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Rajoy prepara una batería de ofertas para reconducir la crisis catalana

La propuesta está centrada en 45 reivindicaciones pendientes sobre infraestructuras y más competencias autonómicas

El expresidente catalán Artur Mas resucitó el jueves pasado en una conferencia en Madrid la idea de una tercera vía sobre el conflicto en Cataluña entre el ultimátum del referéndum nacionalista y el inmovilismo del Ejecutivo central de Rajoy. Ante esta declaración, el presidente del Gobierno prepara una propuesta política centrada en 45 reivindicaciones pendientes que tienen que ver con infraestructuras y más competencias autonómicas, y con planes de cercanías pactados y nombramientos consensuados, para trasladársela al actual mandatario catalán, Carles Puigdemont, en un intento de reconducir la crisis.

Mariano Rajoy cruza una puerta en La Moncloa.
Mariano Rajoy cruza una puerta en La Moncloa.GERARD JULIEN (AFP)

El equipo de Mariano Rajoy quiere saber, antes de cerrar la cita pendiente desde hace meses con Carles Puigdemont, si tiene alguna disposición a hablar de algo más que del referéndum de autodeterminación. Quieren abrir el abanico de asuntos que tratar. En el entorno del presidente se asegura que Rajoy pretende aprovechar esa futura conversación para entregar a Puigdemont un documento con un ofrecimiento político de calado, pero sin referencia alguna a la consulta. Una propuesta política centrada en las 45 reivindicaciones pendientes, que tienen que ver con infraestructuras y más competencias, con planes de cercanías pactados, con nombramientos consensuados. Y también con otra forma de hacer política y de representar al Estado en Cataluña, con Consejos de Ministros que podrían celebrarse en Barcelona y hasta con extensiones hacia la capital catalana de museos nacionales.

El expresidente catalán Artur Mas resucitó el jueves pasado en la Universidad Autónoma de Madrid la idea de que podría existir una tercera vía sobre el conflicto en Cataluña, entre el ultimátum del referéndum nacionalista y el inmovilismo del Ejecutivo central de Rajoy. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, calificó al día siguiente esa aportación como interesante y apostó por “sondear” si iba en serio. Pero luego enfrió al máximo la posibilidad de que se pueda producir en breve un encuentro bilateral entre Rajoy y el actual presidente catalán, Carles Puigdemont, que La Moncloa entiende ahora como inoportuno si el dirigente nacionalista lo aprovecha para convertirlo en un duro y poco productivo duelo de reproches. Fue lo que pasó en la última recepción en La Moncloa con Artur Mas.

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La obsesión por la proyección exterior

Una de las prioridades del Ejecutivo catalán, ahora presidido por Carles Puigdemont (Junts pel Sí) ha sido la proyección de sus reivindicaciones y demandas en el exterior y especialmente dentro de la Unión Europea, hasta ahora con escaso éxito.

El presupuesto para la Consejería de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, que dirige Raül Romeva, tiene previsto pasar de los 35 millones de presupuesto de 2016 a 64 millones en 2017, según las partidas negociadas con la CUP. Los viajes e intentos de contactos internacionales se suceden con la apertura de las llamadas embajadas catalanas.

El Gobierno catalán no acudió a la reciente Conferencia de Presidentes en el Senado, ni a citas subsiguientes para empezar a tratar la financiación autonómica, aunque sí envió representantes de otro nivel para abordar temas relacionados con la dependencia y, esta pasada semana, a la directora general de Relaciones Exteriores, Maria Badia, a la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), que convoca en el Senado al Gobierno y las comunidades y que no se reunía desde 2011.

Presencia activa

El punto de inflexión sobre el auge de la deriva separatista en Cataluña y la inacción del Ejecutivo central de Rajoy tuvo un momento simbólico. Fue en junio de 2013, durante la jornada inaugural de los Mundiales de Natación en Barcelona. En el palco no hubo una representación estatal relevante y el entonces presidente catalán, Artur Mas, pronunció unas palabras en inglés para presentarse como nación propia y pujante ante el mundo. La bandera y el himno español fueron pitados. Mas también fue silbado al principio de su alocución pero luego logró imponer su mensaje sin contraparte. Esa ha sido la tónica durante años en numerosos eventos, inauguraciones, ferias y exposiciones montadas en diversas ciudades catalanas. El Gobierno evitaba molestar con su presencia.

