07/11/199400:00 CET
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Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras ultiman entre ayer y hoy una alternativa completa a la reforma laboral propuesta por el Gobierno, que entregarán a todos los grupos parlamentarios como ennmiendas para su trámite en el Congreso. En la propuesta están trabajando dirigentes y técnicos de ambos sindicatos, junto a catedráticos de Derecho del Trabajo que han ofrecido a las centrales su colaboración, según indicó ayer el secretario de acción sindical ugetista, Apolinar Rodríguez.
La gestora de PSV, IGS, adeuda a la cooperativa de viviendas alrededor de 10.600 millones de pesetas, según fuentes que han tenido acceso al avance de auditoría elaborado por Arthur Andersen. La deuda, que coincide con los pagos adelantados porlos cooperativistas a IGS por "gestión" será fundamental para calcular el agujero a taponar en PSV. La cuantía del agujero dependerá de lo que UGT obtenga de la venta de activos de IGS. Fuentes de Trabajo estiman que el hueco oscilará entre 6.000 y 7.000 millones.
UGT asegura que es "un suicidio político" pretender pasar la página de la huelga del 27-E
El Gobierno admite "un tercio" de responsabilidad por el fracaso y dice que la salida de la crisis será más difícil
Los empresarios y los sindicatos coincidieron en sus críticas al presupuesto de 1994, al considerar que éste no servirá para crear empleo ni para impulsar la actividad económica. Con esta valoración concluyó ayer la primera fase de negociaciones sobre el pacto social, en la que los interlocutores sociales han mostrado serias discrepancias con el Gobierno en materia de desempleo, pensiones y en las medidas a aplicar para reactivar la economía. Mientras que las centrales expresaron su decepción y la patronal CEOE destacó que el desacuerdo ha sido la nota dominante, el secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, aseguró que la ronda ha servido para clarificar posturas.
Las dos jornadas de negociación dedicadas ayer y el miércoles por Gobierno, sindicatos y patronal a la reforma del desempleo no han permitido aproximación alguna. Anoche se cerró con un segundo desacuerdo este punto del pacto social después del producido el martes pasado con la revalorización de las pensiones. Tan sólo existe la posibilidad de que el Gobierno reconsidere algunas propuestas de los sindicatos y retoque algunos puntos.
El Gobierno expuso ayer a sindicatos y patronal las líneas maestras de una batería de medidas de bonificación fiscal -entre las que destacan las vacaciones fiscales- como oferta de política activa para crear empleo. La patronal CEOE y los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, acogieron la propuesta con la más absoluta frialdad. La CEOE calificó de "insuficientes", "irrelevantes" y "raquíticos" los incentivos fiscales que ofrece el Gobierno. UGT y CC OO, mientras, criticaron con dureza lo que consideran "el coste del pacto político" con nacionalistas catalanes y vascos, "que se va a pagar con recortes al Estado del bienestar y a las rentas de los trabajadores".
Los responsables del Ministerio de Trabajo se comprometieron ayer con los sindicatos a subir las pensiones en 1994, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo, pero desechan tomar de referencia la inflación pasada, tal y como piden UGT y CC OO . En la reunión negociadora que mantuvieron ayer, la Administración planteó también que los tipos de cotización a la Seguridad Social el próximo año sean similares a los de 1993. Es decir, que las bases mínimas de los trabajadores autónomos suban un 12%, que aumenten lo mismo que los salarios las bases del régimen general, y que los topes máximos crezcan igual que el IPC.
Los sindicatos UGT y CC OO van a pedir al Gobierno que cambie radicalmente la propuesta de pacto social. Su argumento central es que el paquete de medidas supone enormes sacrificios para crear sólo 11.000 empleos en 1994. Las centrales proponen para el próximo jueves una nueva sesión negociadora con el Ejecutivo y el Gobierno y el lunes empezarán a elaborar sus ofertas alternativas. Ayer, la ejecutiva de UGT celebró una reunión de urgencia para analizar la situación y su conclusión es que nunca se han planteado medidas "tan duras, regresivas y antisociales".
