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Eurovegas no quiere impuestos

La empresa estadounidense exige 10 años de vacaciones fiscales

El Ayuntamiento de Madrid estudia cómo blindarse para evitar un pelotazo urbanístico gracias a esas exenciones

Sheldon Adelson saluda en los terrenos de Alcorcón.
Sheldon Adelson saluda en los terrenos de Alcorcón.

El jugador planta una o varias cartas sobre el tapete, boca abajo, y canta su mano. “¡Dos ases!”, por ejemplo. Si el siguiente decide creérselo, debe añadir alguna más y subir la apuesta: “¡Y otro as!”. Si opta por desconfiar, debe en su lugar levantar las cartas del otro. Si estas no se corresponden con las que había proclamado, gana. Este tradicional juego de naipes se conoce como el mentiroso. Convendría enseñárselo a los responsables de la empresa estadounidense Las Vegas Sands. Su consejero delegado, Michael Leven, afirmó la semana pasada, de visita en España, que él no apuesta jugando al póquer desde que le desplumaron en la universidad. Pero a tenor de lo visto y escuchado durante ese viaje, tal vez en lugar de enseñarle a jugar al mentiroso, habría que aprender de él.

Preguntado por este diario durante su ajetreado día en Madrid, Leven aseguró: “No, no hemos pedido una rebaja de impuestos municipales”. Antes, en su discurso (que no leyó a los periodistas por falta de tiempo: tenía una visita privada al museo de El Prado), había insistido sin embargo en su mensaje a las autoridades españolas: “Es necesario que se produzcan una serie de cambios legislativos”. Supeditaba así la construcción del macrocomplejo de ocio y juego conocido popularmente como EuroVegas a una reforma legal que ni su empresa, ni el Gobierno central (PP), ni las dos comunidades autónomas implicadas en las negociaciones, Cataluña (CiU) y Madrid (PP), han explicado a los ciudadanos. Leven, magnánimo, añadía: “Esperamos que cualquier cambio realizado se aplique a todos por igual”.

Según fuentes conocedoras de estas negociaciones, los promotores de EuroVegas sí han exigido unas vacaciones fiscales de entre el 80% y el 90% de los impuestos municipales correspondientes durante 10 años.

Un proyecto rebajado

Decisión en septiembre... o antes

Las Vegas Sands ha prometido anunciar su decisión el 1 de septiembre, pero podría ser antes, incluso en julio, según fuentes conocedoras de las negociaciones. La semana pasada, su consejero delegado, Michael Leven, explicó que el factor fundamental será la adecuación de los terrenos ofrecidos para el proyecto. En Madrid hay tres candidatos: Alcorcón, proclamado como favorito por la Comunidad hasta que una sentencia le dejó corriendo a la pata coja; una finca entre Torrejón de Ardoz y Paracuellos del Jarama, tan verde que ni tan siquiera tiene precio; y Valdecarros, en la capital.

Este último emplazamiento cuenta con la ventaja de que, al contrario que a Alcorcón, el Gobierno podría llevar el AVE hasta allí. Juega en su contra la cercanía de Valdemingómez. En su reciente visita, los directivos de la empresa visitaron el vertedero con el concejal de Medio Ambiente, Antonio de Guindos. Nada más bajar del autobús, lo primero que hicieron fue inspirar a pleno pulmón. Parecieron satisfechos. En contra también, el precio del suelo, más alto que en Alcorcón. Pero, según Leven, no es un factor clave.

El pasado otoño, la empresa estadounidense dirigida por el magnate Sheldon Adelson mantuvo una decena de reuniones con representantes del Gobierno (entonces en manos del PSOE), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital (dirigido entonces por el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón), en las que presentó su oferta y sus condiciones. Prometió invertir entre 15.000 y 18.800 millones de euros de 2011 a 2022, una estimación que Adelson elevó verbalmente en abril hasta los 26.690 millones. En su visita a Madrid y Barcelona de la semana pasada, el Consejo de Administración de la compañía rebajó sin embargo el proyecto considerablemente: por ahora, los 12 casinos se quedarían en tres o cuatro (cada uno cuesta presuntamente entre 1.910 y 2.900 millones), y ellos solo pondrían un tercio del dinero, el resto tendrían que financiarlo los bancos (dijeron haberse reunido con más de 40, algunos españoles).

El proyecto inicial de EuroVegas prometía crear 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos durante las fases de construcción (que empezaría “lo antes posible”) y de puesta en funcionamiento de los casinos (a partir de 2016). Este cálculo requería eso sí que se llegaran a levantar los 12 resorts planeados, con 36.000 habitaciones en total. Sin embargo, el consejero delegado de Las Vegas Sands, Michael Leven Leven, apuntó la semana pasada que su empresa cuenta en la actualidad con 20.000 habitaciones en los casinos de Las Vegas (Estados Unidos), Singapur y Macao (China), que suman en total 40.000 empleos.

