Archivada la causa contra el alcalde de Cádiz por acusar al PP de suministrar agua contaminada

El alcalde de Cádiz José María González Kichi (PCSSP) no tendrá que pisar los Juzgados como investigado por injurias y calumnias al Partido Popular de la ciudad. La juez ha archivado la querella en la que los populares buscaban depurar responsabilidades penales contra González por acusarles de permitir el suministro de agua contaminada. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad, Rosa María García Jover, ha firmado este miércoles un auto en el que acuerda el sobreseimiento y archivo provisional de la causa contra el regidor de Cádiz, su concejal de Medio Ambiente y el jefe de gabinete de Alcaldía. Los tres figuraban como investigados por un presunto delito de injurias y calumnias con relación a unas declaraciones realizadas por González en las que valoraba la posible implicación del anterior equipo de gobierno del PP en el incidente del corte de agua en el barrio de Loreto durante el verano de 2014.

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En el auto de archivo, la jueza ha decidido admitir el recurso de reforma que interpuso el alcalde y los demás investigados. Considera que existe “la evidencia de que no existía por parte de los querellados un propósito específico de injuriar y sí, por el contrario, la concurrencia de un ánimo de crítica respecto a la gestión de los asuntos públicos”. Todo ello, cuando en la mañana de este miércoles estaba prevista la declaración de la exalcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, como querellante. Sin embargo, con el auto se ha dejado sin efecto tanto su citación como la del resto de concejales que conformaban el anterior equipo de Gobierno de la ciudad, querellantes también en la causa.

"Nuestra afirmación ni faltaba al honor ni era injuriosa, lo que decía el PP que habíamos dicho basándose en algunas publicaciones de prensa no era lo que habíamos dicho, y así lo recoge la jueza", ha manifestado hoy José María González al valorar el auto. El alcalde ha considerado supone una buena noticia ante “fallida estrategia del PP de presentar una querella vacía”. “El archivo de la causa confirma que su recurso no era para retrasar o dilatar plazos como maliciaban algunos, era porque pensábamos que llevábamos la razón, que es lo que pensamos actualmente”, ha zanjado González.

Fuentes del Partido Popular de Cádiz han mostrado por su parte su disconformidad con el archivo de la querella y ya han avanzado que la recurrirán. "No compartimos las tesis esgrimidas en el auto”, ha reconocido el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní. “Para nosotros suministrar agua contaminada a sabiendas durante 14 días a un barrio entero es un delito, y si alguien nos acusa de eso, nos acusa de un delito", ha añadido Romaní. En los próximos días, el PP presentará el recurso ya que Romaní cree que el auto "no puede ser una patente de corso para que, a partir de ahora, cualquiera, sea político o no, pueda imputarle todo tipo de delitos a un cargo público sin el menor miramiento y sin pagar por ello”.

La magistrada entiende que la actitud de los investigados no era la de difamar gratuitamente debido a su interés por “depurar ulteriores responsabilidades” ante la Fiscalía. Igualmente, considera que los delitos de calumnias tampoco tienen cabida “dado que se denunciaban meras irregularidades”. De hecho, la jueza cree que, en sus declaraciones, González “no imputa la comisión de un delito contra la salud pública” al PP, sino que habla de posibles irregularidades “cuyo responsable sería el gestor de Aguas de Cádiz (empresa municipal) y, en su caso, la autoridad sanitaria”.

La querella de los populares se basó en las declaraciones que el alcalde realizó el 7 de marzo de este año en el transcurso de una rueda de prensa. Afirmó que el entonces equipo de Gobierno, "a sabiendas, suministró agua contaminada, no apta para el consumo, a los vecinos de la Barriada de Loreto”. Posteriormente, ante la Justicia, su abogado reafirmó la declaración, aunque acusó al PP de manipularlas ya que “no era lo mismo contaminar que permitir suministrar agua contaminada”.

La jueza, además de admitir el recurso en el que se incluía esta matización, considera que los querellantes no estaban presentes en esa rueda de prensa y, por tanto, “no pueden determinar cuales fueron exactamente el contenido de las palabras del alcalde”. La magistrada cree que las acusaciones vertidas en los medios no tienen presunción de veracidad. “Tampoco se puede determinar el mayor o menor rigor periodístico de las publicaciones, en los que aparece una declaración entrecomillada sacada de contexto, realizando una interpretación subjetiva el periodista”, razona Jover.

Afán por la exclusiva

En el mismo auto, la jueza cree que el caso debe ser enlazado con la diligencia periodística exigible en la publicación de informaciones y se ampara en sentencias anteriores similares. De ahí que considere como factores condicionantes “el afán por la exclusiva o la primicia en un marco competitivo” y “el sesgo u orientación política del medio y muchos otros y como se puede tergiversar los hechos a efectos de conseguir un titular impactante que permita un incremento en las ventas”. Por ello, cree que González y los suyos no incurrieron en injurias, calumnias o intromisión al honor del entonces equipo de gobierno del PP.

En todo caso, según la jueza, las declaraciones de González se deben enmarcar como “una crítica política” en la que “no se imputa un delito de forma concreta y evidente”. La magistrada incluso señala que en el caso de las aguas contaminadas de Loreto “existe cuando menos una actuación administrativa irregular en relación con algunos aspectos de la empresa municipal de aguas”. Así las cosas, González y los suyos no tendrán que comparecer en los Juzgados el próximo 26 de octubre.