La manifestación que culmina la primera jornada de huelga de todos los niveles educativos ha congregado en Madrid a profesores, padres y alumnos, a sindicalistas y a portavoces políticos. Tres miembros de la ejecutiva federal del PSOE (Gaspar Zarrías, Trinidad Jiménez y Jesús Caldera) se han colocado en la cabecera al inicio de la protesta, tras el gran cartel contra los recortes y las banderolas de los sindicatos convocantes (CC OO, CSIF, ANPE, UGT y STEM). “El PIB del futuro de llama educación”, ha dicho Caldera a los periodistas que han ido a pedirle una declaración.

‘Menos maderos y más lapiceros’, reclamaba un cartel. Algunos manifestantes pedían a gritos “huelga general”. “La educación es un derecho de todos los ciudadanos por el que nuestros padres y abuelos han luchado. Estas medidas son una vergüenza”, protestaba entre la multitud Laura Casajús, estudiante de 5º de Periodismo en la Rey Juan Carlos. Teresa Gutiérrez, profesora en el colegio de primaria Ciudad Pegaso (San Blas), aseguraba sobre el monumento de Cibeles que las medidas previstas son “un atentado contra la educación, va contra nuestro futuro”.

La profesora de FP Antonia González, vestida de chulapa, clamaba contra “la vergüenza” de los recortes. Se ha confeccionado en tres noches un traje con el tono de La marea verde que nació en septiembre por una protesta regional contra la reducción de profesores en Secundaria –con las camisetas de ese color con el lema Escuela pública de tod@s para tod@s que se popularizó en el distrito madrileño de Vallecas-. El lema, en camisetas, chalecos o el traje folclórico de González, ha copado la calle de Alcalá hasta Cibeles, pero menos que en algunas de las citas previas que convirtieron a Madrid en el epicentro de las protestas educativas.

Madrid lleva todo el curso movilizada, con 12 huelgas de profesores en su haber en lo que va de año escolar (incluida esta) y concentraciones más multitudinarias. El pasado 4 de octubre, con el conflicto madrileño recién abierto, más de 68.000 personas se echaron a la calle en un recorrido similar.

Justo una hora después de iniciar la marcha, a las 19.30, los líderes sindicales han pedido al Gobierno “que dé marcha atrás” y abra mesas de negociación para retocar el real decreto que aumenta el número de alumnos en las clases, las horas lectivas de los profesores o el precio de las tasas universitarias. “No nos vamos a cansar”, han advertido desde el escenario, augurando nuevas protestas. En la cola de la protesta, en la plaza de Cibeles, decenas de participantes jugaban al corro de la patata e inventaban una nueva letra para el chiquichiqui: “Uno, la Esperancita. Dos, sin compasión. Tres, está jodiendo. Cuatro, la educación… Perrea, perrea, Esperanza me cabrea”.

En la demanda, presentada ante 12 juzgados federales, participan un total de 43 organizaciones. Entre ellas se encuentra la Archidiócesis de Nueva York y la de Washington, una asociación Católica del Estado de Michigan, varias organizaciones de caridad de diferentes estados, así como la Universidad de Notre Dame y la Universidad Católica de América. Todas ellas habían amenazado con recurrir a la justicia si no había una rectificación en la política de anticonceptivos por parte de la Casa Blanca o del Congreso.

El pasado mes de enero, el Gobierno de Obama presentó un nuevo mandato que exigía a todas las empresas cubrir los gastos por consumo de anticonceptivos por parte de sus empleadas. El anuncio fue recibido con duras críticas entre las autoridades religiosas, que criticaron que la medida les obligaba actuar en contra de sus creencias, y desde entonces ha puesto en duda el apoyo al presidente entre la comunidad católica. Obama rectificaría a los pocos días, trasladando la obligación de pagar por los anticonceptivos a las pólizas de seguros y no a las empresas, una corrección que no ha satisfecho a las autoridades religiosas.

“Hemos intentado negociar con la Administración y con el Congreso, y seguiremos haciéndolo, pero todavía no hay una solución”, afirmó en un comunicado el Cardenal de Nueva York, Timothy Nolan, también presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. “Se está acabando el tiempo y nuestros ministerios y nuestros derechos fundamentales siguen en vilo, así que debemos recurrir a los tribunales”.

El mandato que impuso la Casa Blanca este invierno entrará en vigor en 2013, cuando las empresas y organizaciones religiosas deban garantizar la cobertura de anticonceptivos para sus empleadas. Otras 11 organizaciones ya han presentado diferentes demandas -todas ellas dirigidas contra los Departamentos de Salud, de Trabajo y del Tesoro-, aunque ningún juez se ha pronunciado hasta el momento.

La Casa Blanca tampoco ha hecho ninguna declaración con respecto a la demanda. Obama defendió en febrero que su rectificación garantizaba que “las organizaciones religiosas no tendrían que pagar por los anticonceptivos y ninguna institución tendría que proporcionarlos de manera directa" según afirmó en una comparecencia en la Casa Blanca. "Las mujeres que trabajan en estas instituciones sí tendrán acceso a dichos tratamientos de manera gratuita -como cualquier empleada de otra empresa- y no tendrían que pagar cientos de dólares al año que podrían emplear en pagar un alquiler o en comprar alimentos”, explicó.

Sin embargo, las declaraciones del presidente no lograron calmar los ánimos ni aplacar el rechazo de la comunidad católica, un sector clave del electorado que necesitará de su lado el próximo mes de noviembre. La semana pasada, la Universidad de Georgetown -la institución educativa católica más antigua del país y que estuvo en el centro de la polémica en invierno- acogió entre duras críticas a la Secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, quien ofrecía uno de los discursos de graduación. La Archidiócesis de Washington, en directa oposición con la política sanitaria de Obama, criticó la presencia de Sebelius como una “ofensa” contra los obispos.

La Universidad de Notre Dame también se ha unido a la demanda, a pesar de que en su momento apoyó la rectificación del presidente Obama, como “un paso positivo hacia el reconocimiento de la libertad de las instituciones religiosas para obedecer los principios que definen sus respectivas misiones”. La Universidad Católica de América, con sede en Washington, denunció también que los cambios introducidos por el Gobierno “no resuelven el dilema moral” de las organizaciones religiosas.

García-Margallo se reunirá con su colega británico, William Hague, de quien partió hace varias semanas la iniciativa de mantener un encuentro de trabajo para evaluar el estado de las relaciones bilaterales, han informado a Efe fuentes de Exteriores.

Aunque Gibraltar no estaba considerado un asunto de primer orden en la reunión, los acontecimientos ocurridos en los últimos días harán que ambos ministros analicen la crisis diplomática surgida por el veto de las autoridades gibraltareñas a que los pesqueros españoles faenen en aguas próximas a la colonia.

A este hecho se unió el anuncio de la visita al Peñón entre el 11 y el 13 de junio del príncipe Eduardo, hijo menor de Isabel II, para festejar el 60 aniversario de la llegada al trono de la reina.

Esta nueva visita de un miembro de la Familia Real británica propició la protesta del Gobierno español y que doña Sofía cancelara su asistencia al almuerzo ofrecido por Isabel II el pasado viernes en Londres a monarcas de todo el mundo.

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro británico, David Cameron, se vieron ayer, lunes, en Chicago durante la cumbre de la OTAN, pero no trataron el contencioso de Gibraltar.

Rajoy afirmó que este asunto lo llevaba García-Margallo y su equipo de colaboradores, de los que dijo lo estaban haciendo "muy bien". El ministro de Exteriores y su colega del Reino Unido centrarán su cita en la situación económica y la inestabilidad financiera de Europa, según las fuentes. También se ocuparán de los distintos ámbitos de la relación bilateral, así como de cuestiones de la actualidad internacional, como Siria.

El Gobierno se comprometió el pasado 12 de abril en una minicumbre sobre niños robados que reunió  los ministros de Justicia, Interior, Sanidad y al fiscal general del Estado, a elaborar una gran base de datos en la que figure toda la información sobre los padres que buscan a sus hijos y los hijos que buscan a sus padres biológicos o hermanos que sospechan fueron robados, con el fin de facilitar más reencuentros. Hasta  ahora, los pocos que ha habido, han sido gracias al intercambio de información en foros de Internet o a través de los medios de comunicación.

