Villa se fracturó la tibia el pasado mes de diciembre mientras disputaba el Mundial de Clubes con el Barcelona. Tras ser intervenido se especuló con que los plazos de recuperación podrían ser suficientes para que el máximo goleador del Mundial y de la pasada Eurocopa pudiera formar parte de la lista definitiva. Algo que finalmente no se ha producido.

 El presidente Barack Obama llegó a la cumbre del G-8 en Camp David con el firme propósito de empujar, esta vez con la complicidad del nuevo presidente francés, François Hollande, por la adopción cuanto antes de medidas que impulsen la actividad económica y el consumo en Europa. La Unión Europea, en su conjunto, es el principal socio comercial de EE UU. Para que la economía de este país, que crece muy tímidamente, alcance el ritmo necesario como para crear empleo de forma significativa, es preciso aumentar las exportaciones, uno de los apartados que mejor se ha comportado en los últimos años. Esos puestos de trabajo son la clave para que Obama obtenga la reelección en noviembre.

En otras palabras, Obama necesita que los europeos aumenten su poder adquisitivo, que compren más iPad, más Levi’s y más coches Ford para que sus posibilidades de reelección aumenten.

Al mismo tiempo, necesita menos guerra. La guerra de Afganistán es, actualmente, cara e impopular. Después de los atentados del 11-S, George Bush ganó su reelección gracias a sus demostraciones de fuerza, especialmente en Afganistán. Hoy esa estrategia no funciona. Hoy los norteamericanos no encuentran suficientes razones como para seguir combatiendo tan lejos cuando necesitan dedicar ese dinero a inversiones en Michigan y Ohio.

Obama no puede salir de Afganistán como lo ha hecho Hollande. El presidente francés adelanta la retirada de sus tropas porque sabe que otros se quedan allí. El presidente norteamericano está obligado a cuidar el prestigio de la OTAN y de los propios Estados Unidos, que se resentirían seriamente con una salida que sonaría a retirada.

Con ese matiz, Obama ha conseguido en la cumbre de la OTAN en Chicago lo más próximo a un final de la guerra. Aún quedan más de dos años de presencia militar, pero ya están marcados los plazos para desligarse paulatinamente del conflicto. Psicológicamente, la guerra empieza a ser una cosa del pasado, y así podrá presentarlo el presidente en su campaña electoral.

No se hablará mucho de Afganistán en esa campaña. Sí se hablará mucho de Europa. La adopción en ese continente de una nueva política de estímulo al crecimiento significaría, además, una ratificación de la política que Obama ha implementado en este país desde el comienzo de su presidencia. A su vez, el fracaso de la austeridad representa una desautorización de la propuesta que el candidato republicano, Mitt Romney, trae en su cartera.

Una Europa económicamente deprimida supone la caída de los mercados financieros —como lleva ocurriendo con fuerza en el último mes— y un clima general de desconfianza y pesimismo que, en buena medida, se traslada al electorado norteamericano.

Con razón, Obama decía estos días que “cuando hay problemas en Madrid, hay problemas en Pittsburg”. La depresión de los españoles, en esta realidad globalizada, es contagiosa.

La manifestación que culmina la primera jornada de huelga de todos los niveles educativos ha congregado en Madrid a profesores, padres y alumnos, a sindicalistas y a portavoces políticos. Tres miembros de la ejecutiva federal del PSOE (Gaspar Zarrías, Trinidad Jiménez y Jesús Caldera) se han colocado en la cabecera al inicio de la protesta, tras el gran cartel contra los recortes y las banderolas de los sindicatos convocantes (CC OO, CSIF, ANPE, UGT y STEM). “El PIB del futuro de llama educación”, ha dicho Caldera a los periodistas que han ido a pedirle una declaración.

‘Menos maderos y más lapiceros’, reclamaba un cartel. Algunos manifestantes pedían a gritos “huelga general”. “La educación es un derecho de todos los ciudadanos por el que nuestros padres y abuelos han luchado. Estas medidas son una vergüenza”, protestaba entre la multitud Laura Casajús, estudiante de 5º de Periodismo en la Rey Juan Carlos. Teresa Gutiérrez, profesora en el colegio de primaria Ciudad Pegaso (San Blas), aseguraba sobre el monumento de Cibeles que las medidas previstas son “un atentado contra la educación, va contra nuestro futuro”.

La profesora de FP Antonia González, vestida de chulapa, clamaba contra “la vergüenza” de los recortes. Se ha confeccionado en tres noches un traje con el tono de La marea verde que nació en septiembre por una protesta regional contra la reducción de profesores en Secundaria –con las camisetas de ese color con el lema Escuela pública de tod@s para tod@s que se popularizó en el distrito madrileño de Vallecas-. El lema, en camisetas, chalecos o el traje folclórico de González, ha copado la calle de Alcalá hasta Cibeles, pero menos que en algunas de las citas previas que convirtieron a Madrid en el epicentro de las protestas educativas.

Madrid lleva todo el curso movilizada, con 12 huelgas de profesores en su haber en lo que va de año escolar (incluida esta) y concentraciones más multitudinarias. El pasado 4 de octubre, con el conflicto madrileño recién abierto, más de 68.000 personas se echaron a la calle en un recorrido similar.

