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El debate del modelo de país pide paso

Opiniones jurídicas difieren en la necesidad de reformar el Estatuto y también las leyes de Concierto y Cupo, o solo la LTH, para dar más poderes al Gobierno

Imagen de una de las sesiones plenarias del Parlamento vasco, en Vitoria.
Imagen de una de las sesiones plenarias del Parlamento vasco, en Vitoria.L. RICO

La reflexión sobre el modelo de organización interna de la comunidad autónoma parece, por fin, encontrar acomodo en el Parlamento y en el debate político en general. Lo que históricamente ha sido una mera apostilla de los socialistas en la predominante discusión sobre la relación de Euskadi con el Estado y la suficiencia o no del Estatuto de Gernika —habría mucho que revisar hacia dentro antes de pedir más hacia fuera, era la idea— está instalándose como polo de discusión y definición de posiciones de los partidos.

Los eventuales cambios en el modelo institucional y el reparto competencial se ha convertido en un eje de reflexión, aunque por ahora no de acción. Pero, por primera vez, ha dejado de ser un tema tangencial y está en la agenda política.

A partir de ahí, todo son incógnitas. ¿Hacia dónde y hasta dónde puede evolucionar y cuáles son las posibilidades reales de cambio? ¿Tiene o no recorrido práctico esa propuesta?

Las dificultades políticas son grandes, pero las posibilidades jurídicas existen y con distintas gradaciones: hay quien piensa que habría que empezar por el Estatuto, seguir por la de Concierto y la LTH; quien cree suficiente modificar esta última y quien ve el problema principal —un gobierno sin capacidad de influir en los ingresos fiscales— arreglable en la Ley de Aportaciones que debe renovarse este año.

Ibarra: “La técnica que atribuyó las competencias en los 80 es obsoleta”

Un primer problema radica en que “la técnica de atribución competencial de la Ley de Territorios Históricos es obsoleta”. El juicio es de voz tan autorizada como el presidente de la Comisión Arbitral, Juan Luis Ibarra, máxima autoridad judicial vasca. Aquel sistema de listar materias y funciones que se usó en los años 80, “se ha revelado insuficiente para evitar duplicidades”, señaló a EL PAÍS, en línea con su exposición en la comisión parlamentaria que estudia esa cuestión. En cambio, otras dos técnicas, “la colaboración y la coordinación, se enuncian en la LTH, pero nada más”, cuando la evolución del Estado autonómico ha demostrado su enorme incidencia “instrumental”. Muchos de los problemas que llegan a la comisión arbitral, cuyo trabajo se ha multiplicado desde el relevo del PNV del Gobierno, tienen que ver con ellas o con la planificación.

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Jurídicamente es “perfectamente posible otra distribución de competencias distinta de la que hay”, afirma el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV, Eduardo Vírgala, investigador en fuentes del derecho y en derecho autonómico. Vírgala ve dos caminos: al que llama “de recorrido largo”, que sería la modificación del Estatuto y que exigiría un referéndum posterior; otro “de recorrido corto”, la reforma de la LTH. Esta, pese al carácter “sacrosanto” del que aparece artificialmente investida, dijo en la Cámara el exlehendakari, Carlos Garaikoetxea, es una ley ordinaria y no requiere más que la constancia expresa de que se cambia.

El único límite es la sentencia 76/1988 del Tribunal Constitucional, que fijó el núcleo intangible de la foralidad, los cinco primeros apartados del artículo 37. 3 del Estatuto”. Ninguna de las dos vías de Vírgala tiene por qué tocar ese núcleo para dar más capacidad fiscal al Ejecutivo, pero más fácil aún es “explorar hasta dónde se puede llegar con la capacidad de coordinación y armonización, que es del Gobierno”.

El Ejecutivo aspira a que de la comisión parlamentaria salga “una revisión de la normativa en términos legislativos y decisiones de gestión”, según dijo el secretario general de Presidencia, Manuel Salinero. Y ello porque detrás de las ineficiencias hay “causas normativas”, aseveró.