Además, el Instituto Nacional de Toxicología ha de fijar unos criterios para poder homologar y admitir en su base de datos los análisis de ADN que los afectados se han hecho por su cuenta en laboratorios privados. Son cerca de 1.500. De esta forma el Gobierno dispondría de toda la información: fecha de nacimiento, hospital y perfil genético de las personas que están buscando a sus hijos, hermanos o padres porque sospechan que fueron víctimas de una trama de robo de niños.

La Fiscalía General del Estado prepara una circular para enviar a todas las fiscalías territoriales con el fin de unificar criterios ante los casos de niños robados.

Niños robados en el Parlamento Europeo

Por otra parte, el eurodiputado socialista Ricardo Cortés expuso anoche en el Parlamento Europeo la problemática de "las miles de familias" que están buscando a sus hijos, sospechan que robados, en España. "Es un tema muy desconocido en Europa. Mis colegas han reaccionado con sorpresa", explica Cortés. "Les he explicado cómo al principio, hasta los años 50, el robo de niños tuvo unos condicionantes sobre todo políticos e ideológicos y como después terminó también en una trama económica que se prolongó incluso en la democracia. Las víctimas merecen todo el apoyo político ante una situación tan dramática, por eso he instado al Gobierno a hacer todo lo posible por resolver situaciones tan injustas y prolongadas durante tanto tiempo".

Aceptemos, no obstante, una constatación previa: gran parte de los servicios susceptibles de externalización –lavandería, vigilancia, alimentación, parte del mantenimiento, limpieza, entre otros-, ya han sido confiados a proveedores privados. Por lo tanto, hasta donde sabemos, el núcleo de la nueva reforma, reside en que la gestión de esas externalizaciones –en la actualidad bajo la autoridad de diversos órganos y personas de la consejería-, se traslada a firmas del sector privado de forma que se centralice, en la empresa adjudicataria, la relación económica y organizativa con los actuales proveedores. Y, como segunda novedad destacada, la extensión a algunos servicios internos ahora prestados por personal hospitalario, como los de análisis y farmacia, de la gestión privada contratada. De este modo, la labor del personal que permanezca en la nómina de la consejería será, básicamente, la dedicado a la asistencia clínica directa.

Tras este sucinto resumen se sitúa un conjunto de decisiones y una extensa “letra pequeña” cuyo desconocimiento, en el momento actual, impide valorar el alcance y solidez final de la reforma anunciada. Señalemos, pues, algunos rasgos económicos y normativos básicos que parece sensato tener en cuenta en este momento.

La historia acumulada por la Generalitat en su colaboración con la empresa privada arroja señalados desaciertos. Se fundaron empresas con capital público y privado para el desarrollo de actuaciones urbanísticas y constructivas que concluyeron en su obligada liquidación tras el reproche legal de las autoridades europeas de la competencia: las mismas que han instado ahora la devolución de las subvenciones concedidas por la Ciudad de la Luz. Pudimos observar cómo se incitaba a la empresa privada a la construcción de residencias para ancianos, asegurando la existencia de abundantes ayudas a estos últimos; y hemos advertido que éstas no llegaban, mientras que la nueva oferta de centros se sobredimensionaba. La Consejería de Sanidad, en su momento, realizó la extraña operación de rescatar la concesión del hospital de Alzira para, a continuación, adjudicarlo a la misma empresa tras una sustancial mejora de las condiciones económicas. No hablemos ya de la construcción y posterior gestión de Terra Mítica.

Estos ejemplos conducen a dos conclusiones: primera, que la Generalitat se ha internado en terrenos que no conocía o que no le correspondían y lo ha hecho, además, con un pobre bagaje directivo, técnico e incluso legal. Segundo, que la opacidad ha sobrevolado operaciones económicas muy importantes, recurriéndose, incluso, a cláusulas de confidencialidad que no se sabe muy bien si protegían secretos de empresa o decisiones públicas vergonzantes: algo intolerable, en cualquier caso, cuando no se tienen responsabilidades en materia de inteligencia, diplomacia, defensa y seguridad. No sorprenderá, pues, que se reclame ahora, ante una cuestión de tanta importancia como la gestión de la sanidad, grandes dosis de buen juicio, capacidad profesional y transparencia.

Comentario aparte merece la afirmación que da por sentado que la gestión privada es más eficiente. No necesariamente. Puede serlo, pero para ello se necesitan varios requisitos: la existencia de competencia entre las empresas, el correcto funcionamiento de aquella y, cuando la naturaleza del servicio lo impide, una regulación cuidadosa, con incentivos que conduzcan claramente a los objetivos perseguidos por la administración. Precisamente, la ley anima a que la competencia impregne la modalidad de contratación escogido por la Generalitat: el diálogo competitivo con las empresas candidatas. Un tipo de contrato cuyo contenido se establece tras un proceso dinámico de interacción con las empresas admitidas y en el que el acierto en la estrategia de negociación puede ser decisivo para los intereses públicos. Como lo es que la Consejería de Sanidad, aunque no pueda llegar al detalle, sí disponga de información suficiente para neutralizar los posibles sesgos que provoca la asimetría de conocimiento existente entre quienes aportan su experiencia –las empresas- y quien, como contratante, tiene que desmenuzarla, analizarla y valorarla.

La estrategia de negociación, la información, la introducción de incentivos para el funcionamiento de la competencia, -como la posibilidad de extender las mejores prácticas a las empresas que no las empleen-, el estímulo de las innovaciones tecnológicas –no sólo para reducir costes, sino también para aumentar la calidad- y la participación pública en las economías conseguidas (¿la misma, sea cual sea el avance conseguido?), no agotan las principales cimientos de este modelo. Los profesionales y los ciudadanos juzgarán con particular rigor la efectiva superioridad del criterio asistencial del personal sanitario sobre las ventajas económicas defendidas por las empresas adjudicatarias: una fuente de constantes roces y conflictos si las reglas de juego no están bien definidas; y no lo estarán si se permite a las empresas que incentiven económicamente a los profesionales de la salud para que se alineen con sus intereses. Como conflictiva puede ser, si no se alcanzan acuerdos equitativos, la convivencia entre el “personal de la consejería” y el que, habiéndolo sido, pase a depender de las firmas adjudicatarias. Es en esos posibles desequilibrios y en los anteriores requisitos donde se juega buena parte del correcto funcionamiento de nuestro sistema de salud.

Manuel López Estornell es doctor en Economía.

Esta demanda civil sobre temas de consumo es la primera que, de esta magnitud, se presenta en la comunidad. El ministerio público cuenta ya con un total de 500 contratos, 400 de ellos aportados por el Instituto Galego de Consumo y otros 100 por la propia Fiscalía de Pontevedra, explican las mismas fuentes, que añaden que se está analizando toda la documentación para ver qué cláusulas abusivas pueden haber afectado a los consumidores.

Asimismo, fuentes del ministerio fiscal añaden que también se está en permanente contacto con la Consellería de Economía y el Instituto Galego de Consumo. Una vez concluido el análisis de la documentación recabada, la Fiscalía Superior de Galicia espera presentar la demanda a finales de junio, y lo hará ante un juzgado de Primera Instancia de lo Civil de A Coruña.

La Fiscalía solicitará la nulidad de las cláusulas que se consideren abusivas y será el juez quien deberá determinar o no si se anulan. Los afectados por la comercialización de este tipo de productos complejos han protagonizado diversos actos de protesta en los últimos meses, al no poder recuperar los ahorros destinados a la adquisición de estas participaciones.

Pero este regreso no será fácil para la veterana comunicadora, ya que tendrá que lidiar con un peso pesado de la programación: la gran final de la decimotercera edición de Gran hermano. El espacio que conduce Mercedes Milá en Telecinco obtuvo el pasado lunes el mejor dato de audiencia de esta edición (3.538.00 espectadores y un 25% de cuota de pantalla), beneficiado por el cambio de día de emisión (a los miércoles) del que hasta ese momento había sido su único rival, El número uno de Antena 3.

La cadena de Planeta, que el pasado lunes no pasó de un pobre 5,7% de share con la emisión de la película La cumbre, podría estrenar el primer lunes de junio Historias robadas, miniserie centrada en una pareja de hermanos gemelos separados al nacer en una clínica privada a finales de los años setenta.