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El pasado 12 de febrero se celebró la final de la Copa de la Reina de baloncesto en Girona. Ni el presidente de la Diputación, Pere Vila, ni la alcaldesa, Marta Madrenas, que sustituyó en el mando de la capital al también nacionalista Carles Puigdemont, se esperaban la asistencia del nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, el también gironés Enric Millo. Acudió a la entrega de trofeos y recibió una sonora pitada entre esteladas. Millo se ha plantado más veces así, casi de improviso, en otros actos similares, para desconcierto de los servicios de protocolo de instituciones gobernadas por nacionalistas. Ha puesto en marcha una ronda de entrevistas con los principales alcaldes catalanes, que son también nacionalistas, y tiene otra prevista con los presidentes de las Diputaciones. Les argumenta que no quiere puentear a la Generalitat, pero se ofrece para trabajar de forma conjunta en carpetas de reivindicaciones pendientes. Al principio, esas autoridades más locales también le hablaban de la necesidad del referéndum pero ahora empiezan a tratar también de plazas y obras ferroviarias.

Los ministros del Ejecutivo de Rajoy siempre han viajado a Barcelona y otras urbes catalanas, como recuerda cada vez que puede Ana Pastor, pero sin llamar mucho la atención. Mantenían citas y encuentros, pero más bien discretos. Todo lo contrario de lo que se pretende ahora. Rajoy arrebató en noviembre a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la función de portavoz, pero le encomendó la tarea de ministra para Cataluña aunque con otro nombre. Ha ido ya siete veces desde que fue designada, ha abierto despacho propio en la Delegación del Gobierno, mañana volverá con tres actividades diferentes (públicas y privadas) y mantiene interlocución con dirigentes políticos, pequeños empresarios y líderes mediáticos y de opinión. Programas similares se están preparando con sigilo para otros ministros, como el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, o el de Justicia, Rafael Catalá, y por supuesto con la ministra catalana, Dolors Montserrat.

Fomento de la división

Todo ese plan complementa la Operación diálogo, que se mantiene vigente y se considera obligatoria. La vicepresidenta y los ministros de Rajoy no solo avivan lo que pueden sus relaciones con consejeros y dirigentes políticos catalanes sino también al máximo nivel con responsables de la gestora nacional del PSOE y con la cúpula de Ciudadanos. El encargo de Rajoy establece que el PSOE y Ciudadanos deben estar informados de cada paso, judicial y político, que se tome ante el desafío separatista y también que se comparta el análisis y la mayor información posible sobre la situación.

La reacción del Gabinete central no será unilateral ni, en teoría, partidista. El fomento de la división del independentismo, que en las últimas elecciones autónomicas (septiembre de 2015) congregó un 47,8% de los votos, se busca completar con lo que se denomina “ensanchamiento del voto no nacionalista”. En 2015 ese conjunto de partidos, entre los que se incluye En Comú Podem, llegó al 51,7%. El Ejecutivo maneja encuestas publicadas en Cataluña que corroboran un cierto parón de la crecida segregacionista.

El Gobierno, preparado para un adelanto electoral catalán

El Gobierno central considera que el panorama político catalán está en un momento crítico, con una evidente división de papeles y de intereses electorales entre el PDECat y ERC. El Ejecutivo de Rajoy cree que esa disputa, de la que dan como claro vencedor al republicano Oriol Junqueras frente a la caída en la irrelevancia de la antigua Convergència, puede beneficiarles. La vista está puesta en la próxima contienda electoral, que se prevé cercana ante el presumible fracaso en la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, que no se va a permitir. La primera idea del Gobierno de Rajoy, reflejada en papeles internos, especulaba con una fecha de la anhelada consulta separatista en Cataluña para la primavera y luego, tras el verano y coincidiendo con la Diada del 11 de septiembre, la consiguiente campaña electoral plebiscitaria. Ahora hay dudas porque las discrepancias entre la antigua Convergéncia y ERC son cada día más evidentes. Se interpreta que ambas formaciones han asumido que el referéndum no se va a producir y se intuye que pueden caer en la tentación de acelerar todo el proceso.

El Ejecutivo central defiende que está preparado para esa eventualidad y para cualquier respuesta precipitada relacionada con la consulta. Hay un extenso protocolo secreto elaborado al efecto. El Gobierno no trabaja con la idea de que el PDECat y ERC quieran montar ahora un simulacro de consulta con urnas de cartón en los colegios electorales como aquel impugnado 9-N. Hay casi una decena de resoluciones judiciales producidas desde entonces advirtiendo de esa ilegalidad. El intento de referéndum se aventura ahora diferente (sin urnas físicas y más digital) pero su desconexión también está prevista.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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