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Solo los matices separan a los tres candidatos a liderar el PSOE

Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias contestan a EL PAÍS Sobre la mesa, la reforma constitucional, Cataluña, las relaciones con la Iglesia o la Monarquía

Anabel Díez
SCIAMMARELLA

Los tres aspirantes a la secretaría general del PSOE solo presentan matices diferenciales sobre los principales asuntos de la política nacional. José Antonio Pérez Tapias, el aspirante con menos avales, es quien pone más énfasis en el debate sobre la Monarquía y la República, mientras que Pedro Sánchez y Eduardo Madina no lo consideran una prioridad. Madina establecería pactos para la consecución de un modelo territorial federal o la educación, mientras Sánchez solo los haría contra el terrorismo y sobre política exterior. Los tres denunciarián los acuerdos con la Santa Sede y no consideran el castellano discriminado en Cataluña.

Estas son las cuestiones planteadas por EL PAÍS:

¿Haría reformas para que Cataluña celebre una consulta de independencia?

Pedro Sánchez. Es evidente que la relación de Cataluña con el resto de España debe revisarse en el marco de una reforma de la Constitución en clave federal, a refrendar en una consulta en la que participen todos los catalanes junto a todos los españoles. En todo caso, estoy a favor de una reforma constitucional que refuerce los vínculos de la sociedad con la Constitución. Una reforma que blinde y garantice derechos, que ahora están en peligro y, por supuesto, que establezca un horizonte de convivencia y progreso en el conjunto de España.

Eduardo Madina. Las propuestas de reforma constitucional que para mí son prioritarias son el blindaje del modelo social a través de una inversión mínima sobre el PIB para educación y sanidad y una reforma de carácter federal que articule la convivencia para las próximas décadas.

José Antonio Pérez Tapias. En el PSOE proponemos una reforma federal del Estado de las autonomías. Esa reforma debe apuntar a un Estado federal plurinacional. La consulta en Cataluña puede ser legal pero el derecho a decidir se plantea como consulta al comienzo de un proceso, que proporciona referencias indispensables para la misma reforma constitucional que se pretende. En cambio el derecho de autodeterminación da paso a un referéndum vinculante, al final del proceso.

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¿Cataluña discrimina a los castellanoparlantes con su modelo de inmersión lingüística?

P. S.  Honradamente, no. Pienso que la convivencia entre dos lenguas hermanas como el catalán y el castellano es mucho más sencilla de lo que a veces plantean algunos políticos. La inmensa mayoría de la gente en Cataluña está contenta y orgullosa de desenvolverse, con naturalidad, en sus dos idiomas. Creo que la política está para resolver problemas, no para crearlos. Y de verdad creo que la inmensa mayoría de la gente que vive y trabaja en Cataluña, no quiere tener que decidir entre catalán y español, porque ambas lenguas son suyas y forman parte de su patrimonio, como personas y como pueblo.

E. M. El modelo educativo en Cataluña ha sido siempre un ejemplo de convivencia bilingüe. Creo que se debe asegurar para el futuro el mantenimiento de un buen modelo de convivencia cultural y lingüística.

J. A. P. T. El modelo está funcionando razonablemente bien en Cataluña, tanto en dinámica escolar como en otras dimensiones de su realidad social. Ahora bien, hay que atender a derechos de los individuos para que no se presente ninguna situación subjetiva de discriminación.

¿Cataluña debe tener un modelo de financiación similar al País Vasco y Navarra?

P. S. A la mayoría de los ciudadanos lo que les preocupa es que mejoren los servicios públicos esenciales, que haya buenas escuelas para todos, universidades de prestigio, vías de comunicación, una sanidad pública de calidad, capacidad de innovar e investigar; es decir, una financiación que garantice que la gente esté mejor y que la sociedad sea más justa y progrese. Para ello, los socialistas somos partidarios de constitucionalizar los principios del sistema: la suficiencia, la progresividad, la justicia, la solidaridad y la autonomía fiscal, entre otros. El modelo del cupo no puede generalizarse.

E. M. Creo que hace falta una financiación suficiente para que las autonomías puedan hacer frente a sus competencias. Dentro de un marco de reforma federal de la Constitución, la suficiencia financiera es un elemento fundamental.

J.A.P.T. En el caso de Cataluña no hace falta que el modelo sea igual que el vasco o el navarro. Sin embargo, se puede avanzar hacia una agencia tributaria propia y un régimen fiscal específico.

¿Balance del reinado de Juan Carlos I?