La Fundación es la extensión natural de Aqualogy, la marca global de soluciones integradas del agua de Agbar (Aguas de Barcelona), creada recientemente para ofrecer los desarrollos propios del grupo en el sector del agua con una clara orientación de dar respuesta a las necesidades del cliente.

En su intervención, Cañete ha afirmado que “el Gobierno impulsará la innovación en el sector del agua y realizará un esfuerzo de racionalidad, eficiencia y transparencia para conseguir un suministro de calidad y en cantidad en todo el territorio nacional”. Además, ha señalado la pretensión de su departamento de dar prioridad a las inversiones en infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y depuración de aguas y buscar "fórmulas que hagan posible" la participación del capital privado en su construcción y explotación.

Por su parte, Angel Simón ha expuesto los objetivos de la Fundación y ha explicado que se pretende que se convierta en un foro de reflexión que sirva para contribuir al desarrollo del país y potenciar la marca España como marca de calidad en todo el mundo. Ha destacado también que el objetivo será favorecer una "gestión eficiente" del recurso y caminar hacia un modelo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y la biodiversidad.

El pronóstico, según el portavoz de Emergencias de la Comunidad, es reservado. Lo único que se ha sabido es que ha sido trasladado en helicóptero al hospital La Paz.

El pequeño ha caído, minutos después de las tres de la tarde, desde la terraza de su casa, situada en la plaza de La Coruña, a un jardín cuando se encontraba con familiares en la vivienda. Fuentes municipales han indicado que "a simple vista" el niño solo presenta una herida en la cabeza y no lesiones graves.

El dispositivo es un híbrido fabricado a partir de materiales de bajo coste que pueden ser integrados con las tecnologías existentes de silicio y que además pueden depositarse fácilmente sobre cualquier tipo de sustratos rígidos o flexibles, cristalinos o amorfos. Parece el tan esperado puente entre las tecnologías electrónicas y las fotónicas, y como tal ha sido comentado ya en la revista The Economist. El grafeno por sí solo capta muy poca luz, todavía menos que el silicio, pero la adición de nanocristales de sulfuro de plomo en su superficie le hace capaz de captar más del 50% de los fotones.

La unión de un material casi perfecto conductor de la electricidad como es el grafeno con nanocristales ultra sensibles a la luz es el atractivo para fotodetectores flexibles, ligeros y eficientes, abriendo la puerta a una nueva generación de electrónica de consumo, informa el ICFO. Además harían posibles nuevas aplicaciones en sectores como la automoción, las múltiples aplicaciones de los sistemas de visión nocturna y en técnicas de imágenes biomédicas.

La búsqueda de fotodetectores de bajo coste y alta sensibilidad, sobre todo sensibles a la luz no visible (por ejemplo, la luz infrarroja), es un desafío actual para físicos e ingenieros. Frank Koppens, jefe de uno de los grupos de investigadores que han desarrollado el fotodetector, señala: “Este dispositivo rompedor de fotodetección representa el comienzo de una revolución opto-electrónica protagonizada por el grafeno”. El otro jefe de grupo, Gerasimos Konstantatos, explica: “Se ha demostrado que los puntos cuánticos pueden ser eficientes foto-sensibilizadores de grafeno, aportando elevada absorción óptica a medida. Se establece así una sinergia con las propiedades electrónicas del grafeno, que da paso a la aparición de detectores ultra-sensibles.”

Y, sin embargo, la igualdad de oportunidades es uno de nuestros ideales más queridos y reivindicados. Sin él no se entendería el Estado social, el Estado de bienestar, el intento de materializar los derechos sociales y económicos de los ciudadanos. Es claro que tal Estado no pretende rebajar drásticamente los privilegios de los ricos, sino redistribuir los bienes básicos para que todos puedan tener acceso a lo fundamental: seguridad social, sanidad y educación de calidad. Lo básico para poder desarrollar una vida digna y para poder competir en el mercado laboral. A diferencia del ideario comunista, no se aboga por una igualdad de resultados, sino de oportunidades, una aproximación que haría posible una —sin duda, más que imperfecta— meritocracia. Si uno tiene una mínima perspectiva histórica, no deja de sorprenderle lo novedoso de tal ideal. Miles de años sin soñarlo siquiera. Apenas doscientos años desde que se empezó a formular; no mucho más de cincuenta desde que se pudo concretar, mejor o peor, en los países europeos.

Este martes, 22 de mayo, ha sido la primera vez que ha habido una huelga conjunta de toda la educación pública española, desde la primaria hasta la universitaria, apoyada por todos los sindicatos mayoritarios y por casi toda la comunidad educativa. Euskadi —junto a otras dos comunidades— ha sido la excepción: al fin y al cabo, aquí somos afortunados y todavía podemos hacer de dique de contención a muchos de esos tijeretazos (que no a todos). Pero la situación general es dramática: en los últimos dos años, 6.300 millones de euros menos invertidos en educación, del 4,9% del PIB al 3,9%, con todo lo que ello supone. Para empezar, más alumnos por clase, menos profesores y menos recursos para los alumnos que necesiten ayudas extra (inmigrantes, jóvenes con deficiencias de atención...), menos becas en general y matriculas universitarias más caras. El progreso (y ser “progresista”) parecía centrarse en gran parte en ir aumentando y mejorando esa soñada “igualdad de oportunidades”. ¿Qué queda, qué quedará ahora de todo ello?

La primera víctima fue encontrada en su piso, en el pasaje de Enric Fité, el pasado jueves 17 de mayo. A las 13.15 horas los vecinos avisaron a la policía, que encontró a la mujer tumbada boca abajo. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza. La policía no dio por hecho que se tratase de una muerte violenta. La herida era compatible también con una caída accidental. Pero tres días después el informe forense certificó que se trataba de un homicidio.

Cinco días más tarde, otros vecinos llamaban también a la policía. Ha pasado este martes, a las 14.45. Los agentes se encontraron a una mujer muerta, de nuevo de 80 años. La víctima presentaba signos de violencia, aunque los Mossos no han confirmado qué tipo concreto de heridas sufrió. La anciana vivía sola en su piso. La policía tampoco ha confirmado si falta algo del domicilio o si está revuelto.

“La preocupación existe, pero en estos momentos no se pueden establecer paralelismo, más allá de los lógicos del sentido común”, ha asegurado a este diario el alcalde de Mataró, Joan Mora (CiU). “Son pocos días, habrá que ver si hay algún patrón”, ha añadido, siempre manteniendo la prudencia ante un caso reciente, bajo investigación. Mora ha acudido al piso de la víctima tras ser informado de la muerte, para conocer de primera mano los detalles de lo ocurrido.

En Cataluña existe un precedente que vuelve involuntariamente a la memoria cuando se trata de homicidios de ancianos: Remedio Sánchez, conocida como Reme, acabó con la vida de tres mujeres mayores en 2006 y lo intentó con al menos cinco más. Se ganaba su confianza y luego, una vez en su casa, las asfixiaba o estrangulaba con diversas prendas para robarles. En noviembre de 2011, los Mossos detuvieron a una especie de aprendiz de Reme: Marcela S. La mujer robó con mucha violencia a tres ancianas en sus casas, en el Maresme (El Masnou, Sant Vicenç de Montalt y Premià de Mar). Para ganarse su confianza, usó a su hijo de ocho años, que la acompañó en los asaltos. Los Mossos temían que uno de esos robos acabase en un asesinato.

En los dos casos de Mataró, no hay hasta ahora ninguna pista que apunte a un mismo homicida.

La manifestación de Valencia, a la que han acudido muchos estudiantes y profesores, ha recorrido desde las 18.00 y durante más de dos horas la ciudad bajo el lema de No a les retallades dels servicis públics. Depuració de responsabilitats en el Consell (No a los recortes de los servicios públicos. Depuración de responsabilidades en el Consell).

Los participantes en la marcha, convocada en esta jornada de huelga por los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación - CC OO, FETE-UGT, STEV, ANPE y CSIF- han paseado por las calles pancartas con lemas como "Que no es retallen les teues idees" y "Per una educació pública y de qualitat" (Que no se recorten tus ideas y Por una educación pública y de calidad).