El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, planteó ayer un cambio en el sistema de revalorización de las pensiones, de forma que se incrementen según la inflación prevista, y no sobre la pasada, como en la actualidad. El ministro aseguró, por otra parte, que "hay grupos políticos, y a lo mejor algunos agentes sociales, que no están empujando el pacto social", aunque sin concretar a quiénes se refería. Sin embargo, ayer mismo fuentes de la Administración manifestaron a este periódico que la patronal CEOE está manteniendo en las negociaciones "una actitud pasiva y aliada con el PP" para que fracase el pacto y forzar a medio plazo una moción de censura contra el Gobierno.
Economía sugiere un aumento del 2,5% en 1994 El paro puede alcanzar los 3,6 millones de personas Se estima que el PIP caerá un 0,6% este año y crecerá en torno al 1,7% en 1994 y al 2% en 1995
El paro registrado en las oficinas de Instituto Nacional de Empleo (Inem) descendió en 23.572 personas en el pasado mes de julio y coloca la tasa de desempleo en el 16,4%. Esta caída, de un 0,9% respecto a junio, es la menos apreciable desde 1987. Desde entonces, el descenso del paro en julio siempre había superado la barrera de las 30.000 personas. Tanto el Gobierno como los sindicatos y la patronal coincidieron en afirmar que "estamos ante una bue na noticia" a pesar de la modestia del retroceso y la estacionalidad del trabajo veraniego". El descenso se produjo en todos los sectores productivos, con especial incidencia en los servicios (1,4%) y la agricultura (1,6%).
El presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, elevó ayer varios grados el tono de sus críticas al Gobierno. Sus acusaciones se centraron en dos puntos: las medidas de ajuste adoptadas son insuficientes para atajar el deterioro económico y el pacto social debe complementar decisiones del Ejecutivo, no sustituirlas. Según Cuevas, la afirmación del presidente del Gobierno, Felipe González, sobre la mejor disposición hacia el pacto de los sindicatos, frente a la actitud recalcitrante de la patronal indica que "el señor González es un maestro en hacer demagogia y retórica".
El secretario de política institucional de CC OO , José María Fidalgo, advirtió ayer del peligro que supone el frente anti-pacto "que se está empezando a formar, tal y como se pudo observar en el debate sobre política económica" celebrado el pasado jueves en el Congreso. Tanto, UGT como CC OO se opusieron al plan Solbes de ajuste, aunque reiteraron que es necesario alcanzar un pacto social. Por su parte, la patronal CEOE consideró insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno y solicitó la adopción urgente de otras de carácter complementario.
El descontrol del gasto público se está convirtiendo en el otro gran problema de la economía española, a continuación del desempleo. Las últimas cifras conocidas de ejecución presupuestaria revelan que el gasto público rebasará en más de dos billones la cantidad inicialmente prevista. El desvío más importante se ha registrado en las prestaciones por desempleo, que han superado en más de 800.000 millones de pesetas las previsiones de los tres últimos ejercicios.
La dura oferta de pacto de rentas que el Ejecutivo propuso el lunes a sindicatos y patronal -congelación salarial para el próximo año y pérdida de poder de compra de unos seis puntos en un trienio- no es, a juicio de las centrales, ni "equilibrado" ni "la política conveniente para crear empleo". Pero esta oposición sindical a la congelación salarial no impedirá el diálogo social, que quedó ayer sellado con un "pacto de caballeros". Las tres partes cerraron los temas a tratar y quedaron citados para el 2 de septiembre, con el compromiso de asistencia de los líderes sindicales, Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo, y el presidente de la CEOE, José María Cuevas. Los tres prefirieron enviar a sus segundos espadas a las dos reuniones de esta semana.
La peseta superó airosa la prueba de fuego de los mercados. La moneda española cerró a 83,20 pesetas por marco (10 céntimos por encinta del cierre anterior), dentro de su antigua banda de fluctuación del 6%, que ahora, tras el acuerdo de los Doce, se ha visto ampliada al 15%. La peseta utilizó esta nueva banda al inicio de la sesión, cuando marco un mínimo de 84,80 pesetas por marco, un 0,9% por debajo de su anterior límite de depreciación (84,01). Mientras la oposición política y los sindicatos creen que la ampliación de bandas no soluciona la crisis, fuentes del mercado opinan que facilita la bajada de tipos en España, siempre que ésta venga acompañada de un pacto social y un presupuesto restrictivo.