Justo una hora después de iniciar la marcha, a las 19.30, los líderes sindicales han pedido al Gobierno “que dé marcha atrás” y abra mesas de negociación para retocar el real decreto que aumenta el número de alumnos en las clases, las horas lectivas de los profesores o el precio de las tasas universitarias. “No nos vamos a cansar”, han advertido desde el escenario, augurando nuevas protestas. En la cola de la protesta, en la plaza de Cibeles, decenas de participantes jugaban al corro de la patata e inventaban una nueva letra para el chiquichiqui: “Uno, la Esperancita. Dos, sin compasión. Tres, está jodiendo. Cuatro, la educación… Perrea, perrea, Esperanza me cabrea”.

“Estoy en todos los partidos. Tengo mi sitio detrás de él y voy a todos los desplazamientos”, confesó en una entrevista al diario El Mundo.

Pitina y el presidente del Madrid se conocieron hace 41 años en una cafetería de Argüelles. Ella trabajaba como secretaria en el cuerpo médico de El Corte Inglés. Tienen tres hijos y han sido inseparables.

Cuando se produjo la dimisión de Ramón Calderón, la posterior de Vicente Boluda y la convocatoria de nuevas elecciones en el Madrid (primavera de 2009), Florentino Pérez no tomó la decisión de presentar su candidatura hasta que los médicos le aseguraron que el cáncer pulmonar de Pitina había remitido.

En la demanda, presentada ante 12 juzgados federales, participan un total de 43 organizaciones. Entre ellas se encuentra la Archidiócesis de Nueva York y la de Washington, una asociación Católica del Estado de Michigan, varias organizaciones de caridad de diferentes estados, así como la Universidad de Notre Dame y la Universidad Católica de América. Todas ellas habían amenazado con recurrir a la justicia si no había una rectificación en la política de anticonceptivos por parte de la Casa Blanca o del Congreso.

El pasado mes de enero, el Gobierno de Obama presentó un nuevo mandato que exigía a todas las empresas cubrir los gastos por consumo de anticonceptivos por parte de sus empleadas. El anuncio fue recibido con duras críticas entre las autoridades religiosas, que criticaron que la medida les obligaba actuar en contra de sus creencias, y desde entonces ha puesto en duda el apoyo al presidente entre la comunidad católica. Obama rectificaría a los pocos días, trasladando la obligación de pagar por los anticonceptivos a las pólizas de seguros y no a las empresas, una corrección que no ha satisfecho a las autoridades religiosas.

“Hemos intentado negociar con la Administración y con el Congreso, y seguiremos haciéndolo, pero todavía no hay una solución”, afirmó en un comunicado el Cardenal de Nueva York, Timothy Nolan, también presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. “Se está acabando el tiempo y nuestros ministerios y nuestros derechos fundamentales siguen en vilo, así que debemos recurrir a los tribunales”.

El mandato que impuso la Casa Blanca este invierno entrará en vigor en 2013, cuando las empresas y organizaciones religiosas deban garantizar la cobertura de anticonceptivos para sus empleadas. Otras 11 organizaciones ya han presentado diferentes demandas -todas ellas dirigidas contra los Departamentos de Salud, de Trabajo y del Tesoro-, aunque ningún juez se ha pronunciado hasta el momento.

La Casa Blanca tampoco ha hecho ninguna declaración con respecto a la demanda. Obama defendió en febrero que su rectificación garantizaba que “las organizaciones religiosas no tendrían que pagar por los anticonceptivos y ninguna institución tendría que proporcionarlos de manera directa" según afirmó en una comparecencia en la Casa Blanca. "Las mujeres que trabajan en estas instituciones sí tendrán acceso a dichos tratamientos de manera gratuita -como cualquier empleada de otra empresa- y no tendrían que pagar cientos de dólares al año que podrían emplear en pagar un alquiler o en comprar alimentos”, explicó.

Sin embargo, las declaraciones del presidente no lograron calmar los ánimos ni aplacar el rechazo de la comunidad católica, un sector clave del electorado que necesitará de su lado el próximo mes de noviembre. La semana pasada, la Universidad de Georgetown -la institución educativa católica más antigua del país y que estuvo en el centro de la polémica en invierno- acogió entre duras críticas a la Secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, quien ofrecía uno de los discursos de graduación. La Archidiócesis de Washington, en directa oposición con la política sanitaria de Obama, criticó la presencia de Sebelius como una “ofensa” contra los obispos.

La Universidad de Notre Dame también se ha unido a la demanda, a pesar de que en su momento apoyó la rectificación del presidente Obama, como “un paso positivo hacia el reconocimiento de la libertad de las instituciones religiosas para obedecer los principios que definen sus respectivas misiones”. La Universidad Católica de América, con sede en Washington, denunció también que los cambios introducidos por el Gobierno “no resuelven el dilema moral” de las organizaciones religiosas.

Al Masah es solo una de la legión de propiedades del Ejército egipcio que se reparten por todo el país. Los expertos en cuestiones militares calculan que entre el 10% y el 30% de la economía egipcia está en manos del Ejército y por lo tanto sujeta a la opacidad propia de los temas relacionados con la seguridad nacional. Con la constitución egipcia aún sin redactar, el presidente que salga elegido de las urnas heredará un país en el que el papel del Ejército está aún por definir.

