Declarada inconstitucional la norma ‘antifracking’ de La Rioja
El Gobierno también lleva al alto tribunal la ley de Navarra contra la fracturación hidráulica
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado este viernes inconstitucional la ley de La Rioja 7/2013, que prohíbe el uso de la técnica de la fractura hidráulica (fracking) para la extracción de gas no convencional en su territorio. Esta ha sido la segunda comunidad autónoma, después de Cantabria, que ve anulado su intento de frenar el polémico método de explotación de hidrocarburos. Navarra también busca evitar el fracking mediante una norma propia, pero ya se ha topado asimismo con el rechazo del Gobierno, que hoy ha anunciado la impugnación de la Ley Foral 30/2013 ante el Constitucional.
La sentencia conocida este viernes señala que la prohibición de la técnica de la fractura hidráulica en todo el territorio de La Rioja contradice de manera “radical e insalvable” la legislación básica estatal. El fallo destaca la competencia exclusiva del Estado para regular la técnica de la fractura hidráulica en la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no convencionales. También indica que las competencias autonómicas sobre la protección de la salud no pueden invalidar las decisiones del Gobierno en esta materia.
El mes pasado, el Constitucional ya incidió en estos argumentos al anular la ley cántabra aprobada en abril de 2013, que consideró que invadía las competencias estatales al prohibir el fracking. A la iniciativa de Cantabria se sumaron La Rioja y Navarra, y existen proyectos legales similares para intentar frenar esta práctica en Aragón, Baleares, Valencia y el País Vasco.
La ley navarra, aprobada también en 2013, prohíbe de forma absoluta este método de explotación en su territorio. El Gobierno, como en los anteriores casos, insiste en que esta norma vulnera la normativa básica del Estado, que es el encargado de otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación cuando afecte al ámbito territorial de más de una comunidad autónoma, así como las concesiones y autorizaciones de investigación.
El Ejecutivo asegura así que la Ley Foral constituye una invasión de las competencias estatales y alega, frente a las críticas de las comunidades y de organzaciones ecologistas, que "la ley estatal en absoluto ignora la protección ambiental" de los entornos que puedan verse afectados por el fracking, una técnica que busca liberar recursos subterráneos de gas de esquisto o gas pizarra de la roca a base de inyectar agua a presión junto con arena y productos químicos.
