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El juez retira el pasaporte a los dos últimos exdirectores de la CAM

Roberto López Abad niega al magistrado cualquier responsabilidad en la caída de la caja

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez acordó este jueves retirar los pasaportes a los dos últimos exdirectores generales de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós y Roberto López Abad, según confirmó el abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación popular contra la excúpula de la extinta entidad. Gómez Bermúdez ha prohibido a ambos exdirectivos salir de territorio nacional, con la obligación de presentarse cada 15 días en comisaría o en el juzgado.

Para los otros tres implicados en la causa, el expresidente del consejo de administración, Modesto Crespo, el exdirector de recursos, Vicente Soriano, y el exdirector de planificación, Teófilo Sogorb, el magistrado no ha adoptado ninguna medida cautelar, pero los mantiene imputados por delitos societarios, estafa y alteración del precio de las cosas.

El juez ha acordado estas medidas a petición del letrado Diego de Ramón. El resto de partes, incluido el fiscal Anticorrupción, no ha solicitado ninguna medida preventiva para los imputados. Gómez Bermúdez concluyó en la tarde del jueves los interrogatorios a los cinco miembros de la antigua cúpula de la CAM con la declaración de Roberto López Abad.

Según las mencionadas fuentes, Roberto López, en la línea de las declaraciones de sus compañeros de la anterior dirección de la caja, rechazó ante el juez cualquier responsabilidad en el hundimiento de la entidad y se escudó en la crisis general de este tipo de entidades. También se desmarcó de los fallidos proyectos inmobiliarios en los que se embarcó la caja bajo su mandato.

Respecto a su millonaria prejubilación, López Abad, contestó al magistrado que se ajustó a la legalidad. López Abad se desvinculó laboralmente de la extinta caja un mes antes de la intervención del Banco España (21 de julio de 2011) colándose en el ERE general de la entidad y con una prejubilación de 5,6 millones de euros.

La etapa de López Abad al frente de la CAM estuvo marcada por el período de expansión de la caja al cobijo del boom inmobiliario. López Abad implicó a la CAM hasta en 66 sociedades y 104 proyectos vinculados al sector del ladrillo. Eran los años en los que la caja avalaba préstamos a constructores con un simple solar rústico a sabiendas de que en un par de años su precio se multiplicaría como consecuencia de la especulación y su recalificación.

El informe de los inspectores del Banco de España sitúa a López Abad, junto con el exdirectivo Daniel Gil (este está imputado en el caso Brugal) como el estratega de todas esas operaciones inmobiliarias. El informe destaca que Abad pactaba proyectos antes incluso de ser autorizados por los órganos competentes de la caja y de la constitución de las sociedades. Un ejemplo de esta práctica fue el macroproyecto urbanístico del Pla Rabassa (13.500 viviendas en la periferia norte de Alicante) que, según el mencionado informe, López Abad decidió “en una comida” con el socio mayoritario del proyecto, el promotor alicantino Enrique Ortiz.