Ayudas para los libros de texto. Por un modelo equitativo

Todos los grupos políticos coinciden en proclamar que invertir en educación es construir futuro. Pero, a renglón seguido, en lugar de proponer juntos medidas que realmente mejoren el funcionamiento y la calidad de la educación española, se lanzan diatribas entre sí y se empeñan en usar la educación para descalificar al adversario ideológico. Y parece que el futuro de España no será boyante, a juzgar por los actuales recortes en educación, porque casi uno de cada tres alumnos no termina la enseñanza obligatoria y las evaluaciones sitúan nuestro sistema educativo por debajo de la media de los países de la OCDE.

El Ministerio de Educación y los nuevos gobiernos de las Comunidades Autónomas están adoptando en educación medidas de distinto calado, algunas con fuerte carga ideológica, exhibiendo un sorprendente desconocimiento del sistema educativo y mostrando un alto grado de improvisación, sobre cuestiones que merecerían mayor sosiego y más sentido de Estado.

Voy a fijarme en la sustitución del modelo de ayudas a las familias mediante el préstamo de los libros de texto por otro de ayudas directas a su adquisición según el nivel de renta. Ya en 1999, defendí en el Congreso de los Diputados, como ponente socialista, la gratuidad de los libros de texto, pero me opuse al modelo de préstamo y propuse que se ayudara a la mayoría de las familias para que los adquirieran, si fuera presupuestariamente inviable ayudar a todas. Esa fue la posición del PSOE, como figura en el Dictamen de la subcomisión creada al efecto (B.O. Congreso de los Diputados, D, 516, del 7 de diciembre de 1999), pero lamentablemente no fue la que adoptaron las consejerías socialistas de Educación, con la meritoria excepción del Gobierno de Asturias. Quiero recordar algunas razones del rechazo al modelo de préstamo, importado de Francia, que ya entonces se había mostrado poco eficiente y obsoleto.

Por delante de cualquier otro material didáctico, el libro de texto sigue siendo el recurso didáctico que más utilizan los docentes. También los padres lo consideran un elemento imprescindible para el estudio de sus hijos, tanto en los centros escolares como en el hogar. Ese libro no es solo para leer, como se lee una novela, sino una herramienta con la que trabajar diariamente para adquirir competencias y consolidar conocimientos. Y el avance de las nuevas Tecnologías no ha conseguido desterrarlo ni eliminar su validez e importancia.

En las conclusiones el Informe PISA del año 2000 afirma que “el grado en que los estudiantes emplean los recursos escolares (…) puede tener un impacto en el desempeño estudiantil”, en la “adquisición de las competencias básicas”. Aunque se refiere a todos los factores de trabajo escolar, el libro de texto no es el menor de ellos. Disponer del libro sólo en préstamo impide hacer un uso completo del mismo y obtener todo el proyecto educativo posible, pues, al no permitir trabajar directamente con él, dificulta el aprendizaje. Más aún, es una política contraria a la adquisición de la competencia lectora, que es uno de los principios de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y uno de los mayores déficits de nuestros alumnos en las evaluaciones PISA. Considerar el libro de texto un objeto de mera información, como las enciclopedias de antaño, contradice toda pedagogía solvente.

Como docente e hijo de docentes, aprecio el carácter individual e intransferible de un libro escolar, que es mucho mayor que en el resto de los libros, porque no sólo es objeto de lectura y reflexión, sino que el usuario ha de entenderlo y “sentirlo” como un útil de aprendizaje personal. Importa, y mucho, que los alumnos mantengan una relación activa con sus libros y que no sólo estudien ‘a partir de ellos”, sino que aprendan “con” ellos. El uso personal y creativo de esos libros favorece la motivación y el rendimiento académico. El estudiante ha de convivir diariamente durante casi un año de su vida con cada libro de texto y debe poder subrayarlo, glosarlo, remarcar textos, completar ideas…

Diferentes estudios e informes muestran que tanto los profesores como los padres se quejan, y con razón, de que los alumnos no puedan utilizar los libros en años posteriores como material de apoyo y consulta, especialmente en materias cuyo desarrollo curricular abarca varios cursos y en las que se suele hacer referencia a lo aprendido en el nivel previo. Les parece mucho más positivo que el libro de texto permanezca en poder del alumno, como un elemento de consulta, de remisión, de contraste, o de recordatorio de saberes que se pueden haber olvidado, o que conviene refrescar. En concreto, según un reciente informe del CSI-F de Andalucía, el 72 por ciento del profesorado andaluz considera que el modelo de préstamo aplicado allí impide la realización de determinadas actividades, refiriéndose en particular a técnicas de estudio básicas como el subrayado, el resumen o el esquema que implican hacer anotaciones o escribir en el propio libro. Y advierte también sobre las normas que muchos centros establecen restringiendo el uso y traslado de los libros del centro a la casa, ante la perspectiva de que tienen que aguantar cuatro cursos con los mismos ejemplares.

Además, la distribución en préstamo de libros ya usados por otros niños lleva a los padres con mayor poder adquisitivo a comprarlos nuevos para sus hijos. No sólo por las razones pedagógicas expuestas, sino por razones higiénicas y porque quieren que sus hijos estrenen los libros cuando empiezan un nuevo curso y no los lleven rotos y usados como los repetidores. Por ello, el modelo de préstamo produce que en la misma aula haya niños con libros nuevos y niños con libros viejos y ajados, porque no se pueden permitir el lujo de comprarlos nuevos; niños que pueden escribir y subrayar en el libro y niños que no pueden hacerlo, porque su libro “no es suyo”. La bienintencionada ayuda hace que compañeros que comparten los mismos medios materiales (edificio, aulas, mesas...) y humanos (profesores), se encuentren en una situación de notable desigualdad ante un elemento fundamental, el más personal, de trabajo. Semejante efecto discriminatorio entre los alumnos del mismo grupo por razón de su capacidad económica pervierte este modelo de ayuda.

Ahora bien, la alternativa no es entre la fórmula de préstamo o unas ayudas simbólicas y raquíticas. Se deben atender también otros principios básicos, como el derecho a la gratuidad. La Constitución Española establece que “todos tienen derecho a la educación” (artículo 27.1) y que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita” (27.4). Y encomienda a los poderes públicos que establezcan las condiciones y remuevan los obstáculos para que todos disfruten de ese derecho en condiciones de libertad e igualdad. La gratuidad ha de garantizar el acceso de todos a la enseñanza básica y obliga al Estado a financiar en los niveles obligatorios todos aquellos elementos esenciales en el proceso educativo.

Por tanto, las administraciones educativas deben impedir que la compra de los libros de texto obstaculice el derecho a la educación. Para ello, y a pesar de las ineludibles restricciones presupuestarias, se les debe dotar de los recursos necesarios para que las familias reciban las ayudas suficientes para adquirir los libros de texto y materiales escolares de la educación obligatoria, a fin de no poner en peligro el derecho a la educación y garantizar la calidad de la educación. Es más justo aplicar el rigor en otros capítulos de gasto. Si creemos que la educación es una prioridad, hay que mirar el gasto en educación como una cuestión de justicia social y una inversión en el futuro de los españoles.

Bernardo Bayona es profesor de Filosofía, exdiputado y exsenador socialista por Zaragoza