Las comparecencias de los ERE serán tras los congresos de PSOE y PP
La comisión de investigación durará hasta finales del mes de septiembre
Ni seis meses como quería el Partido Popular ni dos como pretendía el PSOE. La comisión de investigación sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos durará tres meses, como ya avanzó hace días Izquierda Unida, el grupo minoritario del Parlamento andaluz, convertido en árbitro plenipotenciario en una Cámara compuesta por 50 diputados del PP, 47 del PSOE y 12 de IU.
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Ni seis meses como quería el Partido Popular ni dos como pretendía el PSOE. La comisión de investigación sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos durará tres meses, como ya avanzó hace días Izquierda Unida, el grupo minoritario del Parlamento andaluz, convertido en árbitro plenipotenciario en una Cámara compuesta por 50 diputados del PP, 47 del PSOE y 12 de IU.
Después de su constitución formal la pasada semana, la comisión de investigación inició ayer su andadura para aprobar un reglamento interno y marcar los plazos de su duración hasta el próximo 30 de septiembre, periodo que se puede ampliar, según afirmó el presidente de la comisión y vicepresidente segundo del Parlamento, Ignacio García (IU).
Los socialistas pretendían acelerar al máximo los trabajos para empezar el curso político con esta papeleta ya resuelta. La comisión trabajará, si como se espera lo autoriza la Mesa de la Cámara, los meses de julio y agosto, considerados inhábiles, y las comparecencias comenzarán a partir del 23 de este mes. En esa fecha ya se habrán celebrado los congresos regionales del PSOE andaluz y del PP, previstos en los dos primeros fines de semana de julio, respectivamente.
Este viernes a las dos de la tarde termina el plazo para que los partidos registren el listado de personas que quieren que acudan a la comisión. El PP hace meses que ya lo desveló. Pide que hasta un total de 24 personas desfilen por la Cámara, entre ellas, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien dirigió la Consejería de Economía y Hacienda durante 2004 a 2009 —el periodo investigado abarca desde 2001 a 2010— y su antecesor, Manuel Chaves. En esta lista, figuran otros 11 consejeros o exconsejeros de la Junta de Andalucía, entre los que figuran los responsables de la Consejería de Empleo cuando ocurriendo los hechos. Por este caso está en prisión, sin juicio, el exconsejero Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
Ignacio García (IU) estima que el número de personas que acuda a declarar alcanzará el medio centenar
El PSOE no ha desvelado por el momento cuál será su planteamiento. Griñán ya ha dicho que le gustaría acudir a declarar para despejar algunas cuestiones que, en su opinión, no se ajustan a la verdad. García estima que el número de comparecencias puede alcanzar el medio centenar.
Los trabajos de la comisión, la primera que se crea en el Parlamento andaluz en 17 años, se celebrarán a puerta cerrada, pero las comparecencias serán abiertas a los medios de comunicación y retransmitidas por el circuito interno de televisión del Parlamento, que también se puede seguir por Internet.
Lo primero que hará la comisión será pedir documentación de un caso que acumula en el juzgado de Sevilla que lo instruye más de 200.000 folios.
Aunque según el presidente de la comisión el tono de la primera sesión fue “cordial”, en las ruedas de prensa posteriores cada portavoz acentuó las diferencias. Así, Carlos Rojas (PP) denunció a PSOE e IU, socios de coalición, de poner “vetos y obstáculos” para que se conozca toda la documentación. La socialista Antonia Moro reprochó a los populares que lo que persiguen es “hacer ruido” alargando la investigación hasta diciembre. José Antonio Castro (IU) dijo que su grupo marcará un “ritmo propio” ante las prisas “razonables” del PSOE y la “pausa dilatoria” del PP, informa Efe.