El presidente que salga elegido en las elecciones que se celebran el miércoles y el jueves en primera ronda deberá lidiar con esta y con muchas otras prerrogativas de un Ejército que dice estar dispuesto a ceder el poder. Lo que no está tan claro es cuándo y hasta dónde se va a producir esa cesión, parte de una transición que comenzó hace 15 meses con la caída de Hosni Mubarak y que esta semana entra en una etapa decisiva con las primeras elecciones presidenciales libres de la historia del país.

“Las relaciones entre la autoridad civil y la militar es la cuestión central de la transición egipcia. El Ejército va a retener parte de su poder, eso está claro. La cuestión es cómo lo va hacer”, sostiene Robert Springborg, profesor de la escuela naval del Departamento de Estado estadounidense y experto en el Ejército egipcio. “Sea cual sea la nueva constitución, el poder del Ejército no va a cambiar de la noche a la mañana. Va a ser un proceso lento”, advierte Springborg.

Entre tres y cinco candidatos se perfilan como favoritos y como posibles ganadores. Los hay islamistas y los hay laicos. De izquierdas y de derechas. Pero ninguno de ellos dice estar dispuesto a enfrentarse a un Ejército todopoderoso, en un momento en el que el país pide a gritos estabilidad. Los candidatos más beligerantes y que podrían haber librado la batalla con el Ejército fueron descalificados por la comisión electoral designada por los militares.

“No hay grandes diferencias entre los candidatos en cuanto a la relación con el Ejército”, explica en su despacho el general retirado Mohamed Kadry Said, del centro Al Ahram para Estudios Estratégicos y Políticos. “Hay buenas relaciones. Los cinco serán aceptados por el Ejército”, añade.

El problema es por un lado hasta qué punto los revolucionarios egipcios van a tolerar un traspaso de poder de militares a civiles solo a medias. Por otro lado, el nuevo presidente deberá enfrentarse a un problema de índole económica. Es decir, deberá gobernar un país que atraviesa una importante crisis económica, sin tener acceso a amplios sectores de la economía, controlados por el Ejército y sujetos a importantes privilegios fiscales.

Gasolineras, fábricas de pasta o de agua embotellada, cafeterías, agencias de servicio doméstico o inmobiliarias son solo algunos de los negocios que el Ejército tiene repartidos por el país. Los programas de nacionalización del presidente Gamal Abdel Nasser en los años cincuenta supusieron el inicio de un proceso de acumulación de riqueza por parte del Ejército, hoy dueño de un auténtico imperio comercial. Zeinab Abul Magd, profesora de la Universidad americana de El Cairo y probablemente la mayor experta en la materia, escribía hace poco en Al Masry al Youm que “completar la revolución significa que el Ejército debe volver a su papel original, es decir, la defensa nacional y no la gestión de salones de bodas”.

Como no parece probable que ninguno llegue al 50% de sufragios, la ronda decisiva se efectuará los días 16 y 17 de junio, y si se acumulan los votos de la Hermandad —oficial y disidente— con los del islamismo salafista, de semblante más ceñudo, el islam árabe tendría ya un presidente democráticamente elegido. Hamid Dabashi, docente iraní en Estados Unidos, tan crítico de Ali Jamenei como de Bush II, sostiene que el colonialismo que se extinguió con las independencias del Tercer Mundo a mediados del siglo XX dejó tras de sí una maquinaria ideológica de recambio en un tiempo poscolonial al que el autor llama colonialidad, que era tan eurocéntrica como la anterior dominación occidental (The Arab Spring); esa colonialidad dejó su marca en la generación de los nacionalismos socializantes, de Irak a Argelia, y no fue capaz de eludir la terminología política del colonialismo en la edificación de los nuevos Estados independientes, que desembocaban con pasmosa regularidad en la tiranía. Únicamente con la gran intifada, que estalló en Túnez en enero del año pasado, Egipto estaría hoy entrando en la poscolonialidad.

La revuelta que comenzó en la plaza cairota de Tahrir está empeñada, según Dabashi, en desarrollar un nuevo lenguaje político que no puede ser ya la simple negación del “régimen del saber” propio del orientalismo, como lo definió Edward Said, sino una apropiación ex novo de la lengua para la creación de un mundo diferente y verosímilmente democrático. Pero se extiende al mismo tiempo en Occidente, como una terrible pandemia, el terror a una palabra-fetiche, islamismo, olvidando con ello varias cosas: que si la opinión árabe vota el islamismo al poder, lo único que hay derecho a pedirle es que lo haga por medios democráticos, y que si alguno de sus planteamientos viola el sentido occidental —con frecuencia solo teórico— de la igualdad entre los sexos, es a los sexos, como en Europa, a quienes corresponde resolver el problema.

