Aprobado el proyecto de ley sobre consultas populares

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles por unanimidad la tramitación del proyecto de ley de consultas populares no referendarias, después de que el PSC retirara la única enmienda a la totalidad que se había presentado. Se allana así el camino legislativo para que el Gobierno de Artur Mas pueda convocar una consulta a la ciudadanía sobre el pacto fiscal que piensa proponer al Gobierno de Mariano Rajoy, aunque esa posibilidad ha sido totalmente obviada por la vicepresidenta, Joana Ortega, en la defensa del proyecto.

Es la primera iniciativa legislativa de desarrollo del Estatuto de Cataluña que presenta el Gobierno de CiU y llega después de la Ley de Referendos que aprobó en 2010 el tripartito presidido por José Montilla y que recurrió ante el Tribunal Constitucional José Luis Rodríguez Zapatero.

La diferencia entre aquella ley y esta, o lo que es lo mismo, entre un referéndum y una consulta popular, es que esta no se regirá por el procedimiento electoral (campaña electoral, jornada de reflexión, etcétera), tampoco se considerará el censo electoral como referencia, sino el padrón municipal, y no requerirá autorización del Gobierno central. Su resultado, además, no será vinculante.

Ahora empezará el trabajo en comisión y es probable que la ley esté aprobada antes del verano por amplia mayoría de la Cámara. El PP podría parecer de entrada el partido más reacio, pero su representante, Santi Rodríguez, ha afirmado este miércoles que el proyecto le parece “jurídicamente impecable”. La discrepancia llegará seguramente dentro de unos meses si, como se prevé, la futura ley se acaba empleando para consultar a los catalanes sobre el pacto fiscal, un escenario que Rodríguez ha descartado por completo, pero que nadie duda que forma parte de la estrategia de Artur Mas para negociar un nuevo modelo de financiación.

La diputada socialista Laia Bonet ha dedicado la mayoría de su intervención a arremeter contra el proyecto de ley. Ha asegurado que es un “instrumento de propaganda política” al servicio el Gobierno de la Generalitat, ha advertido de que podría ser inconstitucional y ha remachado que todo eso “lleva a un despeñadero”, pero ha acabado retirando la enmienda a la totalidad con el argumento de que el PSC estaba dispuesto a mejorar el texto.

Las consultas populares no referendarias solo podrán ser convocadas por el presidente de la Generalitat o los alcaldes, y han de referirse a cuestiones que afecten al ámbito de la Generalitat o de los municipios, aunque el diputado Alfons López Tena, de Solidaritat, ha recordado que la jurisprudencia constitucional avala que se refieran a “cualesquiera cuestiones concretas”.

Dolors Camats (ICV) ha reprochado que, por ejemplo, se impide la convocatoria de consultas a un grupo de alcaldes o diputados. Dolors Batalla (CiU) ha repetido hasta la saciedad que esa ley forma parte del derecho a decidir de los catalanes. Pere Aragonés (ERC) ha hablado en todo momento de referendos y se ha remitido al intento de 1934 de que el Parlament promulgara una ley similar. Albert Rivera (Ciutadans) ha aprovechado que el proyecto de ley pasaba por el Parlament para arremeter contra Mariano Rajoy por “indultar a un corrupto”, en referencia al ex secretario general del Departamento de Trabajo Josep Maria Servitje.

En paralelo a la ley propuesta por el Gobierno catalán, el Parlament ha tumbado una similar presentada por el subgrupo de Solidaritat (SI), con los votos de CiU, el PP y Ciutadans, y la abstención del PSC. El diputado López Tena ha resumido la vocación de su ley, más ambiciosa que la que se ha tramitado. Entre otras cosas, perseguía que las consultas se pudieran plantear para cuestiones que no fueran competencia de la Generalitat, algo que abriría la puerta a una consulta sobre la independencia.

El debate ha sido muy descafeinado, ya que todos los grupos habían fijado su posicionamiento en el trámite anterior. Pese a haber enmendado la ley de Solidaritat, CiU se ha comprometido a estudiar parte de las propuestas de los independentistas para incluirlas, como enmienda, a la ley del Gobierno.