Las víctimas de excesos policiales podrán reclamar a partir de julio

Las personas que consideren que sufrieron vulneraciones de derechos humanos entre los años 1960 y 1978, distintas a las del terrorismo, y en el contexto de la violencia de motivación política, tendrán desde el martes a su disposición el instrumento para verse por fin resarcidas. Y a partir de julio podrán presentar sus reclamaciones.

La herramienta es el decreto que el Gobierno aprobará el martes y que ayer presentó la consejera de Justicia, Idoia Mendia, a los integrantes de la ponencia que estudia estos casos. En su mayoría se trata de víctimas de excesos de agentes de la ley,en ejercicio de sus funciones o fuera de servicio, amparados por la dictadura o los déficits de la transición.

En ese periodo murieron 62 personas, en su inmensa mayoría sin ninguna relación con el terrorismo, unas de modo fortuito —hubo quien recibió un disparo mientras miraba unos incidentes desde su ventana—— y otras intencionado. Entre ellas están las víctimas de los disparos policiales el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, ya reconocidas y que no recibirán la misma compensación que las demás. Otro número indeterminado, que no se sabrá hasta que lleguen las solicitudes, sufrió heridas y secuelas de alcance.

Quienes recibieron ya compensación tendrán obligación de declararlo

El decreto alcanza también a víctimas de hechos perpetrados por elementos aislados de extrema derecha (no las de grupos organizados como la Triple A, el Batallón Vasco Español o después el GAL, incluidas ya en Ley de Víctimas del Terrorismo).

Dado que en la ponencia no participa el PP, Mendia ha tenido informado a ese partido a través de su secretario general, Iñaki Oyarzábal, según desveló. Otro tanto ha hecho con el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, y con el propio Ejecutivo central. Este vio numerosos flancos débiles, cuestiones de incompetencia e incluso motivos de inconstitucionalidad en el borrador inicial, por lo que Mendia resaltó las correcciones de orden técnico y jurídico que el Gobierno realizó sobre él, para evitar cualquier recurso que pudiera dar lugar a la nulidad del decreto. “Es un primer paso para la reparación integral” de esas víctimas, de las que Mendia resaltó el silencio en que han permanecido en su gran mayoría todos estos años. También recordó que el decreto nace de un mandato parlamentario que el PP respaldó.

La principal novedad sobre el borrador presentado en febrero es que el texto definitivo incluye el derecho a indemnización, aunque en cuantías menores, de los familiares de personas con secuelas amparadas por el decreto que hayan fallecido ya.

Quienes hayan recibido antes algún tipo de compensación económica tendrán obligación de declararlo y esas cantidades se descontarán de las nuevas. Mendia calculó que en un mes estará lista la Comisión Evaluadora, que recibirá las solicitudes, las examinará y comprobará y dará o denegará las ayudas. Entre los beneficiarios estarán los familiares de las dos últimas víctimas de la pena de muerte de la legalidad franquista, que abolió la Constitución, ambos miembros de ETA.