La Generalitat investiga si una clínica de Barcelona practica abortos ilegales
Una televisión danesa revela que en el centro se interrumpen embarazos avanzados y cobra 4.000 euros por la intervención
El Departamento de Salud de la Generalitat ha iniciado hoy una investigación sobre la denuncia de la televisión pública danesa DR, que en un reportaje emitido anoche aseguraba que una clínica de Barcelona practica abortos supuestamente ilegales a embarazadas de hasta más de siete meses procedentes de toda Europa. Se trata de la clínica Emece, que pertenece al grupo CBM.
Según el reportaje, grabado con cámara oculta hace un mes en este centro, se recurre de forma fraudulenta y sistemática a la cláusula legal que en España autoriza abortos sin límite de tiempo de gestación en caso de riesgo físico o mental grave para la mujer. En Dinamarca, el aborto es legal hasta las 12 semanas y, superado ese periodo, son las autoridades sanitarias las que deciden si se permite, aunque sólo suelen autorizarlo en caso de malformaciones graves del feto. En el documental, una periodista danesa embarazada de 30 semanas contacta con la clínica barcelonesa ocultando su profesión y viaja luego a la ciudad condal acompañada por otro periodista de la cadena, que se hace pasar por un amigo, después de que las autoridades sanitarias danesas le hubieran negado el aborto.
Utilización de digoxina
Allí, se entrevistan con el director de la clínica, el doctor Carlos Morín, quien asegura que recibe clientes de países como Francia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania e incluso Australia y que el procedimiento es legal y sin riesgos para la mujer. Morín explica ante la cámara oculta que al feto se le inyecta en el corazón digoxina, sustancia que se usa para tratar enfermedades cardiacas, lo que le provoca la muerte por parada cardiaca antes de que sea extraído del útero. A la joven, quien alude a una supuesta ruptura con su pareja para justificar su deseo de abortar, se le pide rellenar unos cuestionarios sobre su salud y estado mental.
Luego, es sometida a tres pruebas psicológicas con preguntas generales, bajo el argumento de que la única forma de que el aborto sea legal es aducir supuestos problemas físicos o psíquicos, a pesar de que ella reconoce en la entrevista que su estado de salud es "bueno". El director de la clínica señala que esos trámites sólo son cuestiones de "burocracia", y en una entrevista posterior, les comunica que todo está en orden y que el precio de la operación es de 4.000 euros. Minutos después, el periodista regresa a la clínica revelando su verdadera identidad y acompañado esta vez por un cámara de televisión, solicitando una entrevista con Morín, quien ahora dice que la operación no había sido autorizada y que faltaba otro examen psicológico.
'Turismo del aborto'
No obstante, insiste en que el aborto es completamente legal, antes de suspender repentinamente la conversación tras recibir una llamada a su móvil e invitar a los periodistas a abandonar la clínica. El documental ofrece también el testimonio de una joven danesa, cuya identidad y rostro permanecen ocultos, que afirma que se le practicó un aborto en la misma clínica en 2004, cuando estaba embarazada de 26 semanas y a cambio de algo más de 4.000 euros. La joven revela que cuando acudió a la clínica apareció allí un médico danés. Personal de Emece confirma en el documental que la clínica tiene contacto con médicos daneses, aunque ninguno de ellos trabaja allí, algo que sí sucede con galenos holandeses y británicos.
El reportaje incluye también los testimonios de José María Simón Castellví, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC), y de Jesús Silva, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, a quienes se les mostraron las imágenes grabadas con cámara oculta. Simón Castellví denuncia la existencia de un "turismo de aborto" en España, que desde hace diez años "miles de europeas" han viajado a Barcelona para abortar y que "muchas" de esas operaciones son ilegales, aparte de calificar a Morín de "rey del aborto".
Para Silva, los trámites son "un teatro, una mentira con tests falsos", y habla de "fraude a la ley española y al derecho en su conjunto" y de que se trata de casos de aborto ilegal, que implicarían penas de prisión y de inhabilitación para los médicos. Según él, estos casos se producen en España porque "unos por acción y otros por omisión cierran los ojos".
