La Generalitat negocia un crédito contra reloj para pagar a sus empleados
El Ejecutivo de Mas trata de pagar a los trabajadores públicos antes del día 31
La demora de la Generalitat en abonar la paga extra a sus funcionarios se ha convertido en un problema político de primer orden al que el Gobierno de Convergència i Unió (CiU) quiere dar carpetazo. La presión de los sindicatos, el malestar que se ha creado en los centros de trabajo de la Administración y la mala imagen exterior que da un gobierno que no puede pagar sus obligaciones ha hecho que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ordenara a su consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, que busque, cueste lo que cueste, la financiación necesaria para solventar los problemas de tesorería.
El objetivo del Ejecutivo catalán es abonar “lo antes posible” toda la paga extra y no solo el 80% de la misma, que hoy cobrarán los funcionarios. El Departamento de Economía ultimaba ayer las negociaciones para conseguir un crédito que le permita hacer frente a los pagos más inmediatos, aunque sea a un elevado tipo de interés. Fuentes financieras dieron ayer por hecho que la Generalitat firmará esta semana el crédito, por lo que podría abonar la nómina a sus empleados públicos antes de que termine el mes. Sin embargo, estas fuentes no pudieron precisar si en la operación participarán una o más entidades financieras.
El secretismo sobre las negociaciones era ayer total, pero la Generalitat esperaba conseguir, finalmente, que algún banco le abriría el grifo del crédito después de que el Banco Central Europeo realizara la semana pasada una inyección de liquidez de 500.000 millones en el sistema. “Una operación así no es inocua, tiene consecuencias”, aseguró el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, quien se mostró esperanzado de que el crédito vuelva a fluir muy a corto plazo, al menos en lo referente a las Administraciones. Otra cosa será ver las condiciones que tendrá que aceptar la Generalitat para recibir este dinero. Fuentes de Economía reiteraron que, desde que se conoció el impago de los 759 millones derivados de la disposición adicional tercera por parte del Gobierno central, el departamento se puso a trabajar para buscar otras fórmulas para atender “con la máxima rapidez” el pago a los funcionarios y proveedores.
El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, veía “complicado” hace apenas dos semanas pedir prestado a los mercados a causa de la crisis financiera. En otras ocasiones, aclaró, la crisis de liquidez se podría haber resuelto con un crédito puente. Y es que la Generalitat, que todavía no ha cubierto las necesidades de endeudamiento que fijó en los Presupuestos de 2011, puede pedir todavía cerca de 1.000 millones de euros, correspondientes a los permisos que le ha ido dando el Gobierno central. A causa de las complicaciones que halló la Generalitat, no obstante, en un primer momento optó por atrasar pagos a funcionarios y proveedores.
El Departamento de Economía, que declinó comentar el estado de las negociaciones con la banca, admitió que ha habido un “punto de inflexión” con la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de inyectar liquidez al sistema. Si consigue el crédito, la Generalitat será de las pocas Administraciones que puedan presumir de haberse hecho con una porción de ese pastel, puesto que las entidades financieras están devolviendo esas cantidades al BCE a causa de la desconfianza que existe en el mercado.
La crisis por el atraso en el abono de la paga extra se hizo especialmente insostenible la semana pasada cuando el Gobierno catalán decidió retener a los funcionarios el IRPF de la paga que todavía no había abonado. La indignación de los funcionarios trascendió las paredes de los edificios públicos, especialmente por las contradicciones en las que incurrieron los diferentes departamentos del Gobierno afectados. Mientras Gobernación hablaba en un primer momento de “error”, Economía aseguraba que la retención del IRPF se había hecho aposta para evitar complicaciones a los funcionarios a la hora de presentar la declaración de la renta. El presidente, Artur Mas, tuvo que salir a pedir disculpas a los funcionarios y se comprometió a esclarecer el origen del error. También lo hicieron otros miembros del Gobierno, como Josep M. Pelegrí, titular de Agricultura y número dos de Unió Democràtica (UDC). Ambos expresaron su preocupación por la pérdida de credibilidad del Gobierno catalán.
Pero, de momento, la búsqueda de los responsables de este problema no ha tenido resultados públicos. El portavoz del Gobierno, Francesc Homs, dio largas ayer a la búsqueda de los culpables de esta situación. “Ahora lo importante es encontrar financiación para que la Generalitat pueda hacer frente a sus obligaciones, ya habrá tiempo de buscar responsabilidades”, dijo.
La sesión del Gobierno de ayer también sirvió para que el Ejecutivo catalán diera al Partido Popular, su socio preferente durante el último año, lo que le había estado exigiendo insistentemente: el cierre de alguna de las delegaciones que la Generalitat tiene en el exterior, concretamente la de Buenos Aires. La medida, más que buscar el ahorro, es el peaje político que ha tenido que pagar CiU para que el PP vuelva a sentarse a la mesa de la negociación para los Presupuestos de 2012. La noticia del cierre de la delegación de Argentina, adelantada por EL PAÍS, llegó acompañada de la promesa de que a partir de ahora la acción exterior de la Generalitat se centrará en la promoción económica más que en el campo político.
