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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La línea roja

La crisis económica y sus consecuencias ponen en cuestión el sistema político y social Cuatro diputados de la izquierda analizan el cambio de paradigma

Los recortes afectan seriamente a la educación universal. Ha desaparecido la universalidad de la sanidad. La justicia, que realizó una transición democrática precaria, ahora será, además, de pago en algunos de sus tramos más conflictivos. La reforma laboral está suponiendo la sustitución de una generación de trabajadores caros —que se quedan sin lugar en el mundo— por otras de asalariados más jóvenes, peor pagados y con menos derechos. Interior afirma haber “forzado el ordenamiento jurídico” para mantener en prisión contra derecho a varios ciudadanos barceloneses, entre ellos una dirigente sindical. Son estéticas de la detención que hacía décadas que no se veían. En el Departamento de Interior de la Generalitat se experimentan formas de control de la ciudadanía extrañas y sin soporte jurídico, no desautorizadas por nadie. Paralelamente a esta restricción de derechos civiles, hay una ampliación del derecho de otros colectivos. Policías violentos y malversadores públicos reciben indultos. Y las empresas ganan derecho frente a los ciudadanos: se prevé que hasta el años 2015 unas 400.000 familias serán desprovistas de su derecho a la vivienda por bancos que, a su vez, han recibido ya 120.000 millones de euros del Estado. El Estado dibuja un futuro en el que las autonomías son un lujo, no una plasmación del derecho al autogobierno. Hay indicios que apuntan a una deslocalización de la democracia, ubicada ahora en un lugar incierto en el que el ámbito de decisión recae en instancias (UE, BCE, FMI) no democráticas. Los Gobiernos no solo no atienden a su programa, sino que en ocasiones ni siquiera lo verbalizan. A pesar de que en el Congreso hay una mayoría absoluta, en esta aún corta legislatura se ha recurrido al real decreto en 16 ocasiones, lo que viene a cuestionar aún más el papel de los Parlamentos.

En amplias capas de la sociedad cunde la idea de que, precisamente, no nos enfrentamos a una crisis, sino a medidas que pretenden sancionar un cambio de época, un cambio estructural sin precedentes. La percepción de que se está produciendo un cambio de la democracia hacia otro nombre y otro hecho, ¿es compartida también en las instituciones democráticas? Se lo pregunto a varios diputados de izquierdas en el Congreso

Preguntas propuestas

Joan Coscubiela (ICV)

1. La democracia requiere soberanía de ciudadanía y existencia de contrapoderes sociales. La reforma del artículo 135 de la Constitución pactada por el PSOE y el PP supuso el reconocimiento de la primacía de los mercados frente la sociedad. La mayoría absoluta y la concentración de poder institucional del PP ha convertido la separación de poderes en papel mojado. Para cambiar Gobiernos que actúen como consejos de administración de las políticas impuestas por poderes económicos el Parlamento puede ser útil, pero la reconstrucción de verdaderos contrapoderes sociales solo vendrá de la activación de diferentes formas de resistencia civil, como ha demostrado la PAH. De ahí la criminalización e intimidación a las que se somete a sindicatos y organizaciones sociales. Se está pasando la línea roja, sobre todo en el ámbito democrático. Pero es reversible.

2. Nuestro papel hoy en el Congreso debe ser reforzar esas formas de resistencia civil.

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Alberto Garzón (IU)

1. Se han hecho recortes muy graves, pero lo más peligroso de los presupuestos del Estado de 2012 es que abren la puerta a unos presupuestos de 2013 en los que solo quedará recortar en el corazón del Estado de bienestar. La línea roja se ha traspasado, pero se percibirá con más claridad en los próximos presupuestos.

2. Con mayoría absoluta y obcecada del PP, la izquierda parlamentaria solo puede aspirar a revelar y hacer más transparentes los recortes. Por eso la movilización social es fundamental, pues es una herramienta igualmente legítima y que permite hacer presión para intentar cambiar este rumbo suicida. Hay que ser diputados activistas en la calle, complementando la lucha sindical y la de los movimientos sociales.

Soraya Rodríguez (PSOE)

1. Sin ninguna duda. Estamos ante un verdadero cambio de modelo. Y además, calculado. Rajoy y su Gobierno pretenden aprovecharse de la crisis como acicate para hacer pura ideología, para desarrollar su verdadero pensamiento ultraconservador. En poco más de 100 días, están aprobando recortes ideológicos, no recortes económicos. Y así, a lomos de la crisis y al galope, el Gobierno ha comenzado a laminar el Estado de bienestar. Y, como nos advierten, estamos en el kilómetro cero”. Pero han empezado muy deprisa a recorrer la distancia de su objetivo: mercantilizar los derechos sociales y dejar en los huesos el Estado de bienestar. Así, el brutal recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y en educación, que ya supone un cambio de modelo. Y con la reforma laboral, restricción de los derechos laborales y flexibilización máxima del mercado de trabajo. Lo siguiente, el Estado de las autonomías. Vamos a unas autonomías con meras gestiones administrativas y un Estado unitario y fuerte que toma todas las decisiones.

2. En el Parlamento, nuestra labor es la oposición. En el caso del PSOE, que es el principal partido de la oposición, oposición útil, cuando toque, pero frontal cuando se traspasen las líneas rojas. Frontal significa utilizar todas las herramientas parlamentarias: control al Gobierno, enmiendas a la totalidad y recursos ante el Tribunal Constitucional. Así, el Grupo Socialista ya ha presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo a la reforma laboral del Gobierno con el aviso de llevarla al Tribunal Constitucional si en su trámite en la Cámara no se depuran los aspectos que consideramos inconstitucionales. También llevaremos al Constitucional una medida que consideramos inmoral e injusta, la “amnistía fiscal” y estamos estudiando hacer lo mismo con los recortes anunciados en la sanidad pública.

Joan Tardà (ERC)

1. Existen en estado de jaque. De hecho, estamos en el desguace del Estado de bienestar. Las sociedades burguesas tienen mal perder ante escenarios de recesión económica y son capaces de abrazar mesianismos y aceptar el pago de la prenda de achicar democracia y derechos humanos a cambio de seguridad económica. Me apunto a la necesidad de proclamar, con la misma mística de los frentepopulistas de los treinta, que “resistir es vencer”. Incluso la socialdemocracia tendrá que romperse la cara en la calle para que podamos reconocer como nuestro el paisaje poscrisis. Y todo hay que hacerlo con urgencia, ya que del jaque al Estado de bienestar al jaque mate a la democracia solo hay un paso.

2. Debería actuarse sin complejos, liberándose de formas de parlamentarismo producto de una democracia estrictamente representativa, low cost, que daba respuesta a unas demandas de calidad de la democracia poco ambiciosa atendiendo al pasado franquista y a una sucesión de coyunturas económicas que garantizaban el crecimiento económico. Igual que miles de jóvenes han descubierto con terror ser hijos de obreros y no de la burguesía, y que no están invitados a la fiesta, el parlamentarismo descubre las vergüenzas de un parlamentarismo cada vez más alejado de la calle, que difícilmente pasaría la ISO de calidad democrática. La izquierda tiene que convertir el Parlamento en el escaparate de las contradicciones de la sociedad y en el laboratorio del enfrentamiento ideológico y de la democracia directa. En la actual correlación de fuerzas en el Congreso, visto con ojos de militante del independentismo de izquierdas, es prioritario dar la batalla ideológica de los valores republicanos de lo colectivo, llamar al compromiso defensivo ante los embates del capital especulativo y del marco español, en el que los catalanes no tenemos futuro porque la España pepera y nacionalista es intolerante y se encamina a la bancarrota.

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