Columna
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El paro armado y el fantasma de Pablo Escobar

En Colombia ya no hay guerrillas que se quieran tomar el poder. En cambio, en estos cuatro años de Gobierno de Duque, sí se han reencauchado poderosos clanes de la mafia que tienen fuertes lazos con el ‘establishment’

Miembros del Ejército realizaron un patrullaje en el barrio La Sierra en Medellín, durante el paro armado del Clan del Golfo, el 6 de mayo de 2022.
Miembros del Ejército realizaron un patrullaje en el barrio La Sierra en Medellín, durante el paro armado del Clan del Golfo, el 6 de mayo de 2022.Luis Eduardo Noriega A. (EFE)

Creíamos que Colombia había dejado atrás las épocas en que los poderes armados controlaban desde la ilegalidad importantes extensiones del territorio colombiano, pero no hay tal. Bastaron cuatro años de Gobierno de Iván Duque para que volviéramos a los paros armados y a las épocas en que un solo cartel imponía su terror y su justicia privada, como en los tiempos de Pablo Escobar. El temible capo de Medellín paralizaba el país cada vez que uno de sus socios era capturado o extraditado.

Esa sensación de orfandad la sintieron muchos colombianos de nuevo la semana pasada cuando el Clan del Golfo, una poderosa organización criminal dedicada al narcotráfico, decretó un paro armado en cerca de 11 de los 32 departamentos del país, en represalia por la decisión del Gobierno Duque de extraditar a los Estados Unidos a Otoniel, su máximo jefe.

Durante cuatro días con sus noches, casi la mitad del territorio colombiano estuvo bajo el poder intimidador de este grupo narcotraficante. Pueblos de más de 100.000 habitantes vieron cómo los mafiosos cerraban sus carreteras, sus colegios, sus tiendas y eran conminados a no salir de sus casas bajo la amenaza de que si lo hacían serían ejecutados. Más de cien camiones fueron incendiados y ocho colombianos fueron ajusticiados.

Todo esto sucedió en las narices de la fuerza pública y en una región en que confluyen la primera división y la séptima división de un Ejército que es considerado como uno de los más grandes y preparados de América Latina. Son muchos los testimonios de personas que aseguran que durante los días que duró el paro armado no se vio patrullando al Ejército y que por cuenta de esa inexplicable ausencia, la población quedó a merced de los sicarios del clan del Golfo.

El presidente Duque reaccionó, pero de manera tardía. En los dos primeros días del paro armado prefirió irse a la posesión del nuevo presidente de Costa Rica y solo volvió a Colombia horas antes de que se acabara el paro para anunciar la creación de un bloque de búsqueda. Esta actitud pasiva contrasta con la rapidez con que Duque y las Fuerzas del orden respondieron al estallido social de hace un año, cuando miles de jóvenes salieron a bloquear las vías en protesta por la falta de empleo y oportunidades. Los bloqueos produjeron la reacción airada de medios, de empresarios y de varios ministros que salieron a decir que esas obstrucciones en las carreteras eran causantes de miles de millones en pérdidas económicas. Cali fue militarizada y la policía se empleó a fondo para levantar los bloqueos para restaurar el derecho a la movilidad.

Nada de eso pasó la semana pasada con el paro armado decretado por el Clan del Golfo. Pese a que era ilegal y de que impuso el horror y la muerte, no hubo indignación porque se hubiera afectado el derecho a la movilidad ni reparos airados por los efectos derivados del cierre de todas las actividades económicas en 11 departamentos del país durante cuatro días. Solo salió un comunicado de la asociación nacional de empresarios condenando el paro armado. Pare de contar.

Los paros armados fueron una demostración del poderío que llegaron a exhibir muchas de las organizaciones ilegales durante los años de la guerra contra el narcotráfico y las guerrillas. Sin embargo, luego de la firma del acuerdo de paz prácticamente desaparecieron. Volvieron a resurgir en febrero del 2020, bajo el Gobierno de Duque cuando el ELN, la última guerrilla marxista que queda en Colombia, decidió imponer un paro armado en algunas regiones, sin mucho éxito, ya que fue repelido de inmediato por la fuerza pública.

Sin embargo, en este paro armado de la semana pasada, la Fuerza Pública fue la gran ausente y quienes padecieron el horror que impuso el Clan del Golfo volvieron a sentir ese mismo temor y esa orfandad que muchos sentimos en los tiempos de Pablo Escobar.

El Clan del Golfo es producto de un país que recicla la guerra. Su jefe Otoniel se inició como guerrillero del EPL, una guerrilla que se desmovilizó en 1991. Luego pasó a formar parte de las autodefensas de Urabá, en pleno fervor del paramilitarismo. Hoy el Clan del Golfo es una poderosa organización dedicada al narcotráfico que opera en alianza con los carteles mexicanos y que al igual que la mafia de Escobar tiene fuertes tentáculos dentro del Estado con el mundo político y castrense.

Escobar mandaba a matar ministros, periodistas, jueces y policías en represalia por cada extradición que se aprobaba. Para neutralizar a la policía se inventó el plan pistola, en el que le puso precio a la cabeza de los uniformados. Pagaba 700 dólares por cada policía muerto. Así se asesinaron a cerca de 600 policías en Colombia entre finales de los ochenta y comienzos de los noventa.

El Clan del Golfo ha revivido desde el 2019 el plan pistola, es decir ha revivido el asesinato de policías a mansalva y el pago de recompensas a sus sicarios por cada uniformado muerto. En este paro armado impuesto por ellos, el plan pistola no solo fue utilizado para asesinar policías. También cayeron muertos civiles desarmados. Un chofer que no pudo llegar a su casa a tiempo porque su carro se averió en una de las carreteras del norte del país, fue ejecutado. A un niño que salió a comprar el pan en un pueblo del Caribe lo llenaron de balas hasta matarlo.

El hecho de que estemos volviendo a épocas que pensábamos ya superadas demuestra que el presidente Duque no pudo enfrentar los nuevos desafíos en materia de seguridad que surgieron luego del desarme de las Farc. Su política sigue siendo la misma que antes de la firma de paz. Siguen arrastrando la vieja doctrina del enemigo interno como si las guerrillas comunistas fueran nuestro mayor desafío.

En Colombia ya no hay guerrillas que se quieran tomar el poder. En cambio, en estos cuatro años de Gobierno de Duque sí se han reencauchado poderosos clanes de la mafia que tienen fuertes lazos con el establecimiento y que pretenden exportar su cocaína sin que nadie los moleste. El próximo presidente, sea quien sea, va a tener que ajustar a la realidad las doctrinas militares para que en lugar de seguir buscando comunistas, se despliegue una estrategia dirigida a enfrentar estos nuevos capos que nos quieren devolver a las épocas de Pablo Escobar.

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