El islamismo estaba ahí como ideología de servicio para tratar de llenar el vacío creado por la sacudida norteafricana. Pero hoy el movimiento es más una confederación de sentimientos y aspiraciones que un proyecto de vía única. La revuelta árabe es por ello una obra abierta de la que sería temerario prefigurar el final, al tiempo que se afana en crear ese nuevo lenguaje a la vez que un espacio público propio que libere al cuerpo social de la colonialidad. La eventual expansión a todo Egipto de ese embrión de ágora que se comenzó a construir en Tahrir, significaría el triunfo de la revuelta y su conversión en una verdadera revolución, que por la centralidad histórica de El Cairo debería afectar a todo el mundo árabe. Como dice Amiz Bishara, exmiembro del Kneset, palestino de patria e israelí de ciudadanía, los indignados de Egipto apenas han hecho que llamar a las puertas del poder, y con la elección de presidente podrían de una vez comenzar a ejercerlo.

Las condiciones, incluso tecnológicas, parecen dadas para ello. Todo comenzó hace 15 años con el nacimiento de Al Yazira, aunque la gran cadena árabe de televisión haya perdido algo de su imagen rupturista por su creciente alineamiento con los intereses de su patrón, el emirato de Catar. Pero aunque no creara la revuelta, sí le sirvió de inspiración y de canal. En el universo electrónico hay ya, solo en Egipto, más de tres millones de usuarios de las redes sociales, cientos de miles de blogueros y, en la zona, 700 canales de TV que, en su conjunto, lo acarrean todo: protesta popular, adoctrinamiento religioso y esperanza de democratización. Esa efervescencia nacional es, cuando menos, la garantía de que el pasado no regrese; de que el genio no se deje encerrar de nuevo en la botella.

Hamid Dabachi puede ser un caso de optimismo histórico incurable. Pero si tuviera razón, un nuevo lenguaje, una nueva geografía, y una nueva política estarían hoy naciendo en el mundo arabo-islámico.

Mediapubli entró en concurso de acreedores el pasado enero. En febrero, el administrador judicial cerró la edición en papel y mantuvo una edición en la web con 21 trabajadores. Para saldar deudas, decidió subastar la cabecera. Desde el principio, un colectivo de unos 30 trabajadores y colaboradores con ayuda de lectores comenzó a recaudar fondos para relanzar el periódico.

El plazo vencía el lunes y esta mañana se celebró la subasta en el juzgado de lo mercantil número 9 de Barcelona. Allí acudió una delegación de extrabajadores y, según uno de los presentes, también se presentó Toni Cases. Este es accionista de Mediapubli a través de la sociedad Inversiones Editoriales Panamericanas, según fuentes próximas a la empresa. A la vez es acreedor del diario.

Cases presentó la oferta de la empresa Display Conector SL, creada en febrero pasado. Según la documentación aportada, los accionistas de la empresa que puja son Pag1SL (como administrador figura un hermano de Cases) con un 40%; Mediacable de Servicios y Producción (en la que Roures figura como apoderado) con un 10%; el propio Roures con un 5%, y los socios de Público Tatxo Benet y José Luis Zárraga, entre otros.

Pese a que la empresa figura como inmobiliaria, el grupo de Roures señala en su oferta que la firma tiene “experiencia en el negocio editorial de diarios de información general”. Se ofrece a pagar 335.000 euros en efectivo y 77.000 que debe a los 21 trabajadores que quedan en la web. Su plan de negocio contempla pasar de 1,786 millones de ingresos brutos entre mayo y diciembre de este año a 2,780 millones en 2013 y 3,236 en 2016.

En condiciones normales, el proceso aún duraría, pero ante el riesgo de que Público se quede sin dinero en la caja, el juzgado pidió acelerar los trámites. Los extrabajadores de Público no subieron la puja para “no especular con la marca Público”, según un comunicado en su web, en que resaltan que “Cases demostró contar con dinero, pese a haber mandado recientemente a 130 trabajadores de Público al Fondo de Garantía Salarial alegando carecer de recursos, además de mantener una deuda de meses con el colectivo de excolaboradores del diario”.

La juez decidirá previsiblemente en unos días.  Según fuentes presentes en el juzgado, el administrador concursal dio a entender que prefería la oferta de Roures ya que permitiría pagar más deudas y señaló que “que esté participada por socios que coinciden con Mediapubli le honra porque lo dice y no está prohibido por ley”.

El representante de los trabajadores que aún siguen en la web, Juanma Romero, explicó que no se decantó por ninguna oferta. Él llevaba el mandato de apoyar la oferta que “subrogue un mayor número de contratos” y “la que cuente con un plan de negocio y un proyecto periodístico con mayores garantías de supervivencia”, entre otras condiciones. Así lo acordó una asamblea el día anterior.

Los trabajadores que siguen y los despedidos mantienen en algunos casos una tensa relación, según fuentes de la plantilla. Desde que nació, en 2007, Público perdió unos 80 millones. Los trabajadores que dejaron el diario apuntaban desde hace semanas que Roures iría a la puja para no permitir que los empleados  mantuvieran una cabecera que el empresario consideraba suya y que pudieran desde allí publicar informaciones sobre él. Lo que más les ha sorprendido es que la oferta sea tan transparente y figuren los accionistas de Mediapubli en persona.

Este diario ha intentado, sin éxito, obtener la versión de Cases. Roures ha contestado por correo electrónico que no iba a hacer declaraciones.

At press time, the demonstration were peaceful, although tense moments were reported during the day, such as in Seville, where a group of fascists tried to crash one rally, and in the Balearics, where handfuls of students charged the offices of the island’s education commissioner, which ended in a noisy struggle.

