El fuero de 500 diputados pende de los pactos

Casi 500 diputados autonómicos perderán su aforamiento si se cumplen los pactos poselectorales que Ciudadanos y Podemos han firmado con PP y PSOE en siete Comunidades (Madrid, Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y Murcia). El cambio legal, que implica reformar los Estatutos de esas Autonomías, necesita ser aprobado por amplias mayorías y obligará a convocar referéndums en Castilla la Mancha (por decisión de Podemos) y, quizás, en Andalucía (si los servicios jurídicos del Parlamento estiman que la modificación afecta a la relación de la Comunidad con el Gobierno). Los partidos implicados se han comprometido a que en 2016 estén en marcha los trámites que acabarían con la protección de esos cientos de diputados que ahora solo pueden ser juzgados por el Supremo o el Tribunal Superior de su Comunidad.

“Los aforamientos y la limitación de mandatos generan consenso entre los partidos y la ciudadanía. No hay que pasarse en las reformas a incluir en los Estatutos: más medidas complicarían el procedimiento", explicó José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos y jefe de gabinete de Albert Rivera, que ha firmado pactos de investidura con PSOE (Andalucía) y PP (Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León). “La fórmula de limitación de mandatos aún no está redactada", siguió. "La idea es que sean dos legislaturas, pero no seremos dogmáticos y estamos abiertos a otras propuestas [ocho años, por ejemplo]”, añadió sobre la influencia que ese límite tendría a la hora de decidir adelantos electorales.

Sin embargo, la posibilidad de introducir acentos locales en las reformas de los Estatutos está firmemente abierta. "Una vez que se abre la reforma del Estatuto, pude haber otras aportaciones, de otros temas", resumió Juan Cornejo, secretario de organización del PSOE andaluz.

Hay que disminuir el aforamiento, darle sensatez y que sea igualitario Juan Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional

Así, el acuerdo entre PSOE y Podemos en Castilla la Mancha incluye la obligación de que el Estatuto recoja un sistema de financiación basado “en la solidaridad, la suficiencia y la autonomía”, medidas de rescate ciudadano o la reforma de la ley electoral. En Madrid, Ciudadanos lleva meses valorando la posibilidad de introducir en el Estatuto medidas como la prohibición de privatizar servicios públicos como el del agua o hacer julio mes hábil en la Asamblea; igual que podría ocurrir en Murcia con el paso de cinco circunscripciones electorales a una sola. Además, en Valencia, el pacto Compromis-PSOE-Podemos contempla "desbloquear la reforma del Estatuto", medida que también sería necesaria en Extremadura si el socialista Guillermo Fernández Vara culmina su plan de acabar "con los aforamientos para asuntos privados".

España es una excepción en Europa: hay más de 17.000 aforados, según calculó en agosto de 2014 Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de justicia, que proponía reducir esa cifra a solo 22. En Alemania y Reino Unido no tienen aforados que gocen del derecho a ser juzgados por un tribunal distinto al que corresponde a un ciudadano de a pie. En Portugal e Italia solo está en esa posición el presidente de la República; y en Francia, el presidente, el primer ministro y su Gobierno.

“En España hay miles y miles de aforados”, fotografió Juan Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional, durante las jornadas organizadas el miércoles pasado en el Ateneo de Madrid por la Asociación de Periodistas Parlamentarios. “Hay que disminuir el aforamiento, darle sensatez y que sea igualitario”, añadió. “El número de aforados es excesivo”.

El resultado final de todas esas reformas dependerá del Congreso que nazca tras las elecciones generales de fin de año, en el que los partidos emergentes esperan tener una presencia lo suficientemente fuerte como para convertirse en fuerzas clave. “La mayoría resultante debe votar cada Estatuto, y la Comisión Constitucional puede hacerle el "cepillado" que crea oportuno”, explicó una fuente conocedora del procedimiento, que también destacó los réditos electorales que podrán conseguir Ciudadanos y Podemos por acabar con cientos de aforamientos. Es, probablemente, el principio de un cambio profundo en la política española: los partidos emergentes han abierto un camino que seguramente acabarán pisando los diputados de todas las Comunidades.