Munar protagoniza un caso de corrupción semejante al de Jaume Matas
La expresidenta de Mallorca se estrena en el banquillo por un caso de corrupción relacionado con medios de comunicación, al igual que la causa contra el expresidente balear
Las dos principales autoridades políticas de Baleares en los últimos 20 años por la derecha y el centro regionalista, Jaume Matas (PP) y Maria Antònia Munar (Unió Mallorquina, UM), se han estrenado en el banquillo de los acusados, como implicados, uno tras otro, en sendos episodios de corrupción relacionados con los medios de comunicación. Ha sido por las ayudas, subvenciones y contratos a empresarios y periodistas, mientras uno y otro presidían el Gobierno de Baleares y el Consell de Mallorca, en el pasado. Matas está condenado –provisionalmente- y Munar lleva una semana en un juicio que terminará en junio.
La Fiscalía Anticorrupción, por segunda vez en Baleares y en cinco meses en lo que va de año, ha llevado a la Audiencia de Palma a los dos antiguos líderes por actuaciones ilegales al frente de la Administración. "El estreno de los grandes casos de corrupción en esta etapa de Baleares es, precisamente, por asuntos con los medios", observó una fuente oficiosa de la fiscalía. Una decena de periodistas están imputados en los escándalos baleares. Tres profesionales han sido condenados inicialmente.
Tras el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas -condenado a seis años de cárcel en una sentencia pendiente del recurso al Tribunal Supremo- ahora es el turno de banquillo para Maria Antònia Munar, pareja política tanto de Matas como del socialista Francesc Antich.
Los principales acusados de la vista abierta del caso Maquillaje son Munar y Miquel Nadal, exlíderes de UM, por haber otorgado dos subvenciones que suman 240.000 euros, mientras eran, respectivamente, presidente y vicepresidente del Consell de Mallorca (2003-2007). El dúo de poder de UM pagó con fondos públicos a empresas de medios que eran de su propiedad, según la acusación. Ambos, con su directora de Comunicación, Margarita Sotomayor, se enfrentan a una petición de la fiscalía de seis años de cárcel. Otros siete acusados –tres empresarios audiovisuales, un ex director de radio y tres testaferros- afrontan posibles condenas de hasta dos años y medio de cárcel.
Corrupción en medios de comunicación
El fiscal Juan Carrau interrogó en la Audiencia de Palma, el pasado viernes, como testigos, a dos exdirectores generales de la Radio Televisión de Mallorca, Antonio Moragues, político de UM, y la periodista Marisa Goñi, nombrada por la mayoría de izquierdas (2007-20011). Goñi cesó a los dos antiguos directores de Unió Mallorquina en los dos canales públicos, Miquel Oliver y Alfredo Conde, que están acusados.
Miquel Oliver, periodista y productor, es un arrepentido que retornó 120.000 euros y asume que se trató de un pago ilegal del Consell a su empresa VideoU, que poseía a medias con Nadal y Munar (representados por hombres de paja) y otros dos socios coimputados. Alfredo Conde tiene otra condena de un año, por el mismo papel de testaferro, en un caso de malversación de un excargo de UM, Tomeu Vicens.
La policía detalló ante el tribunal que Conde efectuó la paga y señal de un chalé con 40.000 euros en efectivo procedentes de posibles fondos de una subvención de 120.000 euros del Consell que no podía percibir. Su defensa alegó que su mujer vendió un piso en Cataluña.
El fiscal Carrau y los letrados interrogaron también a dos interventoras del Consell de Mallorca (Pilar García y Elena Montejo) para intentar demostrar el trámite excepcionalmente rápido del Consell y el origen delictivo de las subvenciones de 240.000 euros. Los pagos se destinaron a empresas ligadas a la trama de supuesta corrupción de UM, por programas no realizados en la radio y la televisión pública M tv y Ona Mallorca. El PP cerró en 2011 esas emisoras y despidió a sus 115 trabajadores.
Otra sección de la Audiencia de Palma, por la acusación probada de la Fiscalía Anticorrupción, condenó en marzo de 2012 al expresidente de Baleares, Jaume Matas (PP), a seis años de cárcel por malversación, prevaricación, falsedad, fraude, por pagos a profesionales y empresas. En la sentencia se ve delictiva la relación económica y contractual de Matas desde el Gobierno balear con Antonio Alemany, periodista editor, autor de los discursos del presidente, que lanzó una web y una agencia de noticias mientras recibía ayudas del Ejecutivo balear. Alemany es condenado inicialmente a tres años y cinco meses de cárcel. El director de Comunicación de Matas, Juan Martorell, recibió un año y medio de prisión, como arrepentido y por retornar parte del dinero público malversado.
