La Sanidad militar iguala las secuelas del acoso sexual a las de la guerra

Las secuelas psicológicas del acoso sexual y laboral pueden ser tan devastadoras para una militar como las de una acción de combate. Así lo reconoce la Sanidad militar, que ha diagnosticado "estrés postraumático" —el mismo cuadro clínico que sufren los militares expuestos a conflictos bélicos— a Zaida Cantera. La comandante fue víctima de un acoso sexual por parte del coronel Isidro José Lezcano-Mújica, condenado a dos años y 10 meses de cárcel, y posterior mobbing (acoso laboral) por parte de algunos de sus superiores.

La junta de evaluación, integrada por cinco médicos militares, que ha examinado a la comandante dentro del expediente por pérdida de condiciones psicofísicas, reconoce que esta sufre un cuadro de trastornos psicológicos "incluido dentro de un síndrome de estrés postraumático que tiene su origen en el acoso sexual de un superior y posteriormente en una situación de mobbing laboral". Para los médicos castrenses, "ha sido acreditado" que existe una relación causa-efecto entre su patología y su experiencia traumática en el Ejército, por lo que la considera incapacitada para continuar su carrera militar, pues "cualquier actividad relacionada con las Fuerzas Armadas supone una reactivación de sus vivencias traumáticas".

Las conclusiones del dictamen médico no debieron gustar al Mando de Personal del Ejército, pues éste pidió "aclaraciones" sobre la relación de la patología con el acoso sexual y laboral. La junta médica, en lo que constituye un caso insólito, tuvo que volver a reunirse "según lo ordenado" por la jerarquía militar y, tras "estudiar pormenorizadamente el expediente", se ratificó en sus conclusiones, añadiendo que la alusión al mobbing se hacía "según refiere" la comandante; es decir, que solo se basa en su testimonio.

Este punto es clave, ya que, si bien el acoso sexual ha sido probado judicialmente, el mando del Ejército siempre ha negado el posterior acoso laboral a la comandante, que denunció una auténtica persecución contra ella por parte de compañeros y amigos del coronel agresor.

De hecho, el subdirector de Evaluación del Ejército, general Leopoldo Herrero, se dirigió a la junta médica para advertirle de que el supuesto mobbing laboral había sido "investigado y resuelto en sede judicial sin encontrar delito o falta alguno" que lo probase. La comandante rechaza de plano esta afirmación, ya que el mobbing, que no está tipificado en el Ejército, no ha sido investigado y la denuncia por abuso de autoridad que dirigió contra algunos mandos aún no se ha resuelto definitivamente. Lo único que se ha producido ha sido la desimputación de varios de ellos, tras declarar como imputados. Los propios facultativos militares tuvieron que añadir, después de que se les ordenara revisar su dictamen, que éste es exclusivamente "médico y no jurídico, no entrando a posibles resoluciones judiciales".

El instructor del expediente intentó diluir la contundencia del dictamen médico apelando a la "contradicción" de que la comandante siguiera en activo tras ser víctima de acoso sexual (sin tener en cuenta el posterior mobbing) y añadiendo que, en todo caso, la responsabilidad de su patología no sería del Ejército, sino de "determinadas personas", por lo que su baja no sería consecuencia del servicio y no le correspondería una pensión.

Finalmente, la propuesta de la junta de evaluación (pendiente de la decisión última, en manos del ministro) sí reconoce que el síndrome que sufre la comandante se lo produjo "en acto de servicio", pero lo relaciona "única y exclusivamente" con el acoso sexual reconocido en sentencia firme. Respecto al acoso laboral, lo da por descartado, pese al inicial dictamen médico.