El Gobierno espera de la comisión de duplicidades acuerdos de gestión

El catedrático de Derecho Administrativo de la UPV José Manuel Castells Castells no ve grandes males, pero, de ponerse, habría que empezar por los artículos 37 y 41 del Estatuto, dice. Seguiría después la legislación de desarrollo, la LTH y la del Concierto. Y siempre con “la espada de Damocles de la sentencia de TC que pende sobre cualquier reducción de derechos a los territorios históricos”. Castells se adentra en la crítica política y cuestiona la seriedad de plantear este debate “al final de una legislatura y sin una propuesta articulada”. Reclama, para empezar, “ideas claras y consenso, para no estar al albur de mayorías cambiantes”. “Primero falta un buen diagnóstico de lo que ha fracasado, o ha sido insuficiente o deficiente”. El ex miembro de la Comisión Arbitral aboga por un examen “competencia por competencia”, que ve sencillo, y que debe ser previo al abordaje jurídico.

Ese abordaje se realizaría luego “en varias direcciones, como con el blindaje del Concierto, para el que se modificaron cinco leyes”, ejemplifica Alberto Figueroa, el letrado que representó al Parlamento vasco en el contencioso promovido por Coalición Popular en el TC, es pesimista. “Lo veo muy difícil. Estas cosas se hacen en los momentos constituyentes y requieren un gran consenso”, que se puede perder, avisa, en más cosas de las que se piensa en primera instancia. Alguien podría cuestionar, sugiere, la paridad de los territorios en su representación en el Parlamento. Los 25 parlamentarios que aporta, independientemente de su población, cada territorio. Apunta, obviamente, al PNV y a Bizkaia, lo que originaría un indeseable choque: la resistencia de Álava sería total, adelanta el ex diputado general del PP en ese territorio, Ramón Rabanera, y actual senador. A su juicio, hay un riesgo añadido ante esta hipótesis y consiste en que si desde Euskadi se abre la puerta a cambios en el modelo consensuado hace veinte años, por esa misma puerta tratarán de encontrar entrada quienes desde fuera quieren “poner en cuestión el Concierto y el cupo”.

Más recursos forales a la Comisión Arbitral

El significativo aumento, en los últimos tres años, del trabajo de la Comisión Arbitral, el órgano extrajudicial encargado de dirimir conflictos de competencias entre instituciones de la comunidad autónoma, es un exponente de las dificultades de un modelo cuyas fallas ha tapado en buena parte el hecho de que un mismo partido, el PNV, haya estado al frente de Gobierno y Diputaciones.

Desde la llegada del PSE-EE al Ejecutivo se han presentado casi la mitad de las cuestiones de competencia —las que atañen a proyectos o proposiciones de ley o de norma foral— que la Comisión Arbitral ha dirimido en toda su historia: 14 de un total de 31. Es decir, en estos tres años se le ha creado el 45% del total de su trabajo desde 1997 en ese capítulo. La Comisión Arbitral ha analizado también desde sus inicios 10 conflictos de competencias. Esta figura se destina a las disposiciones, resoluciones o actos del Gobierno y de las Diputaciones.

El dato es revelador y de él caben al menos tres conclusiones: o el sistema no funciona cuando hay distintos partidos al frente de cada institución, o el recurso a la Comisión Arbitral es susceptible de utilizarse como factor de ralentización de la acción del Gobierno, o este Ejecutivo es especialmente irrespetuoso con las competencias forales, ya que todas las cuestiones las han promovido las diputaciones.

Esa denuncia sobre la intención de retrasar la acción del Gobierno la ha realizado el PSE-EE respecto, por ejemplo, del recurso de la Diputación de Bizkaia contra el proyecto de Ley de Cajas. En estos momentos hay pendientes de dictamen dos cuestiones: la presentada contra el proyecto de ley de Gestión de Emergencias por la Diputación de Álava y la que tiene parado el proyecto de Ley Municipal, en riesgo de quedarse sin plazo para ser aprobada en esta legislatura. De ocurrir, sería la segunda vez que las Diputaciones causan el decaimiento de esa norma.

De todos modos, un análisis de la litigiosidad ante la Comisión Arbitral indica que la mayor parte de las reclamaciones han seguido siempre ese mismo sentido. Solo nueve de las 31 cuestiones se han promovido desde 1997 desde el Gobierno. De las presentadas contra el actual Ejecutivo, seis se han saldado con la desestimación y cuatro con una estimación parcial.

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