In Barcelona, city police estimated the street turnout at around 25,000, while unions placed the figure at 150,000. Similar discrepancies were reported in Madrid, where people poured into the Cibeles square to protest against plans by Madrid regional premier Esperanza Aguirre to lay off a number of teachers and their assistants.

The five biggest unions that represent education workers across the country called for the one-day strike in all 17 regions — from kindergarten to university level — to object to Prime Minister Mariano Rajoy’s proposed 21-percent spending cuts to education, as well as his administration’s call for regional governments to save a combined additional three billion euros.

“The government has to change its policy and its economic direction in general, and should issue a statement that it intends to keep the social model we have intact,” said CCOO secretary general Fernando Toxo, who took part in a rally in Bilbao. “There are other types of reforms that can be introduced and they are not necessarily the ones they are taking.”

The Culture, Education and Sports Ministry said that only 19 to 22 percent of the nation’s public school classrooms were empty on Tuesday. But the unions claimed that at least 85 percent of schools and universities were unable to hold classes.

El rumor de la contratación de Sergi circulaba desde hace días, puesto que el exjugador había sido visto presenciando los encuentros del equipo andaluz ante el Huesca y el Villarreal B. En esta última ocasión estuvo acompañado del director deportivo del Decano, Fernando Iturbe. El Recreativo es 17º, a falta de que se disputen tres jornadas para la conclusión del campeonato en Segunda División, y tiene asegurado matemáticamente continuar en la categoría de plata durante la próxima temporada.

Hay dos versiones; que una llamada anónima avisó al mediodía sobre la existencia de la bomba, y la otra que fue detectada durante un operativo de seguridad de rutina para la revisión de la sede antes del inicio del encuentro internacional sobre liderazgo. En todo caso, la bomba fue localizada en una caja eléctrica situada en el techo del segundo piso del teatro. Mientras los expertos antiexplosivos examinaban el edificio la policía cortó el tráfico en la céntrica avenida Corrientes, famosa por sus teatros y librerías.

La agencia de noticias DyN indicó que la bomba consistía en "una caja de cartón con un teléfono celular adentro conectado a una batería adosada a un ignitor (detonador) que permite activar un artefacto, con dos recipientes con pólvora". Un funcionario judicial informó al diario Clarín de que la bomba podría haberse activado mediante una llamada telefónica.

Diversas organizaciones habían convocado una marcha en la capital para protestar por la presencia del expresidente colombiano, quien había sido invitado por la sociedad Wom Leadership para disertar sobre la transformación de Colombia.

En su página  web, esta organización indica que quienes asistan, previo pago e inscripción, a la charla del expresidente, podrán aprender sobre “cómo provocar cambios para generar oportunidades, cómo la imaginación y la emoción generan la inspiración para reinventarse, cómo reclutar, seleccionar y desarrollar a los mejores buscando las cualidades óptimas para el grupo y cómo construir una fábrica de talentos y gestionar la diversidad”.

Este hallazgo se produce días después del atentado contra el exministro del Interior de Uribe, Fernando Londoño, en Bogotá, en el que murieron dos personas y se registraron decenas de heridos, entre ellos el mismo Londoño, quien fuera el hombre fuerte de Uribe.

García-Margallo se reunirá con su colega británico, William Hague, de quien partió hace varias semanas la iniciativa de mantener un encuentro de trabajo para evaluar el estado de las relaciones bilaterales, han informado a Efe fuentes de Exteriores.

Aunque Gibraltar no estaba considerado un asunto de primer orden en la reunión, los acontecimientos ocurridos en los últimos días harán que ambos ministros analicen la crisis diplomática surgida por el veto de las autoridades gibraltareñas a que los pesqueros españoles faenen en aguas próximas a la colonia.

A este hecho se unió el anuncio de la visita al Peñón entre el 11 y el 13 de junio del príncipe Eduardo, hijo menor de Isabel II, para festejar el 60 aniversario de la llegada al trono de la reina.

Esta nueva visita de un miembro de la Familia Real británica propició la protesta del Gobierno español y que doña Sofía cancelara su asistencia al almuerzo ofrecido por Isabel II el pasado viernes en Londres a monarcas de todo el mundo.

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro británico, David Cameron, se vieron ayer, lunes, en Chicago durante la cumbre de la OTAN, pero no trataron el contencioso de Gibraltar.

Rajoy afirmó que este asunto lo llevaba García-Margallo y su equipo de colaboradores, de los que dijo lo estaban haciendo "muy bien". El ministro de Exteriores y su colega del Reino Unido centrarán su cita en la situación económica y la inestabilidad financiera de Europa, según las fuentes. También se ocuparán de los distintos ámbitos de la relación bilateral, así como de cuestiones de la actualidad internacional, como Siria.

El Gobierno se comprometió el pasado 12 de abril en una minicumbre sobre niños robados que reunió  los ministros de Justicia, Interior, Sanidad y al fiscal general del Estado, a elaborar una gran base de datos en la que figure toda la información sobre los padres que buscan a sus hijos y los hijos que buscan a sus padres biológicos o hermanos que sospechan fueron robados, con el fin de facilitar más reencuentros. Hasta  ahora, los pocos que ha habido, han sido gracias al intercambio de información en foros de Internet o a través de los medios de comunicación.