¿Cuáles eran sus exigencias? Flexibilizar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería; dos años de exenciones en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y de todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado garantizara un préstamo de 25 millones de euros que se pediría a la Unión Europea; la construcción de nuevas infraestructuras (metro, cercanías, carreteras, AVE); cambios en la ley antitabaco y en la norma de prevención de blanqueo de capitales; etcétera.

Las negociaciones avanzaron esos meses merced al entusiasmo del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre (PP) y del entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián (PSOE), pero con la incertidumbre de un posible cambio en La Moncloa. El PP ganó efectivamente las elecciones en noviembre, y el nuevo secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, cogió el timón de las conversaciones. “En nuestra primera reunión les dije que las leyes eran para todo el mundo y que no se iban a hacer excepciones. Lo entendieron”, asegura García-Legaz a este diario.

La artimaña de Google

Así que los cambios normativos exigidos por EuroVegas se circunscribieron entonces fundamentalmente a soslayar la prohibición de fumar en los casinos; las peticiones en materia laboral se allanaron con la reforma aprobada por el PP (más ventajosa para sus intereses, según Adelson, que la ley estadounidense); y para los impuestos estatales se buscó la misma fórmula que emplean ya Google o Apple, por ejemplo, que facturan a través de filiales en Irlanda para ahorrárselos.

Respecto al tabaco, los promotores de EuroVegas quieren contar en sus casinos con zona de fumadores, algo que prohíbe la ley aprobada por el PSOE en 2011. Aguirre dio por hecho la semana pasada que ese veto “evidentemente se cambiará”, pero pocas horas después la ministra de Sanidad, Ana Mato, defendió la ley, mostrándose dispuesta en cualquier caso a “escuchar todos los argumentos”.

Aguirre solicitó en mayo al Gobierno “la regulación de una excepción a la prohibición de fumar en los establecimientos de juego, habilitando zonas para fumar con las debidas condiciones técnicas”. El Ejecutivo baraja ahora dejar esa posibilidad en manos de las autonomías.

En cuanto a los impuestos municipales, la empresa mantiene su exigencia inicial de contar con una bonificación durante 10 años que oscilaría entre el 80% y el 90% del total. El mayor ahorro se produciría en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Pero también afectaría al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos (IVTNU).

Millones de euros de IBI

El mayor ahorro provendría del ICIO, que está en manos del Ayuntamiento perdonárselo hasta en un 95% mediante una declaración de especial interés para EuroVegas. Valga a modo orientativo con decir que el impuesto supone el 4% del presupuesto original de la obra.

También sería importante el ahorro correspondiente al IBI. Las Vegas Sands proyecta comprar entre 800 y 1.000 hectáreas de terrenos. El aeropuerto de Barajas, con cuatro veces más superficie, paga 44 millones al año, aunque con un tipo menor por ser infraestructura pública.

Sin embargo, el Ayuntamiento no puede perdonar este impuesto, para ello necesitaría de un cambio de la ley estatal de Haciendas Locales, circunstancia que también afecta a las bonificaciones exigidas en el IAE y el IVTNU.

Este último merece un capítulo aparte. El conocido popularmente como impuesto de plusvalía grava el incremento potencial en el valor de un terreno entre el momento de la compra y el de la venta (que es cuando se abona). Pero lo paga el vendedor, no el comprador. ¿Para qué desea entonces esa exención la empresa estadounidense, que en principio solo pretende adquirir terrenos para su proyecto?

Evitar un posible pelotazo

Según Las Vegas Sands, el complejo de ocio y casinos precisaría de unas 300 hectáreas para albergar todos los hoteles, centros de convenciones, áreas comerciales, teatros, restaurantes, campos de golf, etcétera. Sin embargo, su proyecto pasa por comprar entre 800 y 1.000 hectáreas en Valdecarros (Madrid), Alcorcón o Barcelona.

Las 700 hectáreas restantes se dedicarían a servicios complementarios de apoyo al complejo, según han explicado los promotores del proyecto, que exigen para ello poder disponer del suelo como mejor les convenga (es decir, que se recalifique a la medida de sus necesidades).

El Ayuntamiento de Madrid teme que planeen comprar terrenos a un precio relativamente bajo para venderlos mucho más caros. Pero, sobre todo, teme que en esa operación se ahorren además el impuesto de plusvalías, merced a la exención fiscal que ahora exigen. Por ello, está estudiando las fórmulas legales para evitar ese posible pelotazo urbanístico.