La Generalitat no pagará este mes a hospitales ni centros concertados

La situación límite que vive la Generalitat de Cataluña, que la pasada semana anunció que acudirá al rescate del fondo estatal de liquidez autonómica, ya tiene un impacto directo en los servicios públicos financiados por el Gobierno catalán. La Generalitat no podrá hacer frente este mes a los pagos de los conciertos que mantiene con hospitales, escuelas, residencias, entidades sociales, centros de menores tutelados y talleres ocupacionales. Se trata de los servicios prestados por entidades, públicas y privadas, financiadas por la Generalitat pero cuya gestión no depende de ella.

El Departamento de Economía se negó este lunes a cuantificar el importe exacto del impago, que asciende a varios cientos de millones de euros. Solo en los hospitales públicos concertados, que atienden a algo más de la mitad de la población catalana, la Generalitat dejará de pagar este mes 345 millones de euros. A esto se añadirían unos 70 millones en servicios sociales y siete más en escuelas, según cálculos del sector y de este diario hechos a partir de los presupuestos de los Departamentos de Bienestar Social y Educación. La Generalitat se ha comprometido a retomar los pagos el próximo mes de agosto, aunque no se ha querido comprometer a una fecha para saldar la deuda pendiente de julio.

La noticia de que la Generalitat no podría hacer frente a sus compromisos este mes fue confirmada este lunes tras varios días de negociaciones con las entidades afectadas. Fuentes de los Departamentos de Salud y Bienestar Social explicaron que Economía informó hace diez días que “no podría hacer frente a los pagos este mes”. Bienestar Social, no obstante, ha asegurado que sí pagará las pensiones no contributivas o la renta mínima de inserción.

Los impagos se cebarán especialmente con las entidades sociales, un sector mucho más atomizado, con unas 7.500 asociaciones y empresas y hasta 100.000 trabajadores. Las federaciones que las agrupan alertan —después de una reunión de urgencia con Bienestar Social— de que muchas de ellas están al borde del “colapso” en una situación “que no tiene precedentes”. Y es que a este impago se añade a otros recortes que han afectado este año al sector, como el 56% del presupuesto en políticas de inserción laboral.

Esta última semana muchas residencias han apurado para buscar fórmulas para sortear la crisis de liquidez. Josep Serrano, director de la Fundación para la Atención a las Personas Dependientes (con un centenar de trabajadores y 150 usuarios), asegura que echará mano a créditos bancarios para poder pagar las nóminas. Isabel Gutiérrez, directora de la Residència Salarich Calderer de Bagà (Girona), no puede acudir a las entidades bancarias, pero asegura que retrasará el pago a sus proveedores —suministros eléctricos o material— porque “la prioridad son las nóminas de nuestros trabajadores”. Para la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra) estos casos pueden ser minoritarios y calculan que un 63% de empresas del sector no podrán pagar las nóminas de este mes. Para aliviar este ahogo, Acra ha pedido ayuda a las familias, proponiéndoles que adelanten un par de meses las cuotas.

Las escuelas concertadas también se verán afectadas, aunque en menor medida. Las nóminas de los profesores están aseguradas, ya que las paga directamente la Generalitat. Lo que no abonará es la parte del concierto —cerca del 10%— destinado al mantenimiento y gastos corrientes. Pero aquí, alertan los centros, se incluyen las nóminas de hasta 3.500 trabajadores no docentes, como personal administrativo o de limpieza. Las patronales de la escuela concertada advierten de que se trata de otro azote a su maltrecha economía, ya que arrastran retrasos endémicos de dos meses (que ahora se duplicará) en el pago de los conciertos, cosa que ha llevado a alguna escuela a acumular deudas de hasta 150.000 euros, financiadas a base de créditos.

Esta no es la primera vez que la Generalitat se ve obligada a aplazar el pago de los conciertos. Ya sucedió el pasado mes de septiembre, cuando solo pudo hacer frente al 65% del importe y el resto se abonó a finales de año.