El Ayuntamiento de Madrid adeuda siete meses de facturas a las escuelas infantiles

Pagará los recibos pendientes de 2011 gracias al plan de ajuste del Gobierno, pero no se pondrá al día al menos hasta 2014

El plan de ajuste aprobado por el Gobierno local (PP) de Madrid el pasado 10 de mayo le permitirá acogerse al mecanismo de pago habilitado por el Ejecutivo central (PP) para que municipios y comunidades autónomas abonen todas sus facturas atrasadas. La capital requerirá a los bancos un total de 1.003 millones de euros para poner al día todos sus recibos pendientes de 2011, cantidad que deberá devolver a lo largo de los próximos 10 años.

Entre aquellos que recibirán al menos parte del dinero adeudado se encuentran las empresas que gestionan la mayoría de escuelas infantiles y asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de la ciudad. El Ayuntamiento sólo administra directamente dos centros; los otros 53 están cedidos a sociedades anónimas (3) o limitadas (34), a cooperativas (12) y a fundaciones (4).

En la actualidad, abona las facturas a 150 días (cinco meses), “un plazo más reducido que con otros proveedores”. Eso según los responsables del área. En realidad, se abonan a 210 días (siete meses); el plazo sí que es más reducido que la media, que era hasta ahora de 250 días (casi nueve meses).

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El Partido Socialista ha planteado esta mañana en la comisión municipal de Familia y Asuntos Sociales que estas empresas están “asfixiadas y no pueden pagar a sus trabajadores y asegurar el bienestar de los niños”. Según la concejal socialista Ana de Sande, el Gobierno local ha admitido que debe dos millones de euros, o lo que es lo mismo, las mensualidades de noviembre y diciembre de 2011, y todas las de este año.

El director general de Educación y Juventud, Carlos Blanco, ha asegura que las facturas de 2011 se cobrarán este mismo mes. Se abonarán eso sí merced al mecanismo de pago a proveedores del Gobierno central. Sobre las de este año, que ya no cuentan con este amparo, nada ha dicho. Ha defendido que estos retrasos no deben afectar a la viabilidad de las empresas, puesto que “todas han participado en la licitación y tienen pues unos criterios de solvencia probada”.

Y ha concluido que en 2013 se regularizará el pago a 30 días, lo que no es cierto, puesto que, según el plan de ajuste, el periodo medio de pago se mantendrá en 180 días en 2012, bajará a 90 en 2013 y sólo se ajustará a los 30 reglamentarios en 2014.

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