Además, durante la marcha los participantes han golpeado cacerolas, han hecho sonar pitos y han exhibido carteles en los que se leía "por una educación pública y de calidad" y "Mi futuro depende de la enseñanza, no me lo quites". Según los organizadores, han acudido a la protesta unas 60.000 personas, mientras que fuentes policiales reducen la cifra a 10.000.

La huelga ha sido secundada por el 65% de los docentes en primaria y secundaria y por el 80% en la universidad, según han destacado al inicio de la manifestación los sindicatos convocantes, mientras que la Generalitat cifra el seguimiento en el 30%, porcentaje que sube al 36% en la enseñanza pública y baja al 1,47% en la concertada.

La manifestación ha recorrido la calle de San Vicente y se ha desviado por la plaza del Ayuntamiento en dirección a la calle de las Barcas, Pintor Sorolla y ha desembocado en el Parterre. Desde allí se ha dirigido a la Plaza América, donde ha concluido la protesta con la lectura de un manifiesto firmado por los cinco sindicatos.

En el texto, las organizaciones sindicales critican la "reducción drástica" de los presupuestos en educación, la práctica desaparición de la oferta de ocupación pública, el "retroceso histórico" en las condiciones laborales de los docentes y concluye el manifiesto resaltando que "la educación no es un gasto, es una inversión".

En Alicante, la manifestación también ha estado muy animaday ha terminado en la plaza de la Muntanyeta tras recorrer el centro. Esther Musoles, maestra de un colegio en Pilar de la Horadada, ha destacado que "no es justo lo que están haciendo con la educación. Podrían recortar de más sitios". En su colegio han hecho huelga 14 de los más de 40 docentes.

"La escuela pública se va a quedar muy deteriorada", ha advertido también Asunción Serrano, maestra de infantil en el municipio alicantino de Almoradí. Ha llegado en uno de los dos autobuses que se han desplazado desde la localidad con docentes y estudiantes a la ciudad de Alicante para mostrar su rechazo a los recortes.

"Considero que los recortes atentan contra la escuela pública y la igualdad de oportunidades", ha defendido, por su parte, Fernando Hortal, estudiante de segundo de bachillerato del IES Bahía de Babel de Alicante.

Los sindicatos estiman que secundan la marcha de Alicante entre 25.000 y 30.000 personas. La Policía rebaja la cifra a 20.000 manifestantes.

Castellón también ha cerrado la tercera jornada de huelga en el sector educativo con una manifestación que ha reunido esta tarde a sindicatos, docentes, estudiantes, partidos políticos y padres y madres de alumnos llegados desde diferentes municipios de la provincia, desde Segorbe a Onda, Betxí, Benicàssim, Torreblanca o Benicarló. Según los sindicatos, 12.000 personas han compartido el rechazo a los recortes en las calles de Castellón.

Mientras, en Elche, profesores, estudiantes y padres de alumnos han protagonizado hoy una concentración esta mañana ante las puertas del edificio Altabix de la Universidad Miguel Hernández contra de los recortes en la educación pública. La concentración, en la que han participado unas 3.000 personas, según los convocantes, y cerca de 800 según datos de la Policía Local, ha estado precedida de una manifestación que ha partido desde la plaza del Ayuntamiento de Elche.

Los asistentes, que han sido críticos con los recortes en el sector educativo, han desplegado varias pancartas con lemas como "Más profesores y menos senadores", "Los niños de hoy son el mañana, con recortes no hay futuro" y "los servicios públicos ni se recortan ni se venden, se defienden", entre otros.

Esta medida, de acuerdo con la ministra, permitirá "mayor actividad empresarial y más cotizaciones" mientras el Gobierno prepara una disposición adicional de la reforma de las pensiones para establecer un sistema de cotización a tiempo parcial para este tipo de trabajadores..

Báñez ha destacado que el Ejecutivo ha mantenido conversaciones con las asociaciones del sector para valorar la "posible viabilidad" de este eventual sistema de cotización en unas condiciones de "equidad" y garantizar que no exista "fraude ni competencia desleal".

Pineda se ha reincorporado a la actividad parlamentaria después de ocho semanas de baja maternal y lo ha hecho con su segundo hijo en brazos, Narcis, a quien continúa dando el pecho y con quien ha accedido al Hemiciclo durante unos minutos. El niño cumplía hoy dos meses. 

"He decidido venir con él primero porque al estar dándole el pecho no podernos separarnos mucho el uno del otro, y porque ayer el Congreso aprobó la opción del voto telemático durante las bajas de maternidad y me parece una discriminación que eso se haga en una cámara y en otra no. Espero que el Senado lo convierta pronto en una prioridad, aunque todo dependerá de la voluntad del presidente [Pío García-Escudero] y del partido que tiene mayoría en la cámara [el PP]".

El presidente del Senado ha advertido de que el Senado estudiará el asunto del voto telemático "sin ninguna prisa" y ha recordado que la actual composición de la Cámara, en la que el PP tiene una mayoría absoluta muy holgada, hace que el resultado de las votaciones no varíe aunque haya varios senadores de baja.

La senadora del PSC sí que ha recibido el apoyo de numerosos compañeros de bancada --que han estado jugando con el niño y haciéndole fotos en el escaño-- y ha tenido oportunidad de compartir la situación con la senadora socialista Miriam Andrés, embarazada de seis meses. "Todo el mundo ha reaccionado muy bien y Narcís se ha portado de maravilla". 

Pineda ya tiene una hija de tres años, que ha recordado que dio a luz cuando era alcaldesa del municipio de Salt (Girona). Entonces ya se cogió las ocho semanas de baja médica por maternidad y el resto lo disfrutó su marido, igual que hará en esta ocasión.

Pleno en un hospital

El Ayuntamiento de Burjassot (Comunidad Valenciana) celebró el pasado 15 de mayo un pleno en el hospital 9 d’Octubre, donde 24 horas antes Olga Camps, concejal socialista, había dado a luz a su segunda hija, Alicia. El Gobierno local del que la edil es responsable de Bienestar Social necesitaba su voto para aprobar in extremis un crédito de 4,8 millones con el que pagar las facturas a los proveedores.

El Ejecutivo criticó el peculiar acontecimiento. "Una cosa es el contenido del pleno y otra es la forma, y el Ayuntamiento tenía mecanismos para dar validez a ese acuerdo perfectamente, como el voto telemático, y no los utilizó y las consecuencias las tendrá que asumir el Ayuntamiento", aseguró la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León.

La eurodiputada italiana Licia Ronzulli, del partido Pueblo de la Libertad de Silvio Berlusconi, también acudió a una sesión plenaria de la Euocámara en septiembre de 2010 con su bebé, de apenas unos días, para llamar la atención sobre los derechos de las mujeres.

La comisaria de la exposición, Lynne Cooke, define este recorrido por 30 años del mundo de Trockel como "un panteón de obras y figuras artísticas, muchas de ellas olvidadas". La propia Trockel lo ve como un reconocimiento a "algunos artistas" que han sido sus "profesores" y que le "han marcado", como Salvador Dalí, representado por su célebre Teléfono blanco afrodisiaco (1936), con una langosta de yeso que hace de auricular.

De las obras que sí son suyas hay una mayoría de piezas de cerámica vidriada, de reciente producción (2006-2012). La razón para emplear este material reside en que Trockel lo considera "una vuelta a la obra más directa, la que se modela con el barro". "Pero volveré al dibujo, porque es lo más cómodo para mí, lo más natural. Aunque tenga 90 años, haré dibujos".

Cuadros de lana

También hay una importante representación de sus característicos cuadros tejidos en lana (1986-2012), los cuadernos de notas que ha utilizado en su carrera, dibujos, grabados, fotografías, esculturas, películas y una instalación realizada expresamente para esta ocasión y que consiste en una sala alicatada con azulejos de cerámica blanca de cuyo techo cuelga una palmera de plástico y que también contiene una jaula con pájaros disecados y mecanizados.

Esta exposición presentada hoy lunes y que permanecerá en el museo madrileño hasta el 24 de septiembre "es un portento de imaginación", en palabras de la comisaria Cooke, y una muestra del pensamiento de Trockel que, según el director del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, rompe con "falsas dicotomías como la de fama y anonimato o la de las bellas artes y las aplicadas".