P. S. Estas cuatro últimas décadas han sido las mejores de nuestra historia en libertad, progreso, avance social y reconocimiento de la pluralidad de nuestro país. Pero la historia no se detiene. La crisis de los últimos años ha demostrado la fragilidad de nuestros avances. La corrupción demuestra que no hemos avanzado bastante ni en transparencia ni en calidad democrática y muchas instituciones, también los propios partidos políticos, dan muestras de agotamiento. Hay que dar un cambio importante a nuestra sociedad, necesitamos impulsar una regeneración completa del país.

E. M. En el lado de las luces, ha contribuido a que estos 35 años hayamos tenido dinamismo político, desarrollo económico y modernización. No ha interferido sino que ha acompañado en momentos difíciles. Las sombras se concentran en el último período con asuntos que están en los tribunales.

J. A. P. T. Sin necesidad de entrar a matizar en estos momentos, cabe subrayar lo que todo el mundo reconoce: el positivo papel del Rey Juan Carlos en la Transición de la dictadura a la democracia. Y como negativa la falta de transparencia que acompaña a todo lo relacionado con el Rey.

¿Está de acuerdo en el aforamiento del Rey?

P. S. En democracia no ha habido un caso similar porque nuestros periodos democráticos han sido cortos y lamentablemente, hasta ahora, han terminado mal. A mí no me resulta dramático que el Rey Juan Carlos se someta al Tribunal Supremo si tiene un litigio judicial. Hay mucha gente así y eso no tiene nada que ver con inviolabilidad ni menos con impunidad. Lo que rechazo es que este asunto lo aborde el Gobierno con prisas y opacidad.

E. M. Hubiéramos estado más cómodos en un debate distinto y por eso no votamos a favor. Con un marco legal adecuado y con un aforamiento en condiciones de igualdad hubiera sido más que suficiente. Mis prioridades son un proceso de reforma constitucional que proteja la educación y la sanidad, garantizando inversiones mínimas sobre el PIB, y un reforma de la Constitución que articule la convivencia para los próximos años en un país que está sufriendo tensiones territoriales. A partir de ahí podemos abrir todos los debates, pero las prioridades son las que he señalado.

J.A.P.T. La cuestión es que no tiene por qué concederse al Rey Juan Carlos, ya abdicado, tal aforamiento, que en todo caso ha de estar vinculado a funciones muy específicas.

¿De los 10.000 aforados a cuántos dejaría?

P. S. Ese número, en todo caso, me parece excesivo, aunque me parece mucho más preocupante la falta de medios de la Administración de Justicia, su lentitud y las dificultades de muchas personas para acceder a ella en condiciones de igualdad real. Eso me parece más importante que si a un diputado lo juzga un tribunal u otro, más allá que un diputado no debe tener aforamiento para temas privados. Yo los eliminaría.

E. M. Se pueden suprimir muchos que son políticos y también otros que no lo son.

En el Congreso y Senado, la actividad debe estar protegida exclusivamente en lo que tiene que ver con el ejercicio del cargo. En el caso de los parlamentos autonómicos y de otras instituciones políticas o judiciales, habría que estudiarlo. En cualquier caso, el número de aforamientos tiene que bajar drásticamente.

J.A.P.T. La figura del aforamiento proviene de otra época, muy distinta de la actual. En una sociedad en cuyo Estado se consagra la igualdad ante la ley y tienen vigencia las garantías jurídicas, no es necesario de ninguna manera que haya miles de aforados.

¿Mantendría los acuerdos con la Santa Sede?

P. S. Creo que hay que poner fin a los acuerdos y aprobar una Ley de Libertad Religiosa.

E. M. Estoy por derogar los acuerdos con la Santa Sede de una manera ordenada y con diálogo. Desde el máximo respeto a la institución católica, a la iglesia y al Vaticano, creo que este país debe cumplir con su Constitución, que dice que España es un estado aconfesional. Los españoles que quieran financiar a la iglesia católica tienen que poder hacerlo y los que no quieran no deben estar obligados a ello. En definitiva, vamos a derogar los acuerdos con la Santa Sede si tenemos una mayoría social a nuestro lado que lo permita.

J.A.P.T. Los actuales Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, de 1979, en su condición de tratado internacional, deben ser denunciados. Avanzar hacia la laicidad el Estado por exigencias de una democracia coherente y de la misma convivencia social, implica en España la ineludible tarea de denunciar los mencionados Acuerdos.

¿Eliminaría los símbolos religiosos de los actos oficiales?

