Petro ya tiene en su poder el borrador de “paz política” en Venezuela tras las elecciones presidenciales

Gustavo Petro visitó a Nicolás Maduro hace unos meses en Caracas. El presidente de Colombia puede ser muy franco y directo cuando no quiere perder el tiempo, pero la actitud de Maduro en el Palacio de Miraflores, el edificio neoclásico en el que descansa el poder casi absoluto del sucesor de Hugo Chávez, no invita a la precipitación. Ahí dentro se despliega el arte de la diplomacia en toda la extensión de la palabra. El chavismo es especialmente sensible y cualquier adjetivo de más o de menos puede echar al traste una conversación. En cualquier caso, Petro le vino a decir a Maduro que la situación política en Venezuela era insostenible y que si quería su apoyo, el de Lula da Silva y Gabriel Boric debía emitir una señal de normalidad democrática. “Yo propongo un pacto por la paz”, dijo Petro, según fuentes consultadas por EL PAÍS. Maduro no se lo pensó mucho y respondió: “Haga la propuesta y la miramos”.

Petro y Lula, presidente de Brasil, se encontraron en Bogotá y hablaron de este asunto. Lula dio su ok. Petro lo anunció públicamente unas horas después en rueda de prensa conjunta, donde habló de una suerte de “plebiscito” paralelo a la votación que garantizase que se respetarían los derechos de todos los candidatos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, unos comicios que se si celebran con garantías democráticas existe la posibilidad real de que la oposición venza al chavismo. Desde ese momento en el que Petro lanzó esa idea, el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, se puso manos a la obra. Su labor ha durado semanas. Fruto de ese intenso trabajo nació un borrador que ha sido enviado a Bogotá y que ya han visto el propio presidente, su mano derecha Laura Sarabia y el canciller, Luis Gilberto Murillo, de acuerdo a dos fuentes que han confirmado este hecho.

¿Qué queda ahora? Enviar esa propuesta a Maduro y que él la valore. En las circunstancias actuales parece poco probable que el chavismo se comprometa a firmar algo así. En la práctica supone asegurarle a la comunidad internacional que si la oposición gana las elecciones ellos abandonarían el poder sin retorcer la Constitución venezolana ni ejercer represión ni violencia. En estos últimos meses, el Gobierno de Maduro, que controla la rama judicial, entre otras muchas, ha emitido señales ambiguas. Por un lado, ha permitido que compita Edmundo González, un diplomático de 74 años que representa a la líder de la oposición, la muy popular María Corina Machado. Por otro, encarcela a seguidores de Machado y, en un acto que tiene algo de infantil, cierra restaurantes y hoteles que han atendido a Machado durante su gira por Venezuela. Algunos son puestitos humildes en los que se venden arepas.

El documento, en un principio, estaba redactado con la intención de que fuese un plebiscito que se votase el mismo día de la elección. Estaba compuesto por una serie de preguntas que, en esencia, resolvían la conflictividad política del país. Es un asunto de dos vías. Por un lado, si gana el chavismo se compromete a no perseguir a la oposición, como ha hecho intermitentemente durante estos años. Y si lo hace la oposición, no habrá represalias contra el oficialismo ni persecuciones judiciales. Se pondría en marcha una palabra que espanta al chavismo pero que siempre está presente en cualquier conversación: La Transición.

Sin embargo, en la Cancillería colombiana piensan que no hay tiempo material para organizar algo de ese calibre y que lo mejor es que las partes, principalmente Maduro y González Urrutia, se sienten y firmen un acuerdo político. Rengifo consultó rectores de universidad, analistas clave de la realidad venezolana y representantes de los empresario -los nombres de las personas que participaron no se va a explicitar por temor a que sufran represalias-. Además de a las embajadas de Brasil, Chile y México. Rengifo no quiso participar en esta información. Sin embargo, este periódico ha sabido que el documento que él redactó incluye cinco puntos que abordan aspectos sobre las sanciones, las inhabilitaciones de cara los próximo comicios, la reinstitucionalización del país y la defensa del Esequibo, así como el seguimiento de la implementación -muchos de estos puntos venían recogidos en el acuerdo de Barbados pero no han terminado de implementarse-. De firmarse este acuerdo, los venezolanos lo refrendarían en una consulta popular el mismo día de las presidenciales. El Consejo Nacional Electoral podría maniobrar técnicamente con este nuevo escenario si se acuerda antes del 10 junio, unas seis semanas antes de la fecha de los comicios, de acuerdo a expertos electorales consultados.

El texto que pasa de mano en mano estos días en la Casa de Nariño, la residencial presidencial colombiana, puede ser un documento clave en un proceso de cambio. O, de no aceptarlo Maduro, convertirse en algo irrelevante. En Venezuela ahora se juega a todo o nada.

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