Junto a las obras de la alemana destaca una colección de piezas que no se concibieron con fines artísticos pero que ella ha rescatado porque así las considera: "Es una cuestión de mirada, nunca importa el objeto, si no la visión que tenemos de ellos", declara Trockel. Así sucede con las reproducciones en vidrio de medusas, del siglo XIX, ilustraciones de insectos realizadas en el siglo XVII por Maria Sybilla Merian y un cangrejo gigante de Japón (mediados del XIX).

Completan el recorrido una selección de trabajos de artistas marginales, como el estadounidense Morton Bartlett (1901-1992), del que se puede ver una muñeca de escayola policromada; pájaros de cartón de James Castle; dos "objetos de respiración" (motores envueltos en peluche) de Günter Weseler, y los impresionantes cuadernos del poco conocido Manuel Montalvo (1937-2009), compendios manuscritos de botánica o folclore, inéditos hasta esta exposición. Eran todos artistas solitarios, casi anónimos, que ahora recupera Troeckel para su intrépido cosmos.

La detención se produjo a primera hora de la mañana, después de que un grupo de alumnos montara una barricada con contenedores a la entrada del recinto, según distintas versiones. El rector de la Complutense, José Carrillo, dio el permiso preceptivo para que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía entraran en el espacio universitario a “quitar las barricadas”. Carrillo explica que la barrera había provocado “un gran atasco” en la carretera exterior que lleva a Húmera.

Pero los agentes no solo retiraron los obstáculos. También detuvieron, sobre las 10 de la mañana, a los dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, donde un grupo de alumnos protagonizó un encierro anoche.

“Estaban haciendo las labores típicas de un piquete, nada más”, asegura el decano de Políticas, Herberto Cairo, que no estaba presente en ese momento pero ha recabado versiones de distintos testigos. “Son dos estudiantes normales, ni antisistema ni nada”, añade el decano, que asegura que los dos son del colectivo 1º de Mayo, una asociación progresista de izquierdas. Uno de ellos, además, pertenece al sector joven de CC OO, según un miembro del sindicato.

Una portavoz policial ha explicado que fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Pozuelo de Alarcón por impedir el paso “de un BMW con una señora minusválida en su interior”. Son dos varones y están acusados de resistencia y desobediencia a la autoridad, según la policía.

En el campus central de la Complutense, entre 150 y 200 personas reclamaban “libertad” para los detenidos al filo del mediodía. Tras una concentración en la que protestaron por los recortes incluidos en el Real Decreto 14/2012 –lo que más afecta a las facultades son las subidas de tasas universitarias hasta un 66% en primera matrícula o el cambio de régimen de docencia e investigación de los profesores-, los manifestantes se encaminaron con una pancarta al Rectorado para pedir explicaciones a Carrillo sobre la intervención policial.

El rector les atendió en la explanada de acceso del edificio, explican varios testigos. Y les contó, como ya señaló a EL PAÍS, que considera que la Delegación del Gobierno “se ha extralimitado” porque él dio permiso para retirar las barricadas, pero no para más actuaciones. José Carrillo, que asegura que él también ha hecho hoy huelga, contó a los estudiantes que había hablado tres veces con la delegada Cristina Cifuentes para interesarse por los detenidos y reclamar su liberación "inmediata".

Los alumnos le han pedido una manifestación pública contra los recortes, que la Complutense ya hizo y consensuó el pasado 7 de mayo. Fue uno de los centros de educación superior más contundentes en su crítica con un comunicado en el que mostró su “rechazo absoluto” al real decreto y pidió su retirada porque aplicarlo "daña gravemente la calidad de la docencia e investigación".

El escrito, consensuado tras una reunión del consejo de Gobierno de la UCM, señala que la tramitación y el contenido de este decreto daña el modelo actual “basado en el principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público”. Pedían que se retire y se garantice la financiación universitaria “sin que esto repercuta en los precios de las tasas para los sectores menos favorecidos de la población”. Carrillo se ha comprometido con los presentes a celebrar asambleas en todos los centros de la Complutense para explicar un plan de ajuste que debe llevar a cabo por la deuda de la universidad que ronda los 150 millones de euros y para recabar opiniones de estudiantes, profesores y personal administrativo.

Los estudiantes le han criticado que no se plantara contra los recortes y él ha respondido que las leyes hay que cumplirlas. En caso contrario, ha dicho, se enfrentan a que les intervengan las cuentas y el Gobierno de Esperanza Aguirre tome el control de la universidad.

La empresa que preside César Alierta cerró 2011 con una autocartera del 1,845%, pero este año ha realizado adquisiciones en el mercado por importe de 649 millones de euros que no han servido para frenar la caída de la acción en Bolsa, que ha retrocedido por debajo de los 10 euros por primera vez desde 2003.

Las compras netas de este año suponen un 1,22% del capital y se han acelerado en las últimas semanas, según la cotización iba perdiendo terreno. En el último mes, la empresa ha comprado 25 millones de acciones propias, con un máximo de 4,8 millones de acciones el día 9 de mayo.

Con las nuevas compras, el precio medio de adquisición de las acciones de autocartera se sitúa en los 14,09 euros. Con ello, las minusvalías brutas latentes en las acciones propias son de unos 573 millones de euros, puesto que la cotización ha cerrado hoy en 9,99 euros.

Sin embargo, esa es una cifra bruta que no toma en cuenta los dividendos que Telefónica se ha ahorrado, que dependen del momento de adquisición de cada parte de la autocartera. Con ello, el saldo de minusvalías puede reducirse a la mitad.

La obra que llevará Farruquito a Sevilla es un recopilatorio de sus grandes espectáculos, de los que ha ido entresacando los momentos que fueron más aplaudidos por el público, si bien el artista ha rehusado calificarlo de “antología” porque todavía se considera joven para emplear ese término. “Es una recopilación de mi carrera en agradecimiento a mi propia carrera”, ha resumido en alusión a todo lo bueno que le ha proporcionado su actividad artística.

El espectáculo está formado por los fandangos de raíces flamencas, por la soleá del último espectáculo que hizo con su padre, por la farruca de Alma vieja, por una seguiriya que interpretarán los dos bailaores y las dos bailaoras que le acompañan, por la bulería de Farruquito y familia, por el zapateado de Puro y por las cuatro sevillanas flamencas de Sonerías.

Farruquito actuará con su hermano Manuel Fernández Montoya, El Carpeta, que, a sus 14 años, emplea los descansos escolares para subirse al escenario, y del que el bailaor ha destacado su sabiduría innata “que debe traer en la sangre”, pese a su corta edad y experiencia.

Los otros tres bailaores son Antonio Moreno Fernández, Polito, Gema Agarrado Moneo y la italiana Irene Bazzini, La Sentío, mientras que en el cante lo acompañarán El Granaíno, Antonio Villar, Mari y Mara Rey.

El preacuerdo permitirá reanudar las negociaciones sobre el convenio colectivo, en punto muerto a causa de los recortes que afectan a todo el sector público de la Generalitat. Antes, no obstante, la plantilla deberá ratificar el acuerdo en un referéndum que se celebrará el próximo jueves. 

La inconcreción del pacto evidencia el interés de ambas parte de no prolongar la conflictividad en la operadora e intentar alcanzar un acuerdo en el marco de la negociación colectiva. FGC asegura que el acuerdo ha sido posible al abrir la puerta en temas de productividad, que se tendrán que negociar en los próximos meses. El presidente del comité de empresa, Xavier Valverde, ha explicado que asumen los recortes salariales pero que quieren conseguir mejoras laborales mediante un nuevo convenio.

Los trabajadores de FGC han denunciado desde el primer momento que son los únicos empleados de un operador público de transporte que se han visto afectados por los recortes de la Administración hasta ahora, a lo que querían poner final.

El malestar de la plantilla fue evidente durante la última oleada de paros convocada por la plantilla, celebrada los pasados 10 y 11 de mayo. La segunda jornada de paros fue tranquila, pero durante la primera grupos de piquetes impidieron que se cumplieran los servicios mínimos dictados por la Administración, lo que desembocó en advertencias de la compañía.

