60 organizaciones denuncian las carencias de la Ley de Transparencia

Aunque no es el tema que esté consiguiendo más titulares en esta legislatura, la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno podría causar una revolución en todo el sistema. En teoría, la norma, que aún se está tramitando, haría posible la publicación de muchos datos que todavía están fuera del alcance de los ciudadanos y obligaría a los gobernantes a rendir cuentas ante estos.

Ese objetivo corre el peligro de irse al traste, según denuncia en un documento enviado a los diputados la Coalición Pro Acceso, un grupo de 60 organizaciones y expertos creada en 2006 para promover una legislación de acceso a la información. El texto, de 15 páginas, pretende llamar sobre los puntos débiles del Proyecto de Ley antes del 25 de septiembre. En esa fecha se cierra el plazo para presentar las enmiendas, aunque los grupos políticos tienen la posibilidad de pedir que se amplíe.

En el documento, la coalición recuerda que España es el único país europeo con más de un millón de habitantes que no tiene una norma que obligue a responder las preguntas de los ciudadanos a la administración y señala que el texto que se va a aprobar está por debajo de los estándares internacionales marcados por el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos.

A partir de ahí la Coalición lanza 20 propuestas o correcciones que pretenden que sean incorporadas en la norma definitiva. Estas son las principales:

La Coalición Pro Acceso critica que la Agencia de la Transparencia dependa del Ministerio de Hacienda

Un derecho fundamental: El derecho de acceso a la información debería reconocerse como un derecho fundamental, según la Coalición. Actualmente, el proyecto de ley lo considera un derecho vinculado al artículo 105b de la Constitución sobre acceso a archivos y registros. Lo que las organizaciones quieren es que se vincule a la libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 de la Constitución. Eso permitiría, entre otras cosas, poder recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Una ley con poco alcance: Según el documento de la Coalición, algunas instituciones como los partidos políticos, los sindicatos y la Casa Real no se verían afectadas por la ley. Las organizaciones argumentan que, puesto que la mayor parte de su financiación procede de dinero público, han de estar incluidas en la norma. "La rendición de cuentas de los partidos políticos está regulada por la ley de financiación de partidos políticos, que ha demostrado ser ineficaz. Es necesario que la transparencia alcance a estas entidades para que los ciudadanos recuperen su confianza en ellas", asegura el texto.

¿Qué información tiene el Estado y cómo publicarla?: El Gobierno ha incluido en la ley la obligación de publicar cierta información sin que los ciudadanos tengan que solicitarla. La Coalición Pro Acceso señala que el Gobierno debería publicar un listado de toda la información que tiene en su poder así como un inventario de los bienes patrimoniales. Tampoco están del todo de acuerdo con que se cree un portal de la Transparencia donde el Gobierno publicaría toda la información sin un estudio previo sobre la mejor manera de publicarla.

¿Demasiadas excepciones?: La Coalición está de acuerdo con la mayoría de las excepciones que se recogen en el artículo 11 de la ley y considera que se ajustan a los estándares internacionales. Este artículo señala que el derecho de acceso a la información será restringido cuando suponga un perjuicio para cuestiones como la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos o comerciales entre otros asuntos. Sin embargo, la Coalición explica que la ley pone demasiados límites a la información que se encuentra en curso de elaboración o las notas, los borradores y los informes internos. Acceder a esa información es necesario, según los expertos, para conocer como están actuando los poderes públicos.

Una organización independiente: La ley prevé la creación de una Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios. Este organismo será el encargado de velar por el cumplimiento de la ley y dependerá del Ministerio de Hacienda. Ese es el problema, según la Coalición, que señala la falta de independencia del organismo y subraya que la administración sería juez y parte a la hora de afrontar los conflictos que se recurran.

Ese es a grandes rasgo, el contenido del documento. Varios miembros de la Coalición Pro Acceso han explicado hoy a los medios de comunicación algunas de sus inquietudes ante la aprobación de la Ley. Consideran que es una oportunidad única para colocar a España en la senda del resto de países europeos y piden al Congreso que haga caso a algunas de sus propuestas. "España es un país opaco en la información sobre derechos humanos. La ley no va a servir para proteger más a los ciudadanos", ha dicho Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. "En este país no se sabe por ejemplo cuántos incidentes racistas ha habido, los malos tratos bajo custodia policial, el número de centros de menores terapéuticos, los criterios para hacer una transacción de armas".

Con otras palabras incidió Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho de la Información de la Universidad Complutense, en las debilidades de la ley: "Hay gente que se empeña en que estemos en el siglo XIX. Entonces nos decían 'Vuelva usted mañana'. Ahora nos dicen 'Y a usted que le importa'. El derecho a la información nos sirve para quejarnos, para conocer... Es esencial para que exista una opinión pública libre. Pero esta ley es mala".

Pese a las críticas de la Coalición, el Gobierno insiste en que todavía no se han acabado los trámites de la ley. Los expertos y miembros de la organizaciones que han expuesto críticas a la norma serán invitados a debatirla en el Congreso antes de que se apruebe definitivamente. "El Gobierno analizará cada una de las enmiendas. Esta es una norma nueva, no se trata simplemente de una modificación. Por eso eso el espíritu de la tramitación ha sido la consulta", comenta el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. "No es que no queramos cambiar algunas cosas. Es que no podemos. Para que sea considerado un derecho fundamental tendríamos que cambiar la constitución. Lo fundamental es que sea un derecho y no un derecho fundamental". "Soy absolutamente optimista", asegura Ayllón, "nosotros intentamos con esta ley que haya el mayor número de datos publicados por las administraciones proactivamente. Eso evitaría que el ciudadano tuviese que estar demandando todo el rato información.