Socavar la democracia

El racismo es una de las condiciones humanas más repugnantes. Todavía más cuando la acompaña un agravante: que la practiquen personas que se ubican en una especie de pedestal enfermizo que, creen, las habilita para señalar con un dedo las diferencias. La “pureza” es un concepto que, en este contexto, se alimenta con odio, resentimiento y prejuicios. Injustificable.

Pero la manera de combatirlo debe también transitar por los caminos de la racionalidad, so pena de incurrir en desproporciones. Caso perfecto el de la vicepresidenta Francia Márquez, quien ostenta una dignidad y unas responsabilidades derivadas del voto de los colombianos y cuyas tareas se costean con dineros públicos.

En ese sentido, ni a ella, ni a ningún funcionario, se le puede conceder una especie de blindaje a la opinión y su escrutinio. Muy por el contrario, deben estar los servidores públicos, con independencia del rango y nivel de sus obligaciones, expuestos a la lupa de la sociedad, a los cuestionamientos de la gente, a las inquietudes de los medios.

En tanto vicepresidenta, representa ella los intereses de todos y si, por ejemplo, en un escenario internacional se comporta de manera desobligante o se expresa de forma inadecuada, tiene que aceptar las críticas. Hechas, por supuesto, con respeto. Lo demás son insultos y calumnias que hay que rechazar de manera contundente.

Lo que no puede pasar es que haga carrera la creencia de que un comentario negativo sobre el desempeño de los funcionarios se asocie automáticamente a un ejercicio segregacionista. La impreparación de un empleado público, o su salida en falso en desarrollo de tareas legales o constitucionales, bien pueden ser puestos sobre la mesa del debate y la discusión. Fatal para la democracia que se pretenda, casi siempre con intereses políticos, graduar de racistas a quienes, con altura, plantean las falencias de quienes ejercen la función pública.

¿Cuál es el apartado constitucional o el desarrollo legal que prohíbe cuestionar a un funcionario que haga parte, por ejemplo, de una minoría o de un grupo religioso? ¿Qué tipo de democracia es aquella que obliga a los ciudadanos a comportarse como borregos, so pena de terminar empujados al ruedo del prejuicio? ¿Qué autoridad judicial puede condenar a alguien que, con razones, pone en duda el comportamiento de un funcionario?

Para nuestra mala fortuna, el escenario de las redes, y quienes las usan para defender agendas e intereses particulares, parece ahora sugerir que es mejor callar para evitar la horda de azotes virtuales. Y, de paso, incluyamos aquí de una vez a la censura. Porque tan nocivo como padecerla es practicarla, a modo de autocensura, para eludir el matoneo, nueva actividad predilecta de quienes derivan de las redes algún tipo de reconocimiento.

Aquí no hay embudos; es un asunto de doble vía: los ciudadanos a comportarse de manera decente y educada, y los servidores públicos a entender que no son el racismo, ni la xenofobia, ni el prejuicio, ni el clasismo los que necesariamente alimentan el sagrado derecho de calificar actuaciones.

De lo contrario, volvamos todos al tapabocas, pero que nos lo metan de una vez en la entrada de la garganta. Que el propósito de este 2023 sea fortalecer, con maneras y argumentos, la democracia. Jamás, socavarla.

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Retaguardia. A ningún gobierno le luce tomar atajos jurídicos, por buena que sea la intención que aliente sus decisiones. El Estado de Derecho requiere de “juridicidad total” para que lleguemos a vivir en paz, aunque difícilmente será total.

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