer el embajador de México en España, Javier Ramírez, quien también reconoció que la compañía está estudiando el encaje legal de esa compra. Porque las leyes mexicanas exigen a Pemex comprar en México todo lo que le sea posible y hacerlo en el extranjero solo cuando no quede más remedio.

El embajador mexicano inició ayer en Santiago una visita de cuatro días a Galicia con una primera reunión con la patronal y un encuentro con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. De la segunda reunión apenas trascendió una vaga nota de prensa del Gobierno gallego en la que apuesta por aprovechar las “oportunidades que para el sector naval gallego puede generar la actividad marítima y pesquera en el Golfo de México” y por colaborar en “el turismo, las energías renovables o el sector agroalimentario”. Nada más, buenas palabras sin plazos ni concreciones.

Fue en el encuentro con el presidente de la patronal, Antonio Fontenla, donde Ramírez indicó que “Pemex está haciendo la tarea que le corresponde en esta etapa” para “avanzar con los distintos trámites”. Reiteró que “no hay tiempos definidos” ni “fechas determinadas” más allá del inicio, el pasado mayo, del proceso de toma de contacto con los astilleros gallegos interesados “para que estos ofrecieran por un lado calidades y por otro precios para poder hacer luego las licitaciones correspondientes”. Ahora, dijo, meramente “se sigue avanzando” en “el tema de una empresa paraestatal que seguramente llegará a buen fin”.

Pero como empresa paraestatal, Pemex debe regirse por leyes mexicanas que regulan sus operaciones. En ellas se fija la obligación de que la compañía compre en México el mayor número posible de productos o suministros y solo lo haga en el exterior cuando no tenga capacidad para hacerlo en el país. Preguntado por cómo afecta esa condición a la compra en Galicia de los 14 remolcadores prometidos por la Xunta, el embajador indicó que “por eso está considerándose, por efectos de la ley, que siete sean fabricados cien por ciento aquí y otros siete sean de manera conjunta”.

La CEG cobrará menos de la Xunta por sus oficinas en el extranjero

Ramírez aseguró que “las propias leyes y reglamentos también dan espacios para poder entrar a negociaciones, sobre todo en temas donde nosotros no somos productores”. Sin embargo, desde que se conocieron las negociaciones para construir los remolcadores en Galicia, los medios mexicanos han venido haciéndose eco del malestar de astilleros locales por no haber sido tenidos en cuenta.

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Tras sus encuentros con el embajador mexicano, tanto el Gobierno gallego en su nota de prensa como Fontenla en persona destacaron la importancia que tienen para la internacionalización de las empresas gallegas las 14 oficinas que la patronal mantiene en varios países, entre ellos México, subvencionadas íntegramente por la Xunta con 18 millones de euros hasta 2013.

Hace 10 días, cuando Feijóo firmó con el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, el acuerdo para el traslado de esas oficinas a las embajadas de España, el presidente de la patronal decía desconocer cómo afectaría el cambio a su convenio con la Xunta. Ayer Fontenla ya aseguraba que “el convenio con la Xunta no se modifica”. Según dijo, el traslado de las oficinas simplemente supondrá un ahorro para la Administración autonómica ya que “si no tenemos alquiler, no lo paga”. El presidente de la patronal aclaró que la Xunta “nos paga según los gastos que apruebe, no nos da una cantidad y nos quedamos nosotros con la diferencia”, sino que paga a la patronal por unos gastos que tiene que justificar.

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