Además, el Instituto Nacional de Toxicología ha de fijar unos criterios para poder homologar y admitir en su base de datos los análisis de ADN que los afectados se han hecho por su cuenta en laboratorios privados. Son cerca de 1.500. De esta forma el Gobierno dispondría de toda la información: fecha de nacimiento, hospital y perfil genético de las personas que están buscando a sus hijos, hermanos o padres porque sospechan que fueron víctimas de una trama de robo de niños.

La Fiscalía General del Estado prepara una circular para enviar a todas las fiscalías territoriales con el fin de unificar criterios ante los casos de niños robados.

Niños robados en el Parlamento Europeo

Por otra parte, el eurodiputado socialista Ricardo Cortés expuso anoche en el Parlamento Europeo la problemática de "las miles de familias" que están buscando a sus hijos, sospechan que robados, en España. "Es un tema muy desconocido en Europa. Mis colegas han reaccionado con sorpresa", explica Cortés. "Les he explicado cómo al principio, hasta los años 50, el robo de niños tuvo unos condicionantes sobre todo políticos e ideológicos y como después terminó también en una trama económica que se prolongó incluso en la democracia. Las víctimas merecen todo el apoyo político ante una situación tan dramática, por eso he instado al Gobierno a hacer todo lo posible por resolver situaciones tan injustas y prolongadas durante tanto tiempo".

The court argued that Botín and 11 other members of his family had “regularized” their situation with the Tax Agency by paying back taxes in 2010, pre-empting any possible proceedings for tax fraud.

The case arose after the French tax authorities in 2010 alerted Spain that Botín, his daughter Ana Patricia Botín (the head of Santander’s British banking unit), his brother Jaime and five of his brother’s children were among the names of 659 Spanish residents who hold secret Swiss accounts at HSBC Private Bank, with a combined value of some six billion euros.

The Botín family claimed that the money deposited in the Swiss account belonged to Botín’s father, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, who fled with the money from Spain after the Civil War broke out in 1936.

Twelve members of the Botín family made adjustments to 72 tax returns for the years 2005 to 2009 and paid 200 million euros in back taxes on the money they had inherited. The ruling called this procedure “correct.”

The origin of the investigation of the Botín family dates back to 2006, when an HSBC Private Bank employee stole data on 24,000 clients who held secret accounts with the lender. The employee subsequently gave the information to the French authorities.

The Paris-based organization also forecast the government would miss its deficit-reduction targets, with the shortfall coming in at 5.4 percent of GDP this year instead of 5.3 percent and at 3.3 percent the following year when the administration of Prime Minister Mariano Rajoy was hoping to bring it back within the European Union ceiling of 3 percent of GDP.

In its latest Economic Outlook, the OECD estimates GDP will shrink 1.6 percent this year and 0.8 percent the next with the jobless rate rising from 24.5 percent to 25.3 percent in 2013. The agency, however, predicted that the drastic overhaul of the laws governing the labor market making it easier and cheaper to sack workers should help boost employment in the medium term.

In the meantime, high unemployment is expected to depress private consumption, with spending estimated to contract 2.9 percent this year and 0.8 percent the following year.

The OECD said it also expects that fiscal consolidation and deleveraging by the private sector will weigh on domestic demand, which is expected to shrink 5.2 percent this year and 2.5 percent the following.

One bright spot in the scenario for Spain is expanding world trade, which, with increased competitiveness, should boost the country’s export growth.

However, the OECD warned that any further increase in Spanish government bond yields as a result of the euro crisis would raise private-sector borrowing costs and deepen the recession.

To tame the deficit, the OECD said the Spanish government needs to introduce medium-term measures such as higher value-added tax rates, and more environment taxes, as well as permanent controls on the regions’ finances.

Spain’s predicted performance will leave it well behind the OECD bloc, where economic growth is expected to slow slightly to 1.6 percent from 1.8 percent last year before picking up the pace again to 2.2 percent in 2013.

“With slow growth, high unemployment and limited room for maneuver regarding macroeconomic policy space, structural reforms are the short-term remedy to spur growth and boost confidence,” the OECD’s secretary general, Ángel Gurría, said at a presentation of the report.

OECD’s chief economist Pier Carlo Padoan warned that the euro crisis remains the “single biggest downside risk” facing the global economy.

On Portugal, one of the bailout casualties of the crisis along with Ireland and Greece, the OECD predicted its economy would remain in recession to mid-2013 as the government continues to tighten its belt to tame its deficit. GDP is expected to shrink 3.2 percent this year and 0.9 percent the next.

Unemployment is predicted to hit 16.2 percent in 2013, up from 15.4 percent this year. “To foster employment and productivity growth, shift resources to traded goods production and ensure international competitiveness, it is critical that the authorities persevere with structural reforms in labor and product markets, the report said.