El informe del Fondo sobre el país presentado hoy en Londres alaba la política de reducción del déficit impulsada por el Ejecutivo, al considerarla "adecuada" en el actual contexto de crisis. La directora gerente del organismo, Christine Lagarde, ha admitido que los estrictos recortes presupuestarios y la consolidación fiscal no habían arrojado el crecimiento esperado, con una economía "plana" y una tasa de desempleo del 8,2%.

Las previsiones tanto del FMI como del ministro británico de Economía, George Osborne, apuntan a un crecimiento hasta el 2% en 2013. El Producto Interior Bruto (PIB) está en recesión tras una contracción del 0,2% en el primer trimestre de este año y una caída del 0,3% al cierre de 2011.

La inflación cayó al 3% en abril, marcando su dato más bajo desde febrero de 2010, según ha informado este martes la Oficina Nacional de Estadística británica.

Incentivos a la economía

Entre las medidas para incentivar la economía, el FMI destaca la ampliación del programa de emisión de moneda —alivio cuantitativo— implementado por el Banco de Inglaterra, en el que se han invertido ya unos 400.000 millones de euros para reactivar el mercado de crédito.

El organismo dirigido por Lagarde también ha instado al Comité de Política Monetaria del banco central a considerar un recorte de los tipos de interés por debajo del actual mínimo histórico del 0,5%. El Fondo ha invitado al Gobierno a aumentar la inversión en infraestructuras, mientras se mantiene el recorte del gasto en otros sectores, como en salarios del sector público.

El FMI opina que el Ejecutivo puede tomar medidas puntuales para impulsar la estancada demanda, como una rebaja provisional del impuesto sobre el valor añadido (IVA), que actualmente se sitúa en el 20%.

Para evitar que el Estado tenga que volver a rescatar el sistema bancario, Lagarde ha subrayado la necesidad de regular el sector financiero y separar las actividades de banca de inversión de la comercial.

Hoy, primero de los tres días del pleno jurisdiccional previsto hasta este jueves, el Tribunal despachó los asuntos de trámite, pero no abordó el recurso de Sortu. En cambio, difundió sorpresivamente una nota a primera hora de la tarde en la que señalaba que su plantilla está compuesta por 12 magistrados, “pero desde hace más de cuatro años son solo 11, porque el Congreso de los Diputados no cumple el deber de cubrir la vacante producida por el fallecimiento de don Roberto García-Calvo”. “Asimismo”, prosigue la nota, “la Constitución impone un mandato de nueve años para dichos magistrados, pero tres de ellos llevan ya más de diez años y medio ejerciendo como tales, porque el Congreso de los Diputados no cumple el deber de renovar el tercio que le corresponde”.

“Ante tan reiterados y duraderos incumplimientos”, el pleno ve necesario “recordar el respeto que se debe a la Constitución, advirtiendo que, de prolongarse tales incumplimientos, adoptará las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa indeseable situación”.

La nota no explica en qué pueden traducirse esas medidas “drásticas”, pero cabe recordar que en junio del pasado año el vicepresidente Eugeni Gay, el expresidente del Supremo Javier Delgado Barrio y la catedrática Elisa Pérez Vera, que son los magistrados que tiene que ser renovados, presentaron su renuncia al presidente Pascual Sala, que entonces no les fue admitida.

Sin embargo, la adopción de medidas “drásticas” lleva también a evocar la aceptación por Pascual Sala en 1996 de la dimisión de seis vocales del Consejo del Poder Judicial que entonces presidía, para forzar la renovación del organismo al quedar este inoperante por falta de quórum. Sala llevaba seis meses intentado la renovación en una situación de grave crisis institucional por el caso Estevill, el vocal judicial posteriormente condenado por extorsión, cohecho y prevaricación.

De aceptarse ahora la renuncia de tres magistrados, el Constitucional podría seguir funcionando con los ocho restantes, pero una simple ausencia por enfermedad dejaría al tribunal inoperante por falta de quórum, al menos temporalmente.

El pleno del Constitucional continuará este jueves, aunque el primer asunto previsto es el más antiguo que le queda por abordar: un recurso del presidente Aznar, de 1999, contra una ley del Parlamento catalán que apoyaba las selecciones deportivas de Cataluña.

El estudio, presentado hoy y dirigida desde Bruselas por la Fundación Rey Balduino y el Migration Policy Group, con la colaboración en España del CIDOB (Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tiene conclusiones que “son sorprendentes porque muestran que la visión de los inmigrantes respecto de su situación es más positiva de lo que cabría esperar”, comentó Jordi Vaquer, director de CIDOB, durante la presentación, según recoge la nota de prensa dedicada a España.

En el trabajo se ha preguntado a 7.000 inmigrantes a finales de 2011. Con respecto a España, las principales conclusiones son que han encontrado “pocos problemas a la hora de solicitar la residencia permanente, la nacionalidad o la reagrupación familiar” y tienen “menos dificultades para encontrar trabajo que en otras muchas ciudades europeas como Milán, Bruselas o París”. Eso sí, lo hacen con contratos temporales o en la economía sumergida.

Con una mayoría de inmigrantes latinoamericanos, el idioma no es un gran problema, aunque por el contrario destaca que donde menos les cuesta es en Alemania. Eso sí, hay gran diferencia entre Madrid (el 31% dice que ha tenido problemas para aprender el idioma) y Barcelona (el 57% estaba en esa situación), se supone que por la percepción que tienen de que deben aprender, además, catalán.

También destacan sus ganas de participación. En toda Europa los inmigrantes tienen más deseo de votar que los locales, y España no es una excepción, superando a países como Alemania y Bélgica.

Pero no todo es bueno. Por ejemplo, a los inmigrantes en España “la residencia permanente no les ayudó nada en la obtención de empleo”, y eso que entre un cuarto y un tercio desempeña labores para las que tienen exceso de preparación y en unas condiciones que impiden que mejoren su formación.

Laura Morales, profesora en la Universidad de Leicester y coordinadora científica de la encuesta, destacó como resultado positivo “que a pesar de la crisis económica, entre el 65 y el 70% de los inmigrantes entrevistados en las ciudades españolas estaban trabajando, una cifra superior a la recogida por ejemplo en Bélgica o Francia”.

Sin centrarse en España, los resultados tampoco son, en general, tan malos. Por ejemplo, “tan solo un número limitado de inmigrantes de primera generación se han visto alguna vez separados de su pareja o hijos”, y “la mayoría de las familias separadas ya se han reagrupado en la mayor parte de los países de la encuesta”. A muchos les gustaría ser residentes legales, pero aun así dejan pasar el plazo mínimo necesario para solicitarlo. En la misma línea, la mayoría está o quisiera estar nacionalizado. Quedan casos como los de Alemania o Francia, donde no lo intentan porque hay más obstáculos legales.

Al entrar en preguntas más concretas, se constata que en España, Portugal e Italia el tiempo medio de estancia es inferior que en los otros cuatro del estudio, porque son países que han empezado a recibir extranjeros después.

En España, más del 40% llegó por estudios (el porcentaje más alto de la muestra). En cambio, alrededor del 27% llegó en situación irregular, el segundo porcentaje detrás de los de Italia (también lógico por la cercanía a África).

Los latinoamericanos son mayoría en España, los africanos subsaharianos están más presentes en Portugal, los europeos del Este en Alemania y los africanos del Norte en Francia y Bélgica.

Respecto al trabajo, la mayoría están empleados por cuenta ajena en el sector privado. Italia y España encabezan la lista de los que se dedican a empleo doméstico. Solo en Alemania más de la mitad encontró trabajo fácilmente. España ocupa el segundo lugar en esta lista (alrededor del 45% no tuvo problemas). En España, tanto Madrid como Barcelona, un 29% está en puestos que no requieren formación. El porcentaje va del 66% de Nápoles al 13% de Stuttgart.

Para la mayoría (alrededor del 70% de media), tener más parlamentarios inmigrantes sería un paso importante para su integración. En cambio, su participación real en organizaciones, partidos y sindicatos es muy baja. En España, de menos del 2%.

