En una habitación diseñada para atender a los soldados heridos en la guerra solo se ven los restos de una paloma que murió hace meses. Las paredes de cemento están sucias, llenas de grietas, salpicadas de excrementos de animales y con muchos grafitis. No hay camillas ni medicamentos, no hay doctores ni enfermeros, no hay máquinas para terapias de recuperación. Lo que debía ser un gran hospital de última tecnología para atender a más de 1.000 militares víctimas de minas antipersona y discapacitados es una obra casi en ruinas que le costó al Estado colombiano, a todos los ciudadanos, 34.800 millones de pesos colombianos de 2014 (unos 55.000 a precios de 2023, o alrededor de 12 millones de dólares), dinero suficiente para financiar el programa de alimentación escolar de 116.000 niños en 2023. Por ello, la Contraloría ya embargó los bienes y las cuentas bancarias de dos generales, dos coroneles, dos mayores y un capitán.

La obra, ubicada en el Cantón Caldas en la localidad de Puente Aranda del centro de Bogotá, debía entrar a funcionar el 31 de diciembre de 2014, según el contrato interadministrativo No. 1441 del 23 de diciembre de 2013 que el Ejército firmó con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, para que se encargara de la construcción.

EL PAÍS visitó las instalaciones en la primera semana de enero de 2023, ocho años después de la fecha acordada para la entrega, y la construcción estaba detenida y sin terminar. “Esto quedó en el abandono desde 2019″, dice un funcionario del Ejército que prefiere no dar su nombre. Y añade: “El contratista que estaba construyendo el hospital dejó de pagarles el sueldo a los obreros y a las personas de seguridad que cuidaban el proyecto”. Los trabajadores decidieron cobrarse los salarios que les debían con las pocas cosas de valor que había en la obra: cables de electricidad, algunas tuberías, materiales de construcción. “Este hospital se lo han robado de todas las formas”, concluye.

La situación es tan grave que la Contraloría General de la República emitió el 26 de diciembre de 2022 un auto que decreta medidas cautelares por detrimento patrimonial de 30.595 millones de pesos a siete militares de alto rango, a los que señala de ser los presuntos responsables de la pérdida de dineros públicos. De acuerdo con el documento de la Contraloría, las obras del Centro de Rehabilitación Funcional del Batallón de Sanidad “no fueron terminadas e incluso presentan deficiencias constructivas y de diseño que ponen en riesgo su estabilidad estructural”. En la visita a la obra se comprueba que mucho de lo construido está en mal estado, con desniveles, grietas profundas y muros a punto de caer.

Según los diseños hechos por la empresa española Idom Ingeniería y Consultoría S.A. el hospital debía tener 14.069 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos, más áreas exteriores de 1.469 metros cuadrados. El primer piso estaba destinado para las oficinas administrativas, la cocina y el comedor principal, algunos patios internos para recreación y los cuartos con las redes eléctricas y las calderas. En el segundo piso estarían los consultorios, las habitaciones y las zonas húmedas necesarias en la recuperación. En el tercer piso estaba prevista una enorme zona para terapias físicas y más consultorios. En el último, según los diseños, habría espacio para el “alojamiento de la tropa, catres, camarotes y baños”. También se pensó en una zona para recibir a los familiares de los soldados heridos. Nada de esto existe.

Luis Eduardo Parra, el contralor delegado para el sector de defensa y seguridad que está encargado de la investigación, explica a EL PAÍS que tampoco se sabe con certeza si lo que está construido cumple con las condiciones técnicas mínimas requeridas, incluso en estabilidad. Además, denuncia que no se sabe cuánto dinero adicional ni cuánto tiempo se necesitan para culminar el proyecto. Cálculos preliminares señalan que se requieren al menos 30.000 millones más.

Los embargos a siete militares de alto rango

En el documento de la Contraloría queda explícito que el contrato entre el Ejército y la Agencia Logística no cumplió con su finalidad: “Prestar atención médica especial, física y emocional, al personal militar en condición de discapacidad víctima del conflicto”. Por eso, el ente de control ha decidido embargar los bienes inmuebles y las cuentas bancarias de los siete implicados. Esta medida busca “el resarcimiento de los perjuicios derivados del ejercicio irregular de la gestión fiscal y la preservación del patrimonio público”, según la contralora delegada de la unidad de responsabilidad fiscal Gina Catherine Amaya, quien firma la resolución.

Uno de los presuntos responsables es el mayor general Fernando Pineda Solarte, quien comandó la segunda división del Ejército entre el 17 de marzo de 2014 y el 2 de septiembre del mismo año, fue jefe del Comando de Transformación Ejército del Futuro en 2016 y antes del Batallón de Ingenieros Militares del Ejército Nacional. Según la Contraloría, el general Pineda está vinculado al proceso en calidad de “ordenador del gasto para el periodo en que ocurrieron los hechos”. Le embargaron dos cuentas de ahorro.

Pineda Solarte afirma en diálogo con el EL PAÍS que es inocente de la presunta responsabilidad fiscal que se le endilga. “No adjudiqué el contrato de obra, ni de interventoría, como tampoco tuve bajo mi cargo el seguimiento en todo este tiempo de las obras de construcción del proyecto”. Sin embargo, Pineda firmó modificaciones al contrato inicial, que ampliaron los plazos y facilitaron el desembolso de más de $22.000 millones de pesos a la Agencia. Pineda insiste en que apelará la decisión que le embargó las cuentas.