Aceptemos, no obstante, una constatación previa: gran parte de los servicios susceptibles de externalización –lavandería, vigilancia, alimentación, parte del mantenimiento, limpieza, entre otros-, ya han sido confiados a proveedores privados. Por lo tanto, hasta donde sabemos, el núcleo de la nueva reforma, reside en que la gestión de esas externalizaciones –en la actualidad bajo la autoridad de diversos órganos y personas de la consejería-, se traslada a firmas del sector privado de forma que se centralice, en la empresa adjudicataria, la relación económica y organizativa con los actuales proveedores. Y, como segunda novedad destacada, la extensión a algunos servicios internos ahora prestados por personal hospitalario, como los de análisis y farmacia, de la gestión privada contratada. De este modo, la labor del personal que permanezca en la nómina de la consejería será, básicamente, la dedicado a la asistencia clínica directa.

Tras este sucinto resumen se sitúa un conjunto de decisiones y una extensa “letra pequeña” cuyo desconocimiento, en el momento actual, impide valorar el alcance y solidez final de la reforma anunciada. Señalemos, pues, algunos rasgos económicos y normativos básicos que parece sensato tener en cuenta en este momento.

La historia acumulada por la Generalitat en su colaboración con la empresa privada arroja señalados desaciertos. Se fundaron empresas con capital público y privado para el desarrollo de actuaciones urbanísticas y constructivas que concluyeron en su obligada liquidación tras el reproche legal de las autoridades europeas de la competencia: las mismas que han instado ahora la devolución de las subvenciones concedidas por la Ciudad de la Luz. Pudimos observar cómo se incitaba a la empresa privada a la construcción de residencias para ancianos, asegurando la existencia de abundantes ayudas a estos últimos; y hemos advertido que éstas no llegaban, mientras que la nueva oferta de centros se sobredimensionaba. La Consejería de Sanidad, en su momento, realizó la extraña operación de rescatar la concesión del hospital de Alzira para, a continuación, adjudicarlo a la misma empresa tras una sustancial mejora de las condiciones económicas. No hablemos ya de la construcción y posterior gestión de Terra Mítica.

Estos ejemplos conducen a dos conclusiones: primera, que la Generalitat se ha internado en terrenos que no conocía o que no le correspondían y lo ha hecho, además, con un pobre bagaje directivo, técnico e incluso legal. Segundo, que la opacidad ha sobrevolado operaciones económicas muy importantes, recurriéndose, incluso, a cláusulas de confidencialidad que no se sabe muy bien si protegían secretos de empresa o decisiones públicas vergonzantes: algo intolerable, en cualquier caso, cuando no se tienen responsabilidades en materia de inteligencia, diplomacia, defensa y seguridad. No sorprenderá, pues, que se reclame ahora, ante una cuestión de tanta importancia como la gestión de la sanidad, grandes dosis de buen juicio, capacidad profesional y transparencia.

Comentario aparte merece la afirmación que da por sentado que la gestión privada es más eficiente. No necesariamente. Puede serlo, pero para ello se necesitan varios requisitos: la existencia de competencia entre las empresas, el correcto funcionamiento de aquella y, cuando la naturaleza del servicio lo impide, una regulación cuidadosa, con incentivos que conduzcan claramente a los objetivos perseguidos por la administración. Precisamente, la ley anima a que la competencia impregne la modalidad de contratación escogido por la Generalitat: el diálogo competitivo con las empresas candidatas. Un tipo de contrato cuyo contenido se establece tras un proceso dinámico de interacción con las empresas admitidas y en el que el acierto en la estrategia de negociación puede ser decisivo para los intereses públicos. Como lo es que la Consejería de Sanidad, aunque no pueda llegar al detalle, sí disponga de información suficiente para neutralizar los posibles sesgos que provoca la asimetría de conocimiento existente entre quienes aportan su experiencia –las empresas- y quien, como contratante, tiene que desmenuzarla, analizarla y valorarla.

La estrategia de negociación, la información, la introducción de incentivos para el funcionamiento de la competencia, -como la posibilidad de extender las mejores prácticas a las empresas que no las empleen-, el estímulo de las innovaciones tecnológicas –no sólo para reducir costes, sino también para aumentar la calidad- y la participación pública en las economías conseguidas (¿la misma, sea cual sea el avance conseguido?), no agotan las principales cimientos de este modelo. Los profesionales y los ciudadanos juzgarán con particular rigor la efectiva superioridad del criterio asistencial del personal sanitario sobre las ventajas económicas defendidas por las empresas adjudicatarias: una fuente de constantes roces y conflictos si las reglas de juego no están bien definidas; y no lo estarán si se permite a las empresas que incentiven económicamente a los profesionales de la salud para que se alineen con sus intereses. Como conflictiva puede ser, si no se alcanzan acuerdos equitativos, la convivencia entre el “personal de la consejería” y el que, habiéndolo sido, pase a depender de las firmas adjudicatarias. Es en esos posibles desequilibrios y en los anteriores requisitos donde se juega buena parte del correcto funcionamiento de nuestro sistema de salud.

Manuel López Estornell es doctor en Economía.

Esta demanda civil sobre temas de consumo es la primera que, de esta magnitud, se presenta en la comunidad. El ministerio público cuenta ya con un total de 500 contratos, 400 de ellos aportados por el Instituto Galego de Consumo y otros 100 por la propia Fiscalía de Pontevedra, explican las mismas fuentes, que añaden que se está analizando toda la documentación para ver qué cláusulas abusivas pueden haber afectado a los consumidores.

