Las protestas por las preferentes se endurecen y alcanzan a Feijóo

Un grupo de unos 20 inversores increpan a Feijóo y al conselleiro Javier Guerra El presidente de la Xunta culpa de la situación al Gobierno bipartito

Agentes piden la documentación a los manifestantes.
Agentes piden la documentación a los manifestantes.ANXO IGLESIAS

Desde primera hora de la mañana, y llegados en su mayoría del sur de la provincia de Pontevedra, unos 300 afectados por el conflicto de las participaciones preferentes de los bancos se apostaron con sus pancartas y sus silbatos enfrente del Parlamento de Galicia, donde a las 10.00 horas se iba a tratar su problema. Alrededor de 20 pudieron seguir el debate desde la tribuna de invitados del hemiciclo. Concluidas las explicaciones del presidente de la Xunta, que atribuyó el problema a la “herencia de gobiernos anteriores”, comenzaron sus gritos. Exigieron una reunión con Feijóo, que abandonaba apresuradamente la Cámara, y la recuperación de su dinero. Con el pleno interrumpido, la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, ordenó el desalojó de los afectados.

No acabaron ahí los incidentes. El conselleiro de Economía, Javier Guerra, salió al encuentro de los afectados en los pasillos de la Cámara con la intención de aplacar sus ánimos, pero consiguió todo lo contrario. Los inversores, todos ellos de Novagalicia Banco, se arremolinaron a su alrededor y exigieron a gritos que fuera Feijóo quien les recibiese. La tensión se prolongó durante varios minutos, hasta que los afectados, después de perseguir por un corredor al conselleiro, depusieron la presión sobre Guerra para dirigirse a sendas reuniones con los grupos de la oposición. Hasta el interior de Pazo do Hórreo llegaba el alboroto que, mientras tanto, provocaban el resto de manifestantes fuera del Parlamento.

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Se calcula que casi 100.000 gallegos tienen atrapados sus ahorros en este producto financiero que proliferó en los últimos años, pero son los alrededor de 43.000 de Novagalicia Banco, que comercializó 937 millones de euros en participaciones preferentes, los que están encontrando las mayores dificultades para recuperar su dinero y los que lideran las movilizaciones. “Somos la única autonomía donde no se ha recuperado ni un euro”, protestaban ayer los afectados.

Si Guerra no logró apaciguar los ánimos, tampoco lo consiguieron las explicaciones ofrecidas por Feijóo minutos antes, en respuesta a la portavoz nacionalista, Ana Pontón. La diputada del BNG criticó la “escandalosa pasividad de los gobiernos gallego y central” y exigió al presidente que solucione “un problema político”. Feijóo defendió las gestiones realizadas por su Ejecutivo, pero se refirió al conflicto como parte de la “herencia recibida de gobiernos anteriores”. “La mayoría de las emisiones se tramitaron cuando ustedes apoyaban al Gobierno bipartito. De 1.200 millones, 1.000 millones se tramitaron y desembolsaron en esa época”, se defendió Feijóo. El presidente de la Xunta exigió a la oposición que “no vuelva a engañar” a los afectados.

Los afectados exigieron a gritos una reunión con el presidente de la Xunta

Feijóo ofreció su “compromiso como presidente” para solucionar el conflicto, con una “propuesta clara”: “Llegar a un acuerdo para devolver los depósitos a aquellos que fueron engañados por algunas entidades financieras”. El titular de la Xunta recordó que hay otros 15 bancos y cajas que suscribieron este tipo de depósitos, y afirmó que su Gobierno cumple “escrupulosamente” el acuerdo pactado con los demás grupos en el debate del estado de la autonomía. “Nos dirigimos a todas las entidades y tuvimos reuniones con todas, y nos reunimos con el fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”, relató. La Xunta, agregó, se ha dirigido igualmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España.

Aunque la pregunta del líder del PSdeG, Pachi Vázquez, trataba de la situación económica general, el presidente del grupo socialista acusó a Feijóo de ser “rehén de la banca”, y aseguró que las 14 oficinas que el titular de la Xunta aseguró haber abierto para atender a los afectados son en realidad las municipales de atención al consumidor.

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MARÍA PAMPÍN

La investigación que CRTVG comenzó tras la irrupción de más de un centenar de afectados por las preferentes en su sede se está convirtiendo en “represión a los trabajadores” del ente, denunció ayer el Comité Interempresas de la compañía con el apoyo de los cinco sindicatos con representación. La presidenta del comité, Raquel Lema, explicó que la empresa está entrevistando a empleados —“no sabemos siguiendo qué criterio”— a los que les pregunta por “dónde estaban o qué hacían” determinados trabajadores durante la ocupación.

La reacción de la dirección, que aseguró que la irrupción de manifestantes contó con la “necesaria complicidad del personal de CRTVG”, es para el comité una “acusación gravísima” con la que se pretende “echar una cortina de humo” sobre la propia responsabilidad de los jefes de la compañía. Lema indicó que, en la ocupación, algunos empleados “asumieron el papel de parapeto para mantener el cauce pacífico de la protesta” ante la “ausencia de algún responsable”. El comité cree necesaria la investigación, pero no que se “culpabilice” a los trabajadores. Pide que dos miembros del tribunal no sean jueces sino investigados, ya que son “dos de los responsables de la seguridad”. El comité, que afirma que “no se protegió” a los empleados, ha convocado una marcha de protesta el 21 de abril.

La dirección, que dice que cerrará el expediente antes de manifestarse, lamenta que el comité muestre su “comprensión con los grupos incontrolados que invadieron por la fuerza” la sede y no “repruebe” su conducta.

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