A la coronel Ligia del Rosario Maldonado también le embargaron las cuentas y los bienes por estar vinculada en calidad de ordenador del gasto, como Pineda. A pesar de este proceso, Maldonado fue galardonada el pasado 22 de diciembre en la Noche de Honor del Ejército por su labor “en la gestión administrativa, financiera y contable en pro de la institución”. En un artículo del Ministerio de Defensa que reseña los condecorados en diciembre se escribe lo siguiente sobre Maldonado: “Siempre ha ocupado el primer lugar en la ejecución de los recursos asignados, desempeñando un planeamiento y ejecución impecables”.

La mayor Luz Mery Rangel también está vinculada al proceso de responsabilidad fiscal en calidad de “ordenador de los recursos”. La Contraloría le embargó un inmueble en Bucaramanga y dos en Bogotá, y tres cuentas de ahorro.

La Contraloría también embargó los bienes y las cuentas de general Pablo Federico Przychondny y del coronel Óscar Alberto Jaramillo, directores de la Agencia Logística cuando se firmó y se desarrolló el contrato. A Przychondny le embargó una cuenta de ahorro y a Jaramillo cinco inmuebles en Bogotá y dos cuentas. De acuerdo con la investigación de la Contraloría, en 2014 el Ejército le entregó todo el dinero para el hospital a la Agencia Logística, en lugar de ir entregando a medida que avanzaba el proyecto. A pesar de que se desembolsaron los 34.800 millones de pesos de aquel entonces (que, por la inflación, equivalen a más de 55.124 millones de pesos de 2023), la obra no fue terminada.

Los últimos dos militares vinculados al proceso son el mayor Gerardo Molina Leyva y el capitán Carlos Norvey González, supervisores del contrato interadministrativo entre el Ejército y la Agencia Logística. A ambos también se les embargaron las propiedades y el dinero.

El director actual de la agencia logística de las Fuerzas Militares, el coronel Carlos Morales, explica a EL PAÍS que a su juicio no hay detrimento patrimonial “por cuanto de la obra ejecutada, hoy la mayor inversión está representada en la estructura portante que está construida, izada y luego de estar expuesta a todas las cargas gravitacionales desde hace más de 4 años es estable y no presenta fisuras o daños visibles”. En pocas palabras, Morales insiste en que sí hay una obra, así esté lejos de ser un hospital en funcionamiento.

Cronología del desastre

En 2012 los encargados del Batallón de Sanidad del Ejército encuentran hacinamiento en las instalaciones destinadas a los procesos de rehabilitación de los soldados heridos en combate. Se dan cuenta también de que no tienen la tecnología suficiente para atender a muchos militares en condición de discapacidad.

Para satisfacer esas necesidades, el 21 de diciembre de 2012 el Ejército firma el contrato de consultoría No. 1134 con la compañía española Idom Ingeniería y Consultoría S.A. por un valor de $1.353.296.329 pesos, para que hiciera los estudios y diseños para construir el Centro de Rehabilitación Funcional.

El contrato termina en octubre de 2013. A partir de lo que propuso Idom, el 21 de diciembre el Ejército suscribe con la Agencia Logística el contrato interadministrativo No. 1441 de 2013, por un valor de $29.938.101.992 pesos. Este presupuesto incluye $28.776.607.784 pesos para hacer las obras y $1.161.494.208 pesos para la interventoría. En ese contrato la Agencia se compromete a entregar el hospital el 31 de diciembre de 2014.

El Ejército se comprometió a hacer “un pago anticipado de $11.387.101.992, los cuales se cancelarían a los 60 días siguientes al perfeccionamiento del contrato”. Al ser un pago anticipado y no un anticipo, que parece una diferencia de lenguaje, pero en realidad es una forma diferente de entregar los recursos, la Agencia no debía demostrar en qué iba a gastar el dinero para recibir los desembolsos siguientes. Así que el Ejército pagó sin siquiera preguntar su destino. Los 18.000 millones de saldo se debían pagar por separado: 12.000 cuando se hubiera ejecutado el 50% de la obra y 6.500 millones cuando se hubiera terminado y entregado la construcción.

El 17 de octubre de 2014, cuando faltaban tres meses para la entrega acordada, surgieron los inconvenientes. El Ejército y la Agencia adicionaron $4.874.815.755 de pesos, supuestamente para los vidrios y los equipos especiales del hospital, que no solo se suponía que ya estaban incluidos sino que mostrarían que la obra estaba ya en sus fases finales.

El contrato sumaba ya un valor total de $34.812.917.707 pesos, que además ya no se pagarían conforme se veían los resultados de la obra, sino que el Ejército haría un solo pago anticipado por $22.677.805.400 pesos. Es decir, desembolsaba en total $34.064.907.392, el 97,8% de valor total, sin saber cómo iba la obra.

El 1 de diciembre de 2014 se modificó de nuevo para ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2016, por dos años más, y pagar anticipadamente el saldo de $700 millones de pesos. El Ejército aceptaba una demora de dos años de un contrato que era originalmente por un año, pagar todo y no tener nada recibido.

A partir de ese momento, la Agencia Logística solicita 8 plazos adicionales hasta 2020, cuando abandona la obra a medio construir. En la actualidad, el hospital continúa sin terminar y los soldados heridos por minas antipersona no tienen un lugar adecuado para recuperarse. “Con esta historia se podría escribir un libro de tragedia”, dice uno de los militares que en hoy en día trabaja para tratar de conseguir los recursos que hacen falta para reanudar la obra.

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