Pero si hay algo que da estabilidad es la residencia. Y en eso, los inmigrantes en España ocupan el segundo lugar. Tras seis años, el 60% la tiene reconocida, solo por detrás de Alemania (más del 70%). En el extremo opuesto está Italia, con menos del 5%. Y, desde luego, España es el país donde menos dificultades encuentran para pedirla. Eso, sin embargo, no implica que se sintieran más asentados que en otros países (una clasificación que lidera el país con más pegas, Italia). El siguiente paso, el de la nacionalidad, es algo que desea la mayoría. En España, el 80%, por delante de Portugal (el 70%). En esta clasificación queda fuera Alemania, que no concede la nacionalidad por residencia.

La conclusión de este proceso es clara: “Los inmigrantes que tienen la residencia permanente o la nacionalidad afirman que esto ha cambiado su vida. Les ha ayudado a sentirse más asentados, a mejorar sus perspectivas laborales y, en algunos casos, a mejorar su nivel de estudios o implicación en la comunidad. Los inmigrantes que han reagrupado a su familia también afirman que esto ha mejorado su vida familiar, su sentimiento de pertenencia y, ocasionalmente, otros aspectos de la integración social”, dice el informe.

Los responsables de New Letter y Letter Graphic ya declararon en su día como imputados ante el juez. Los investigadores sospechan que esas dos sociedades fueron utilizadas como instrumento para hacer llegar los pagos de Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. Esas dos empresas, dedicadas al buzoneo y el alquiler de maquinaria, facturaron al Palau de la Música por trabajos que jamás se realizaron, según acredita la investigación.

New Letter y Letter Graphic se declararon hace unos meses en concurso de acreedores. Un administrador concursal se hizo cargo de ellas y descubrió, en su contabilidad, numerosas irregularidades que ahondan en la tesis de la presunta financiación irregular de Convergència. El administrador descubrió que la empresa matriz de ambas era Mail Rent, de la que no se había oído hablar hasta la fecha.

Según el informe que el administrador concursal entregó al juzgado, y que avanzó este diario, Mail Rent fue constituida en 1998 con un capital de 3.006 euros. El informe destaca que New Letter y Letter Graphic facturaron grandes sumas de dinero (hasta 1,3 millones) a CiU y organismos afines. Parte de ese dinero iba a parar, el mismo día en que se hacía el ingreso, a las cuentas de Mail Rent, que a su vez lo entregaba como donación a Convergència.

El beneficio por los trabajos "genéricos" que prestaron al partido generó grandes beneficios para las empresas. Para pagar menos impuestos, añade el informe del administrador, las tres empresas urdieron una "operativa" de forma que Mail Rent facturó a sus filiales 1,8 millones por "alquileres de maquinaria" que jamás se materializaron.

Se trata de una petición que le ha formulado durante una reunión celebrada esta mañana en la sede del Ministerio Público la víctima de ETA Ramona Garrido, viuda del empresario José María Latiegui, asesinado por la banda en 1981 en un crimen que precisamente fue declarado prescrito en 2009.

Según ha informado el abogado de Garrido, el fiscal general del Estado ha calificado como "novedosa" la argumentación expuesta, si bien ha admitido que se trata de una cuestión de complejidad que hay que estudiar. Por ello se ha comprometido a abrir esas diligencias informativas sobre la cuestión y al término de las mismas le comunicará a Garrido la postura de la fiscalía. Esta víctima de ETA está representada por el experto en derecho penal internacional Miguel Ángel Rodríguez, quien ha facilitado a Torres-Dulce un estudio jurídico sobre los crímenes de la banda en el que se sostiene su carácter de lesa humanidad en el contexto de una persecución.

Le han recordado al fiscal general que España firmó en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y en 1979 el Convenio Europeo de Derechos humanos. Ambos textos establecen la obligación de aplicar el Estatuto de Londres de la Corte Penal Internacional de Nuremberg de 1945 a los crímenes contra la humanidad. "España firmó ambos textos sin formular reserva u oposición ninguna", le ha explicado Rodríguez, quien además se ha comprometido a facilitar a la fiscalía más información sobre esta materia.

Garrido ha defendido en la reunión que su marido fue asesinado por ETA cuatro años después de la firma de esos tratados internacionales y posteriormente la banda mató a otras 792 víctimas además de las miles de personas aún a falta de investigar sobre las que los terroristas han desarrollado crímenes de persecución. "No puede ser que el crimen contra Latiegui sea considerado prescrito cuando se comete cuatro años después de que España firmase un tratado que define estos crímenes como imprescriptibles", defienden.

La tijera también tocará infraestructuras de carácter social como escuelas de día o centros de mayores; quizá el mejor ejemplo de ello sea el complejo de las Escuelas Pías. Inaugurado el 29 de febrero con boato y ditirambo político, debe albergar, amén de la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid, varias instalaciones municipales: polideportivo con piscina, un centro de día, una escuela infantil y otra de música. Los tres últimos han recibido un buen golpe: las dos escuelas, de hecho, están noqueadas.

Esta es la radiografía del recorte, según la información consultada por EL PAÍS y la comparecencia de esta mañana de la delegada del área, Dolores Navarro.

El área de Familia y Asuntos Sociales se divide en cuatro grandes bloques de actuación: Familia, Infancia y Voluntariado; Igualdad de Oportunidades; Mayores y Atención Social; y Educación y Juventud.

• La dirección general de Familia, Infancia y Voluntariado ha visto reducido su presupuesto en 890.000 euros sobre un total de 33,5 millones (un 2,66%). Se ha suspendido, por ejemplo, la convocatoria de subvenciones para proyectos de voluntariado en 2012. Además, se han recortado 150.000 de los 250.000 euros de transferencias a fundaciones; 129.000 de los 210.000 euros de transferencias para atención asistencial; 488.000 de los 4.094.000 euros de transferencias a ONG; y 43.000 de los 140.000 euros de transferencias para atención benéfica.Se han recortado, además, las subvenciones a proyectos de igualdad (de 1,5 millones a 400.000 euros) y de acogida de inmigrantes; y el convenio con sindicatos y empresarios para el servicio Concilia Madrid (pierde 24.000 de los 120.000 euros previstos)

• En cuanto a Inclusión Social y Emergencias, se han recortado 62.000 de los 308.000 euros de transferencias a fundaciones, y 151.000 de los 2.948.000 euros a ONG; 68.000 de los 200.000 euros para mobiliario de los centros de atención para personas sin hogar; y 31.500 de los 414.000 euros dedicados a alimentos. Se elimina además un 22% de las subvenciones para proyectos de personas con discapacidad, minorías étnicas e inserción social, hasta los 329.000 euros.

• Respecto a las ayudas de comedor para menores desprotegidos (el dinero que hasta este año se dedicaba fundamentalmente a becas de comedor de carácter generalista), se abandona la previsión de 5,8 millones de euros, rebajada a los 3,9 millones que ya se destinaron en 2011. Hasta mayo, las peticiones se han disparado, alcanzando ya 1,96 millones.

• La dirección general de Mayores y Atención Social ha visto rebajado su presupuesto en 3,3 millones sobre un total de 81,8 millones (un 4%).

• Se ha reducido la inversión en mobiliario para 11 centros de día o de mayores; los más afectados son los nuevos centros de día de las Escuelas Pías y Rafael Calvo, que pierden toda su dotación (150.000 y 100.000 euros, respectivamente); el primer recibirá muebles del centro de San Joaquín; en el caso del segundo, su apertura queda en el aire, a la espera de un reajuste presupuestario. Además, el nuevo centro de día de Paseo de Moret pierde 205.000 de los 240.000 euros previstos.

• También se han visto afectados los nuevos centros de mayores de Puerto de Navacerrada (pierde 30.000 de los 75.000 euros); Avenida Daroca, 342 (pierde 29.000 de los 80.000 euros); Antón Martín (pierde 36.000 de los 92.000 euros); y Alhambra (pierde 70.000 de los 200.000 euros).

• Se ha recortado la subvención al Colegio de Podólogos (8.000 de los 40.000 euros previstos) para la atención a mayores en los 76 centros municipales; la subvención al Colegio de Psicólogos (19.000 de los 93.000 euros previstos) para la atención a mayores en situación de aislamiento y malos tratos; y la subvención para Mensajeros de la Paz (se reducen de 25 a 19 las plazas reservadas en sus residencias; en la actualidad, hay 15 ocupadas).