Asimismo, fuentes del ministerio fiscal añaden que también se está en permanente contacto con la Consellería de Economía y el Instituto Galego de Consumo. Una vez concluido el análisis de la documentación recabada, la Fiscalía Superior de Galicia espera presentar la demanda a finales de junio, y lo hará ante un juzgado de Primera Instancia de lo Civil de A Coruña.

La Fiscalía solicitará la nulidad de las cláusulas que se consideren abusivas y será el juez quien deberá determinar o no si se anulan. Los afectados por la comercialización de este tipo de productos complejos han protagonizado diversos actos de protesta en los últimos meses, al no poder recuperar los ahorros destinados a la adquisición de estas participaciones.

Pero este regreso no será fácil para la veterana comunicadora, ya que tendrá que lidiar con un peso pesado de la programación: la gran final de la decimotercera edición de Gran hermano. El espacio que conduce Mercedes Milá en Telecinco obtuvo el pasado lunes el mejor dato de audiencia de esta edición (3.538.00 espectadores y un 25% de cuota de pantalla), beneficiado por el cambio de día de emisión (a los miércoles) del que hasta ese momento había sido su único rival, El número uno de Antena 3.

La cadena de Planeta, que el pasado lunes no pasó de un pobre 5,7% de share con la emisión de la película La cumbre, podría estrenar el primer lunes de junio Historias robadas, miniserie centrada en una pareja de hermanos gemelos separados al nacer en una clínica privada a finales de los años setenta.

La Fundación es la extensión natural de Aqualogy, la marca global de soluciones integradas del agua de Agbar (Aguas de Barcelona), creada recientemente para ofrecer los desarrollos propios del grupo en el sector del agua con una clara orientación de dar respuesta a las necesidades del cliente.

En su intervención, Cañete ha afirmado que “el Gobierno impulsará la innovación en el sector del agua y realizará un esfuerzo de racionalidad, eficiencia y transparencia para conseguir un suministro de calidad y en cantidad en todo el territorio nacional”. Además, ha señalado la pretensión de su departamento de dar prioridad a las inversiones en infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y depuración de aguas y buscar "fórmulas que hagan posible" la participación del capital privado en su construcción y explotación.

Por su parte, Angel Simón ha expuesto los objetivos de la Fundación y ha explicado que se pretende que se convierta en un foro de reflexión que sirva para contribuir al desarrollo del país y potenciar la marca España como marca de calidad en todo el mundo. Ha destacado también que el objetivo será favorecer una "gestión eficiente" del recurso y caminar hacia un modelo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y la biodiversidad.

En TestDrive se pueden probar durante un tiempo ilimitado, pero solo funcionan en el navegador del ordenador, emulando al sistema operativo del teléfono o tableta con Android.

El pronóstico, según el portavoz de Emergencias de la Comunidad, es reservado. Lo único que se ha sabido es que ha sido trasladado en helicóptero al hospital La Paz.

El pequeño ha caído, minutos después de las tres de la tarde, desde la terraza de su casa, situada en la plaza de La Coruña, a un jardín cuando se encontraba con familiares en la vivienda. Fuentes municipales han indicado que "a simple vista" el niño solo presenta una herida en la cabeza y no lesiones graves.

In the case of cash, all one needs to do is deposit the amount in a bank to be automatically eligible for the amnesty. However, if the money is being kept in foreign bank accounts that the Spanish Treasury is currently unaware of, the account owner must prove that the money was sent offshore before December 31, 2010.

The fiscal amnesty, in theory at least, was thought up for tax evasion prior to that date, since establishing a later date would only encourage taxpayers to refrain from declaring some of their income and then paying only 10 percent on it, rather than up to 30 percent for corporate tax and up to 52 percent for personal income tax.

Yet that is precisely what people are being encouraged to do, say the experts. The problem lies in paragraph two of article 3.4 of the government decree that established the amnesty last March. The text says that “in the case of cash, it will follow that one is the owner of the same since before December 31, 2010, as long as the amount is deposited in an account in the taxpayer’s name at a credit institution prior to filing the special tax form.” The bank account may be Spanish or European, as long as it is not located in a tax haven.

But the fact that one does not need to prove that the money was held back before December 2010 leaves the door wide open to fraud on 2011 and 2012 tax returns.

For instance, an apartment owner who sells his property now can collect much of the money in cash, avoid paying capital gains tax on it, deposit the money in a bank and benefit from the lower rate of the fiscal amnesty.

A small business — a dental clinic or a restaurant, to give just two examples — can likewise charge for its services and products in cash, hold on to that money, and later apply for the fiscal amnesty. Self-employed workers can also minimize their declared income and later pay only 10 percent of taxes on it. Even a drug trafficker could theoretically take his ill-gotten money to the nearest bank and take advantage of the amnesty.

The application period ends on November 30 of this year, and besides cash the fiscal amnesty also covers property, deposits, IOUs, shares and several other kinds of assets.

The possibility of fraud could deliver a major blow to tax receipts at a time when the cash-strapped state is desperately seeking new sources of revenue. What’s more, tax evaders can apply for the special amnesty from the comfort of their own home, through the Treasury’s website. The government decree guarantees “the private nature” of this special tax return.