P. S. Rotundamente, sí.

E. M. Sí, lo haría. Creo en un espacio público aconfesional, tal y como dice la Constitución. Y creo que las cuestiones religiosas deben formar parte del ámbito íntimo y personal.

J.A.P.T. Sí. El espacio público político debe quedar a salvo de la presencia de símbolos religiosos. Y para los cargos públicos, en el ejercicio de sus funciones, debe haber un Estatuto de laicidad que establezca pautas para que sepan a qué atenerse en relación a su presencia, o no, en actos que son religiosos

¿Eliminaría la Religión de la enseñanza?

P. S.  Creo que ninguna religión tiene que ver con el currículo académico y es un error o algo peor -sectarismo religioso- plantearlo de otra manera, por lo que debe estar, en todo caso, fuera del horario escolar.

E. M. La educación pública debe ser una educación laica y la religión debe estar, para aquellos que la quieran, en el espacio íntimo y personal.

J.A. P. T. La religión, en cuanto enseñanza de tipo confesional administrada por una iglesia o comunidad religiosa, debe estar fuera de la escuela, es decir, del sistema de enseñanza. Cosa distinta es que en algún curso del sistema educativo se ofrezca una enseñanza no confesional de la religión, o de las religiones, que facilite el acceso al hecho religioso con su complejidad en las sociedades actuales.

¿Salvaría algo de la reforma laboral?

P. S. Me comprometo a derogar por completo la reforma laboral del PP, porque solo ha traído facilidades para el despido, precarización en los contratos y una pérdida dramática de derechos para los trabajadores. Necesitamos una normativa laboral que fomente el empleo estable y los derechos de los trabajadores, en un marco de competitividad y desarrollo.

E. M. No cambiaría nada. La derogaría en su conjunto porque supone una alteración del sistema de relaciones laborales que hace que se pierda su raíz constitucional. Debemos ir a un sistema que proteja los derechos de los trabajadores, que permita la interlocución de los sindicatos en la negociación de los convenios colectivos y que promueva mejores condiciones para los trabajadores de este país.

J.A.P.T. Cambiaría las condiciones abusivas del despido y el vaciamiento de contenido que de la negociación colectiva.

¿Las primarias son irrenunciables?.¿Qué reformas plantea para su partido?

P. S. ]Las primarias forman parte de las normas internas del PSOE y son irrenunciables. El Partido Socialista necesita abrir sus estructuras a una mayor participación interna y externa

E. M. Aunque para algunos son opinables, para mi son irrenunciables. Si soy elegido secretario general del PSOE las convocaré en noviembre con el formato, modelo y calendario que estaba previsto. Soy partidario aprobar un código deontológico de comportamiento interno, de la limitación de mandatos, de asumir el principio de una persona un cargo, de hacer los congresos de abajo a arriba empezando por las asambleas locales y terminando por el congreso federal.

J.A.P.T. Las primarias son irrenunciables para el PSOE, y las primarias abiertas comprometidas para la elección de un candidato o candidata a la presidencia del gobierno han de realizarse en la forma y el momento previstas, sin fallar de ninguna manera ante una ciudadanía que todavía mira expectante.Para el PSOE ofrezco, por ejemplo, que yo, si llego a ser el Secretario general no concurriré como candidato a esas primarias para elección de candidato o candidata a la presidencia del gobierno.

¿Pactos de Estado en qué materias?

P. S. No soy partidario de grandes pactos de Estado ni de coaliciones, salvo en la seguridad antiterrorista y en la política exterior. La democracia consiste en el contraste democrático. El voto debe determinar quienes merecen la confianza para gobernar.

E. M. Buscaría un pacto para blindar el modelo social, la educación y la sanidad. Esto no es sólo una cuestión de justicia social sino que es también un modelo de desarrollo de la economía. En segundo lugar, para reformar la arquitectura constitucional y avanzar hacia un modelo territorial federal que nos permita garantizar la convivencia para las próximas décadas, aliviando las tensiones territoriales. En tercer lugar, para abordar las cuestiones centrales que afectan a nuestra capacidad competitiva como los costes energéticos o la inversión en I+D+i.En cuarto y último lugar, buscaría un acuerdo para dar estabilidad al sistema educativo y que no esté sometido a continuos cambios legislativos.

J.A.P.T. El PSOE no debe buscar un pacto al modo de Gran Coalición (PP-PSOE), que no es sino una gran trampa para una fuerza de izquierda, sino que, desde su reforzamiento para reganar electorado, ha de contribuir a crear alianzas por la izquierda.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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