El Gobierno ha convocado a sindicatos y patronal a un encuentro urgente que tendrá lugar el próximo lunes para explicarles el contenido y alcance de las medidas económicas que pretende aprobar esta semana. Se trata de la congelación de salarios y , plantillas en la función pública y un posible aumento de los impuestos indirectos, adelantadas anteayer por el ministro de Economía, Pedro Solbes, tras el Consejo de Ministros. Otra de las medidas, la posibilidad de un recorte del gasto por desempleo, ha sido acogida con preocupación por representantes de los sindicatos.
Los dos sindicatos mayoritarios ofrecieron ayer una dispar posición de partida con vistas a la negociación del pacto social. El secretario general de Comisiones, Antonio Gutiérrez, destacó la gravedad de la crisis y la conveniencia de un pacto, para añadir que asumirían "una flexibilidad bien entendida" del mercado de trabajo que incluiría acortar los plazos en los expedientes de regulación de empleo. El secretario de acción sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, mientras, destacó que "no se puede salir de la crisis con medidas de ajuste" y dejó claro que "no se podrán iniciar las negociaciones hasta después del 30 de septiembre" para ver si los presupuestos "ofrecen garantías de reactivación".
El secretario de acción sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, declaró ayer que el Gobierno ha quebrado el diálogo social al remitir el documento de reforma laboral al Consejo Económico y Social (CES) sin haber sido debatido antes por los interlocutores sociales en una mesa de diálogo. Para Rodríguez, el Gobierno ha obrado mal respecto al procedimiento, "ya que si bien el CES tiene una función de carácter consultivo, no puede nunca sustituir el proceso de negociación".
El XI Congreso del Partido Popular, clausurado en Madrid el domingo, ha sido acogido con duras críticas por parte del PSOE y el CDS, las dos fuerzas políticas a las que Aznar aspira a robar votos en las próximas elecciones, y con fríos elogios por parte de nacionalistas catalanes y vascos, eventuales socios de un futuro Gobierno de coalición, tanto si lo encabezan socialistas como populares. Los sindicatos UGT y CC OO, que acudieron como invitados a la clausura del congreso, se desmarcaron ayer, con desigual rotundidad, de sus anfitriones. Abel Caballero, en nombre de la Ejecutiva Federal del PSOE, dijo: "Sólo oír hablar de revancha es muy preocupante, aunque sea para decir que no la habría".
José María Aznar consiguió ayer el reconocimiento de que es un interlocutor válido para los sindicatos, con la presencia de dirigentes de la UGT 31 CC 100 en la clausura del congreso popular, y a la vez el respaldo de la CEOE, a través de unas declaraciones de su presidente, José María Cuevas, en La Vanguardia. Apolinar Rodríguez, secretario de Acción Sindical de UGT, declaró que con Aznar "se han derrumbado los viejos temores sindicales" a la derecha española.
Miembros de UGT y CC OO intentaron ocupar ayer distintas oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en toda España, en lo que supone la primera medida coordinada de preparación de la jornada de huelga del próximo 28 de mayo. En la práctica totalidad de los casos, las fuerzas del orden público impidieron el acceso de los sindicalistas a los locales del organismo público, aunque no se registraron incidentes.
Los sindicatos están dispuestos a negociar servicios mínimos en transportes para la jornada de huelga del próximo 28 de mayo, según manifestaron ayer los secretarios de Acción Sindical de CC OO y UGT, Agustín Moreno y Apolinar Rodríguez, respectivamente. Además, precisaron que, al margen de este caso, tan sólo habrá servicios mínimos en las actividades que afecten a la vida, la seguridad y la salud" Por otra parte, Moreno advirtió que "como consecuencia de las declaraciones de la CEOE, el día 28 de mayo serán más necesarios que nunca los piquetes informativos".
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