• La dirección general de Educación y Juventud ha visto reducido su presupuesto en 2,2 millones sobre un total de 19,4 millones (11,2%). Se recortan las actividades juveniles, cuya programación se modificará para adaptarla al nuevo presupuesto (1.154.000 millones).

• Se recorta también en la asignación genérica para las escuelas infantiles en funcionamiento (143.500 de los 310.000 euros previstos) y para la escuela de cerámica (pierde los 14.000 euros para maquinaria y muebles). Además, la nueva escuela infantil de las Escuelas Pías pierde 37.000 de los 120.000 euros previstos para su puesta en marcha; y la nueva escuela de música de ese complejo se queda sin 108.000 de los 370.000 euros previstos (además, el resto de escuelas musicales, ya en marcha, ven desaparecer los 6.425 euros que tenían asignados).

• Las transferencias a fundaciones educativas se rebajan en 5.900 de los 30.000 euros previstos; las realizadas a ONG, en 12.900 euros de los 95.600 previstos. Las transferencias a fundaciones relacionadas con la juventud se rebajan en 16.800 de los 227.000 euros previstos; las realizadas a ONG, en 43.000 de los 134.000 euros previstos.

La tijera también tocará infraestructuras de carácter social como escuelas de día o centros de mayores; quizá el mejor ejemplo de ello sea el complejo de las Escuelas Pías. Inaugurado el 29 de febrero con boato y ditirambo político, debe albergar, amén de la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid, varias instalaciones municipales: polideportivo con piscina, un centro de día, una escuela infantil y otra de música. Los tres últimos han recibido un buen golpe: las dos escuelas, de hecho, están noqueadas.

Esta es la radiografía del recorte, según la información consultada por EL PAÍS y la comparecencia de esta mañana de la delegada del área, Dolores Navarro.

El área de Familia y Asuntos Sociales se divide en cuatro grandes bloques de actuación: Familia, Infancia y Voluntariado; Igualdad de Oportunidades; Mayores y Atención Social; y Educación y Juventud.

• La dirección general de Familia, Infancia y Voluntariado ha visto reducido su presupuesto en 890.000 euros sobre un total de 33,5 millones (un 2,66%). Se ha suspendido, por ejemplo, la convocatoria de subvenciones para proyectos de voluntariado en 2012. Además, se han recortado 150.000 de los 250.000 euros de transferencias a fundaciones; 129.000 de los 210.000 euros de transferencias para atención asistencial; 488.000 de los 4.094.000 euros de transferencias a ONG; y 43.000 de los 140.000 euros de transferencias para atención benéfica.Se han recortado, además, las subvenciones a proyectos de igualdad (de 1,5 millones a 400.000 euros) y de acogida de inmigrantes; y el convenio con sindicatos y empresarios para el servicio Concilia Madrid (pierde 24.000 de los 120.000 euros previstos)

• En cuanto a Inclusión Social y Emergencias, se han recortado 62.000 de los 308.000 euros de transferencias a fundaciones, y 151.000 de los 2.948.000 euros a ONG; 68.000 de los 200.000 euros para mobiliario de los centros de atención para personas sin hogar; y 31.500 de los 414.000 euros dedicados a alimentos. Se elimina además un 22% de las subvenciones para proyectos de personas con discapacidad, minorías étnicas e inserción social, hasta los 329.000 euros.

• Respecto a las ayudas de comedor para menores desprotegidos (el dinero que hasta este año se dedicaba fundamentalmente a becas de comedor de carácter generalista), se abandona la previsión de 5,8 millones de euros, rebajada a los 3,9 millones que ya se destinaron en 2011. Hasta mayo, las peticiones se han disparado, alcanzando ya 1,96 millones.

• La dirección general de Mayores y Atención Social ha visto rebajado su presupuesto en 3,3 millones sobre un total de 81,8 millones (un 4%).

• Se ha reducido la inversión en mobiliario para 11 centros de día o de mayores; los más afectados son los nuevos centros de día de las Escuelas Pías y Rafael Calvo, que pierden toda su dotación (150.000 y 100.000 euros, respectivamente); el primer recibirá muebles del centro de San Joaquín; en el caso del segundo, su apertura queda en el aire, a la espera de un reajuste presupuestario. Además, el nuevo centro de día de Paseo de Moret pierde 205.000 de los 240.000 euros previstos.

• También se han visto afectados los nuevos centros de mayores de Puerto de Navacerrada (pierde 30.000 de los 75.000 euros); Avenida Daroca, 342 (pierde 29.000 de los 80.000 euros); Antón Martín (pierde 36.000 de los 92.000 euros); y Alhambra (pierde 70.000 de los 200.000 euros).

• Se ha recortado la subvención al Colegio de Podólogos (8.000 de los 40.000 euros previstos) para la atención a mayores en los 76 centros municipales; la subvención al Colegio de Psicólogos (19.000 de los 93.000 euros previstos) para la atención a mayores en situación de aislamiento y malos tratos; y la subvención para Mensajeros de la Paz (se reducen de 25 a 19 las plazas reservadas en sus residencias; en la actualidad, hay 15 ocupadas).

• La dirección general de Educación y Juventud ha visto reducido su presupuesto en 2,2 millones sobre un total de 19,4 millones (11,2%). Se recortan las actividades juveniles, cuya programación se modificará para adaptarla al nuevo presupuesto (1.154.000 millones).

• Se recorta también en la asignación genérica para las escuelas infantiles en funcionamiento (143.500 de los 310.000 euros previstos) y para la escuela de cerámica (pierde los 14.000 euros para maquinaria y muebles). Además, la nueva escuela infantil de las Escuelas Pías pierde 37.000 de los 120.000 euros previstos para su puesta en marcha; y la nueva escuela de música de ese complejo se queda sin 108.000 de los 370.000 euros previstos (además, el resto de escuelas musicales, ya en marcha, ven desaparecer los 6.425 euros que tenían asignados).

• Las transferencias a fundaciones educativas se rebajan en 5.900 de los 30.000 euros previstos; las realizadas a ONG, en 12.900 euros de los 95.600 previstos. Las transferencias a fundaciones relacionadas con la juventud se rebajan en 16.800 de los 227.000 euros previstos; las realizadas a ONG, en 43.000 de los 134.000 euros previstos.

La semana pasada se aprobó la tercera apertura de licitación para el almacenamiento de aceite de oliva virgen y virgen extra por parte de la Comisión Europea en solo un año y medio, la única medida permitida hasta la fecha por las autoridades comunitarias "para frenar una situación en la que los productores han perdido en cuatro años hasta el 40% de su renta, según datos de Eurostat, mientras los costes de producción suben a un ritmo espectacular", han indicado.

La Unió ha señalado que el almacenamiento no es la "panacea para resolver los males del sector" y ha recordado que las 100.000 toneladas de aceite de oliva virgen almacenadas, a finales de febrero pasado, no sirvieron para hacer recuperar los precios en origen del aceite de oliva. "Esto demuestra, como se ha advertido desde 2009, que el sector se encuentra esencialmente ante una crisis de precios y no de mercado, debido a la posición de dominio que ejerce la gran distribución", han explicado.

El sindicato agrario también ha recordado que las grandes distribuidoras tienen una cuota de mercado del 88% en el caso del aceite de oliva, según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Hay 500.000 olivareros y 1.747 almazaras en España en el sector productor, mientras que existen sólo 20 envasadoras y comercializadoras y cinco distribuidoras. En este sentido, la Unió ha instado a la Comisión Nacional de la Competencia a que investigue "en serio el presunto abuso de posición de dominio en el sector del aceite de oliva".

La Unió ha propuesto a la Unión Europea que compagine el actual sistema de almacenamiento privado con un sistema de ayudas a la retirada de producto del mercado alimentario en caso de situación de "crisis graves de precios como el actual, algo que se podría incluir en la nueva reforma de la PAC".

El sindicato ha demandado "más y mejor promoción" de los aceites tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, ya que poseen una calidad "magnífica" y pide a la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva que "priorice las campañas de fomento de aceite de oliva virgen extra". Otras medidas que reclaman los productores pasan porque la Unión Europea prohíba la comercialización de mezclas de aceite de oliva con aceite de semilla.